Nueve meses después de las dramáticas inundaciones en Santa Fe, una multitudinaria manifestación de damnificados terminó con el incendio del frente de la Casa de Gobierno y la destrucción de varias de sus oficinas. Desde hace tiempo, miles de damnificados exigen sin éxito subsidios integrales. La concentración fue la más numerosa desde que se produjo la inundación, el 29 de abril del año pasado. La protesta había sido organizada por vecinos autoconvocados de distintos barrios afectados. Los organizadores señalaron que el grupo que ocasionó los destrozos no formaba parte de la marcha. La policía cumplió la orden de no reprimir hasta que los manifestantes entraron a la sede gubernamental. En ese momento, los rechazaron con balas de goma.
La protesta se llevó a cabo para recordar el desborde del Río Salado, que inundó buena parte de la ciudad, destrozó viviendas, bienes y provocó la muerte de 23 vecinos, y para reclamar al gobernador Jorge Obeid el pago de subsidios integrales. La marcha era organizada por la Coordinadora de Barrios Inundados y por la Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad.
La movilización comenzó pasadas las seis de la tarde, en la plaza céntrica 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. La convocatoria fue la más amplia desde que se produjeron las inundaciones: participaron alrededor de tres mil personas.
Apenas iniciada la concentración se produjo un hecho que reveló las diferencias entre los diferentes grupo y que terminó siendo emblemático. Un hombre de unos 40 años derribó la primera valla, pero fue inmediatamente retirado a la fuerza del lugar por un puñado de piqueteros. “Este hijo de puta es un cana de civil –explicaron luego– que vino acá a hacer quilombo y a romper el acto. Lo tenemos bien junado, así que lo sacamos a patadas en el culo.” Ese mismo grupo de piqueteros incluso volvió a colocar la valla en su lugar.
Pero la tranquilidad buscada por la mayoría sucumbió alrededor de las 20.30, cuando se desataron violentos incidentes. Un reducido grupo de manifestantes no sólo terminó volteando todas las vallas, sino que aprovechó los restos para romper las persianas y vidrios de la Casa de Gobierno. Algunos también comenzaron a prender fuego en la fachada y algunas oficinas de la Casa de Gobierno. Los pocos que entraron, incluso arrancaron algunas computadoras que fueron destrozadas en plena calle. En ese momento, el grueso de la multitud –los Vecinos Autoconvocados y los ex integrantes de la Carpa Negra– se apartó de los incidentes y se dirigió frente a la Catedral, al otro extremo de la plaza, donde empezaron a entonar estrofas del Himno Nacional mezcladas con reclamos de justicia y por el pago de subsidios integrales.
Los periodistas que cubrían la protesta resultaron amenazados por algunos de los manifestantes, sobre todo los camarógrafos de la televisión o los fotógrafos de los medios gráficos, a los que exigían que no identifiquen sus rostros, ya disimulados por las propias remeras que les cubrían la cara.
La policía aseguró después que ocho de sus efectivos habían resultado heridos por los proyectiles arrojados, y que habían sido diez las oficinas destruidas en los disturbios. El informe oficial destaca que fueron arrancadas puertas y ventanas, y los muebles destruidos y en parte quemados.
El juez de instrucción José Manuel García Porta se manifestó “sorprendido” por los sucedido. “Desde que actúo como juez jamás vi un ataque de semejante magnitud a la Casa de Gobierno”, aseguró.
Más allá de la violencia desplegada por el pequeño grupo que protagonizó los incidentes que terminaron disolviendo la protesta, en realidad hace ya varios días que la tensión en Santa Fe se va incrementando. A medida que pasa el tiempo sin una respuesta clara del gobierno, los antiguos inundados van elevando la masividad y profundidad de sus reclamos. Ya realizaron piquetes y cortes de ruta y ahora aspiran a trasladar su bronca al propio centro de la ciudad.