En Caminito, este fin de semana, los vecinos de La Boca Resiste y Propone, y el Grupo de Vivienda y Hábitat del barrio porteño, realizaron una intervención musical para visibilizar “el voraz desalojo de miles de personas” que se vienen produciendo desde hace más de seis años, pero “en forma acelerada” desde diciembre pasado, como consecuencia “de la falta de políticas pública en materia de vivienda” por parte del gobierno porteño de Cambiemos y por el “negocio inmobiliario” montado a partir de la creación del Distrito de las Artes. Vestidos de negro, mujeres, hombres y niños del barrio, se mezclaron entre los visitantes locales y extranjeros que recorrían el tradicional paseo para interpretar a coro una canción sobre la música de La Llorona, un son tradicional mexicano, pero sin llorar. “Este gobierno corrupto, señores, del barrio nos quiere correr”, decía uno de los versos, rematado al final con un fuerte “de aquí no nos van a mover”.

Los vecinos criticaron a los jueces que realizan “procesos sumarios de desalojos priorizando siempre el derecho a la propiedad y no el derecho a la vivienda”. También denunciaron el “negocio inmobiliario” montado a partir del Distrito de las Artes, que según el Gobierno de la Ciudad era para “promover la inversión en arte”, según el anuncio oficial, aunque en la realidad derivó en cuestiones lucrativas que “nada tienen que ver con lo artístico”. La demostración duró algo más de media hora y recibió la adhesión de muchos de los miles de visitantes del barrio de cada fin de semana. Cumplieron en parte el objetivo de otro de los versos de la canción escrita por los manifestantes: “El pueblo camina junto, queremos a la patria despertar”.

Los vecinos afirman que “el peligro de los desalojos” es un problema histórico en el barrio de la Boca, pero que “se vio totalmente acelerado a partir de la creación (por parte del Gobierno de la ciudad) del Distrito de las Artes” dado que “los beneficios del Distrito gravan sobre los inmuebles y no sobre las actividades culturales, como debería ser, de manera que hay todo un mercado de especulación inmobiliaria que se volcó a comprar durante todo el proceso que terminó con la creación del Distrito”.

“El negocio fue comprar antes de la creación del Distrito, cuando el valor del suelo en la Boca era nada porque las políticas públicas se habían retirado del barrio y ahora, con el precio del suelo sobrevaluado, los que compraron para hacer negocio hoy vienen a recuperar los inmuebles que compraron a bajo costo”, explicaron vecinos que forman parte del Grupo de Vivienda y Hábitat de la Boca.

Como cierre de esa política de especulación inmobiliaria, los que compraron esos inmuebles “para recuperarlos provocan un promedio de un desalojo por semana” de edificios donde viven familias que primero alquilaban y que luego quedaron en una situación incierta porque a los nuevos dueños les importaba más el negocio futuro que seguir alquilando a precios relativamente módicos. En estos momentos, hay al menos 29 conventillos de la Boca que están por ser desalojados. Y en cada uno de esos lugares viven “cuatro, cinco, doce, quince o veintidós familias”.

El número de 1.106 personas ya expulsadas del barrio que se difundió durante el acto de visibilización del problema surge “del cálculo de tres personas desalojadas por familia, pero sabemos que algunos grupos familiares tienen más de un hijo, de manera que el problema es mucho más grave todavía”. El negocio inmobiliario abierto a partir de las políticas públicas del actual gobierno porteño hace que los vecinos vean “todos los días a representantes de la Liga de Rematadores” que se pasean por la Boca como si el barrio estuviera sometido a una gran subasta. Y lo está.

La situación dominial de los inmuebles hace que muchos de ellos se encuentren en un proceso conflictivo y pasan a ser declarados “herencia vacante”, de manera que luego interviene el Estado para llevarlos a remate.

El Grupo de Vivienda y Hábitat del barrio puso como ejemplo del trasfondo del negocio privado, el caso del “desalojo de un inmueble por el cual el nuevo dueño pagó en un remate la suma de 120 mil pesos (argentinos), mientras que en el mismo proceso, para los contribuyentes (a partir de una decisión de las autoridades porteñas) los trámites del desalojo tuvieron un costo de 180 mil pesos”. Lo que no se sabe es a cuánto lo venderá el nuevo dueño privado o a cuál será, en dólares, el alquiler.

El problema va acompañado por una política de Estado, en materia de vivienda, que sólo consiste en el pago de un subsidio de 1.800 pesos durante diez meses a las personas desalojadas. La cifra no se actualiza desde hace muchos años. El Grupo de Vivienda y Hábitat precisó que hoy, en el barrio de la Boca, “el alquiler mensual por una pieza en un conventillo oscila entre los 4.000 y los ocho o nueve mil pesos”. El costo se encarece porque los que alquilan, por su condición social, no pueden aportar una garantía propietaria o un recibo de sueldo. Por otro lado, en los avisos de alquiler que se publican hoy, las piezas que fueron refugio de familias pobres son ofrecidas a precios exorbitantes como “exclusivo atelier”, en el marco del Distrito de las Artes.

Por otro lado, los procesos judiciales por desalojo “son sumarios y los jueces priorizan el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda, que está legislado por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad y por normas internacionales” de las que el país es garante.