Al menos otras diez personas ya iniciaron los trámites judiciales para acceder a la operación de adaptación de sexo, similar a la que se sometió una paciente el domingo último en un hospital público de La Plata. Todos los casos se presentaron ante el mismo equipo médico que realizó la intervención quirúrgica esta semana y, según explicó el cirujano que dirigió la intervención, después de la repercusión que tomó el último caso esperan aún más consultas similares. La paciente, de la que sólo se sabe que tiene 30 años, evoluciona bien y, de seguir así, en diez días podría ser dada de alta. Especialistas en bioética coincidieron en que estos casos no implican un cambio de sexo y advirtieron que en el país no existe una legislación específica y explícita que permita hacer frente a estos casos.
El cirujano que dirigió la operación, César Fidalgo, informó que en el Hospital Ricardo Gutiérrez hay un promedio anual de veinte consultas para intervenciones similares. Cuando el equipo médico comunica la necesidad de una autorización legal, un importante porcentaje desiste, una mínima cantidad –que cuenta con recursos económicos– decide operarse fuera del país y el resto inicia la vía judicial. “No hay una lista de espera ‘oficial’, pero sí sabemos que hay diez pacientes que ya iniciaron todos los trámites para poder operarse”, explicó Fidalgo.
Sobre la última operación, el cirujano Diego Capobianco señaló que “su estado general es bueno y el posquirúrgico es normal”. Según Fidalgo, no hay en la Argentina otro hospital que realice este tipo de intervenciones, pero destacó que “cualquier urólogo que se capacite las puede realizar”. En cuanto al aspecto legal, el juez de Mar del Plata Pedro Hooft, que autorizó la intervención, explicó que “la ley 17.132, de la década del 60, prohíbe la modificación del sexo de la persona sin autorización judicial, pero no determina cuándo se puede autorizar o cuándo no”. Hooft, que además es el presidente de la Asociación Argentina de Bioética, explicó que para resolver los casos que se presentaron, sus fallos se basan en principios internacionales de jurisprudencia y los avances científicos, en diversas ciencias, logrados en las últimas décadas. “Todos estos factores llevan a intepretaciones analógicas: que este tipo de casos, que no implican cambio de sexo sino adaptación, pueden operarse”, resumió.
Para acceder a la intervención, la persona debe presentar un recurso de amparo ante la Justicia, que ordena estudios físicos, psíquicos y psicológicos. Como último paso, el juez puede solicitar que un comité interdisciplinario dé el visto bueno para la operación.
Por su parte, el abogado Ignacio Maglio, especialista en bioética, destacó la “necesidad de actualizar la ley para desjudicializar los casos de adaptación sexual y así evitar la necesidad de recurrir a la Justicia. El fundamento: que la cuestión sexual hace a la identidad de una persona, que a su vez está reconocida por la Declaración Internacional de Derechos Humanos y la Constitución Nacional”. También consideró importante que la jurisprudencia contemple el cambio sexo, por ejemplo para los travestis, “cuando la solicitud es seria, está meditada y la persona está en condiciones físicas, psíquicas y psicológicas de afrontar un cambio de ese tipo”.
La operación del último domingo consistió en la eliminación de los genitales masculinos, la construcción de una cavidad neovaginal y transformación de la parte inferior del sistema urinario. El mismo equipo de profesionales había realizado operaciones similares en 1997 y en 2001.

Informe: Darío Aranda.