Hace once días José Ojeda, vecino de Benavídez, partido de Tigre, se encontraba realizando su trabajo como repartidor de harina junto a su ayudante. En una de las paradas técnicas, en una estación de servicio en la intersección de las rutas provinciales 9 y 27, en Benavídez, se complicó irremediablemente su jornada. Cuando Ojeda quiso retirar la camioneta encontró que una patrulla del Centro de Operaciones Tigre (COT, una suerte de policía municipal creada hace un lustro por el ex intendente Sergio Massa) obstaculizaba su paso. Ante su requerimiento para que los agentes movieran su patrulla, recibió como respuesta una dura golpiza que lo dejó tumbado en el piso con la cabeza lastimada sangrando y una pierna quebrada. Toda la escena fue filmada por un vecino con su celular. En las imágenes, viralizadas rápidamente por las redes sociales, se ve a los policías golpeando con saña y también amenazando al hombre que filmaba la escena con su celular y al playero de la estación de servicio que intentaba defender al trabajador. Como si todo esto fuera poco, Ojeda terminó detenido, junto al playero y su empleado por “resistencia a la autoridad”. El viernes pasado, los vecinos marcharon para reclamar por seguridad, es decir, para exigir que el COT deje actuar.

A los tres detenidos les quisieron hacer firmar una declaración en donde decía que ellos habían agredido a los policías y como se negaron los tuvieron doce horas encerrados, sin atender la fractura de peroné que tenía Ojeda. Con la difusión del video la indignación creció no sólo porque numerosos vecinos y vecinas reconocieron esa violencia como moneda corriente de las fuerzas de seguridad de Tigre, sino también porque trascendió que el inspector del COT que agredió a Ojeda es Héctor Eusebio “el paraguayo” Sosa, quien fue acusado en 1999 de balear a Víctor “El Frente” Vital, un adolescente de 17 años en una villa de San Fernando, y en 2006 a otros dos jóvenes, Jorge Martínez y Jonathan Lorenzo. Además de estar acusado por su ex mujer de ser el violador de su hijastra.

En repudio a la violencia institucional y a los abusos del COT el viernes a la tarde los vecinos de Tigre y numerosas organizaciones sociales y políticas salieron a la calle y se movilizaron hasta la Municipalidad para exigir que el COT deje de actuar. El COT depende de la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio, a cargo de María Eugenia Ferrari, funcionaria de la actual gestión municipal, cuyo jefe máximo es el intendente Julio Zamora.

La convocatoria era a las 17 horas para marchar desde la Plaza de los Bomberos hasta la Municipalidad, aproximadamente unas tres cuadras. Para cuando la gente comenzó a concentrarse, la Intendencia ya se encontraba vallada y cercada por numerosos agentes policiales. Eso no impidió que la columna de más de una cuadra marchara por la avenida Italia y llegara hasta donde las vallas permitían.

Además de Ojeda –que marchó con muletas–, su familia y sus compañeros de trabajo, participaron vecinos de todo el municipio –muchos de ellos con pancartas caseras que llevaban fotos de sus familiares víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad–, CTA y ATE zona norte, la Correpi, el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores –que contó con la presencia de la dirigente Vilma Ripoll–, agrupaciones que integran el Frente para la Victoria (FpV), centros de estudiantes de colegios secundarios, las Madres en Lucha –entre quienes estaban Sabina Sotelo, madre de El Frente Vital; Marta Martínez, madre de Jonathan Lorenzo; y Miriam Medina, madre del joven Sebastián Bordón, asesinado hace 19 años por la policía mendocina– y el bloque de concejales del FpV de Tigre.

“¡Qué feo, qué feo, qué feo debe ser, reprimir a los vecinos para poder comer!”, era una de las canciones que coreaban las y los manifestantes antes de llegar a la zona vallada de la Municipalidad, adonde se abrió un micrófono para que los familiares de las víctimas de abuso policial e institucional pudieran dar sus testimonios.

Sabina Sotelo marchó junto a sus compañeras de Madres en Lucha y a sus familiares. Desde hace años vecina de Tigre, expresaba consternada que no sabía que Sosa integraba la fuerza policial del municipio. “Sosa es la vergüenza argentina, la vergüenza institucional. Me sentí terriblemente mal al enterarme de que estaba acá”, dijo. Pablo Lorenzo, hermano de Jonathan, otra de las víctimas, tampoco conocía el paradero de Sosa. “Sabíamos que estaba exonerado de la fuerza, de la Bonaerense, pero jamás nos imaginamos que podía estar trabajando acá, en el COT”, expresó enojado a un costado de la pancarta que llevaba dibujada la cara de su hermano. “A nosotros nos piden antecedentes, diez mil requisitos para conseguir un trabajo, y Sosa con denuncias de asesinato y violador hoy trabaja para el Municipio de Tigre. La verdad es que es indignante que a una persona con estas características le den trabajo, y sobre todo en la seguridad”.

También estaba la familia de Alan Tapia, joven de 19 años baleado por el policía federal Pablo Valente, agente del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), en febrero de 2012. “El policía le disparó mientras mi hermano dormía en su cama”, dijo Milton, hermano de Alan. “Tuvimos un juicio en donde el fiscal nos discriminó y absolvieron al policía, nosotros apelamos y ahora estamos esperando la decisión. Después de tres años se dignaron a darnos una audiencia”. El fiscal que los discriminó fue Eduardo Marazzi, quien había pedido la absolución de Valente porque el hecho “ocurrió en barrio Mitre (de Saavedra), y no en Puerto Madero o en las islas Seychelles”. Marazzi fue retirado de la fiscalía por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El concejal Federico Ugo, presidente del bloque del FpV señaló que “durante estos años han sido muchos casos, lo que nos lleva a pensar que no hay hechos aislados sino una práctica regular de abuso institucional. En el 2014, 2015 y 2016 hemos presentado pedidos de informe que sistemáticamente son cajoneados por el Frente Renovador (bloque mayoritario en el Concejo Deliberante de Tigre)”.

El próximo martes por la mañana habrá sesión en la Legislatura. “Vamos a pedir que el Concejo en su conjunto repudie este hecho”, adelantó Ugo. “Además presentamos un proyecto de ordenanza que regule la elección de los inspectores, que prohíba la contratación en forma directa e indirecta de agentes que tengan antecedentes de haber violado el reglamento disciplinario y solicitando auditoría integral de todos los agentes del COT. Y también entregaremos una nota a la presidenta del Concejo solicitando una sesión extraordinaria que interpele al intendente y la secretaria de Protección Ciudadana por todos estos hechos”.

Si bien el intendente Julio Zamora se reunió con Ojeda y su familia, y separó del COT a Sosa, nadie parece haber quedado conforme. Mañana, por la tarde, las organizaciones que convocaron a la marcha se volverán a reunir para analizar cómo continuar con sus demandas: castigo a Sosa; eliminación del COT; y renuncia de María Eugenia Ferrari y Eduardo Feijóo, secretaria y subsecretario de Protección Ciudadana de Tigre.