Lo que Sandra Cabrera pidió durante dos años, el gobierno santafesino decidió realizarlo dos días después de su asesinato: disolvió ayer la División policial de Moralidad Pública, la unidad que perseguía, intimidaba y exigía coimas a las trabajadoras sexuales de Rosario, y presentará un proyecto de ley para derogar la legislación que sanciona la prostitución. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se reunió con el gobernador Jorge Obeid y luego con dirigentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) –donde Cabrera era secretaria general–. El funcionario se comprometió a colaborar para “poner en evidencia todo lo que pueda estar detrás de este crimen”. Sobre la investigación del homicidio, ayer se acercaron a la entidad gremial testigos del accionar cotidiano de la policía: aportaron nombres, cargos que ocupan en la fuerza y detallaron amenazas que sufrió la dirigente asesinada el martes último.
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Alberto Gianeschi, había admitido el miércoles que no lo sorprendería (a él y al gobernador Jorge Obeid) que en el asesinato exista una conexión policial. El mismo anunció ayer la disolución de Moralidad Pública, la unidad policial que perseguía a las trabajadoras sexuales de Rosario y, según las denuncias de Ammar, era la caja de recaudación de efectivos y políticos. Además, el funcionario destacó que el gobierno provincial trabaja en un proyecto de ley, “que a más tardar entraría en vigor en 30 días”, para derogar los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas, que legislan sobre “la defensa, el pudor y la prostitución escandalosa” y permiten detener a las trabajadoras. Ambos pedidos eran pilares de la lucha diaria de Cabrera desde el sindicato.
“Obeid está actuando porque tiene miedo a la interna policial, sabe que no puede quedar inmóvil ante la situación y, si no hubiese actuado, la muerte se la cargaban a él. Igual tenemos en cuenta su acercamiento, pero la muerta la pusimos nosotras y no vamos a permitir que sea botín político”, destacó una compañera de Cabrera que prefirió el anonimato y resumió el hecho, y la interna policial y política con una comparación: “Lo de Sandra es para Rosario lo que fue (José Luis) Cabezas para Buenos Aires”.
Cuando finalizó la reunión con Obeid, el secretario de Derechos Humanos destacó que “el gobierno nacional respalda toda investigación y todo cambio en las fuerzas de seguridad que implique combatir la corrupción y la impunidad”.
En cuanto a la investigación, el juez de la causa, Carlos Carbone, señaló que ayer a la noche realizaban las pericias en el lugar del hecho, que Asuntos Internos está tomando declaraciones dentro de la fuerza y confirmó que el sargento Sergio Bermejo, detenido por cohecho y amenazas de muerte a varias trabajadores sexuales (Cabrera incluida), negó su participación en los hechos que se le imputan. Cuando se le notificó oficialmente del crimen de Cabrera, el policía dijo que en ese momento estuvo con su familia y aseguró que un vecino lo vio en su domicilio. La coartada comenzará a ser verificada hoy.
La Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia habilitó una línea telefónica, 0341-156-170690, para recibir información que sirva en la investigación del crimen. El titular del área, Domingo Pochettino, aclaró que se encuentra en trámite una línea 0800, lo cual permitirá la absoluta gratuidad del sistema. Además, desde la provincia se dispuso la creación de una comisión especial para la investigación del asesinato, integrada por cinco miembros de diversos espacios, pero aún no se especificó cómo funcionará, de quién dependerá y quiénes la integrarán.
Sandra Cabrera, de 33 años y dos hijos (9 y 14 años), fue asesinada el martes entre las tres y las cuatro de la mañana de un tiro en la nuca realizado a corta distancia. Su cuerpo fue encontrado en el zaguán de una vivienda, en la zona roja de Rosario, cerca de la Terminal de Omnibus de esa ciudad. Aunque aún no finalizaron las pericias, los investigadores creen que fue fusilada con un arma de pequeño calibre y, sus compañeras apuntan todas las sospechas sobre la policía, aunque no descartan la participación de proxenetas. Secretaria general de Ammar local, era una persona pública de la ciudad, había recibido numerosas amenazas por defender los derechos de las meretrices, denunciar a los dueños de los prostíbulos locales y los abusos policiales.
Informe: Darío Aranda.