Manuela C. es pobre, peruana, tiene 44 años y tres hijos a cargo. Cayó presa hace más de un año, cuando los más chiquitos tenían 3 y 10 años. Está acusada de llevar en una cartera un kilo de cocaína como “correo humano” de una organización dedicada a la comercialización de drogas. No tenía antecedentes penales. Tampoco ningún papel relevante en la red narco. Pero a pesar de que el asesor de Menores pidió que a la mujer se le otorgue la prisión domiciliaria, dado que encuadra en las causales previstas en la Ley 24.660, al tener una hija menor de 5 años, un juez de primera instancia y la Cámara Federal de San Martín le denegaron ese beneficio. Llamativamente, la misma Cámara sí concedió la domiciliaria a los acusados de delitos de lesa humanidad, mayores de 70 años, imputados en la causa “Campo de Mayo”. El alejamiento de su mamá, afectó enormemente a los hijos de Manuela, que quedaron a cargo de una familiar. Informes del Cuerpo Médico Forense, incorporados en la causa, advierten que el nene, que ya cumplió 11, sufre “depresión” y la pequeña, de 4, un cuadro de “ansiedad y notorio malestar emocional con incidencia en su desarrollo madurativo”.

Los nenes viven con una prima de Manuela, de 21 años, su única familiar en el país, que hace lo que puede para cuidarlos y para que puedan seguir yendo a la escuela. Manuela vive en la Argentina hace diez años. Antes de quedar detenida, se ocupaba de la venta de comida que ella misma preparaba, en una feria y en forma ambulante. Apenas le alcanzaba para mantener a los chicos. Tiene además, otro hijo de 18 años. Manuela está procesada, pero la causa no pasó todavía al tribunal oral, por lo que faltaría bastante tiempo para que el caso tuviera sentencia. El defensor oficial de San Martín, que interviene como asesor de Menores, Patricio N. Rodríguez Garrahan, presentó el planteo para que Manuela puede cumplir la prisión preventiva en su casa, para evitar las consecuencias que están sufriendo sus hijos. Acompañó su pedido con numerosos informes que dan cuenta del padecimiento de los chicos. Uno de esos informes, es la entrevista que tuvo con la prima de Manuela, que está cuidando a sus hijos. La joven contó que la nena más chiquita volvió a usar pañales, que ya los había abandonado hace tiempo, y que se despierta casi todas las noches y no puede conciliar el sueño. Al nene de 11 también le cuesta dormirse en las noches, lo que impacta en su concurrencia a clase por las mañanas. También describió que “ha adoptado una actitud de retracción y reserva” desde que su mamá está presa, y que vive encerrado en su cuarto y rechaza cualquier plan que podría divertir a chicos de su edad, como ir a pasear o a jugar a un parque.

Sin embargo, tanto el juez Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta –el 27 de agosto de 2015– como la Cámara Federal de San Martín, el 21 de enero de este año, rechazaron el pedido de otorgar la prisión domiciliaria a Manuela. El caso llegó a la Cámara de Casación Penal: la Sala 2, integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, anuló el 3 de junio el fallo de la Cámara, pero en lugar de otorgar directamente el beneficio a la mujer, ordenó que los mismos camaristas –que ya se habían opuesto– dicten una nueva resolución. Mientras los jueces se toman su tiempo, los hijos de Manuela siguen padeciendo las consecuencias del encarcelamiento de su mamá. “La Cámara, en vez de resolver con los informes que ya tenía sobre la situación de los chicos, mandó a hacer nuevos estudios, pero recién los pidió el 3 de julio, es decir que se tomó solo un mes para mandar a hacer nuevos informes. Hace dos meses que los tienen, y dicen más o menos lo mismo que ya decían, pero todavía no resolvió”, objetó en diálogo con Página/12 el asesor de Menores ad hoc. “Es decir, hay un trámite de prisión domiciliaria en un supuesto que la ley claramente habilita, con una situación grave de los chicos, que lleva insólitamente más de un año sin resolver. Tiene paradójicamente en el medio una decisión favorable de la Sala II de la Casación que la Cámara Federal de San Martín se viene encargando de no hacer efectiva”, señaló Rodríguez Garrahan.