No me convencen los argumentos ofrecidos por las autoridades para justificar este operativo. Estas son mis principales razones.

Si bien creo que es una obviedad decir que, tanto en el ámbito público como privado, es necesario contar con información confiable al momento de tomar decisiones, no considero que el Ministerio de Educación no cuente con información sobre la distribución de los aprendizajes en las instituciones educativas argentinas. Es más, considero que tanto las evaluaciones de rendimiento escolar nacionales (Operativos Nacionales de Evaluación), como los internacionales (PISA, Unesco y otros) han producido una gran cantidad de datos y que estos que están subutilizados. Como me dijo una vez un reconocido experto en estadística, siempre hay más información disponible que capacidad para hacer un uso productivo y creativo de la misma. Por lo tanto hay datos acerca de quiénes aprenden más y quienes menos, dónde (en qué instituciones, territorios, temas) son más frecuentes los fracasos, etc. como para desarrollar políticas de formación docente inicial y continua, orientar recursos en el territorio y definir reglas adecuadas para regular el sistema educativo nacional.

El gobierno afirma que la información producida durante los últimos años por los ONE (Operativos Nacionales de Evaluación) no es técnicamente confiable. Pero esta no es más que una opinión de funcionarios políticos, que por supuesto se opone a la opinión de los funcionarios políticos del gobierno anterior. Si se considera que hay dudas al respecto, hubiera sido oportuno convocar a una comisión de expertos reconocidos en estadísticas y evaluación educativa para que revisara los datos y pronunciara un dictamen fundamentado acerca de su validez y confiabilidad. Esto es lo que se debería haber hecho y no se hizo.

Por otro lado, si se quiere tener un diagnóstico acerca del estado de los aprendizajes en el país no es necesario hacer operativos censales. Simplemente porque se puede lograr ese objetivo de un modo mucho más ágil y barato mediante una muestra. Se alega que el censo permitirá “devolver” la información a los docentes para que puedan reorientar sus prácticas en función de los problemas detectados. Pero cuando el docente reciba la información sus alumnos ya han terminado la primaria o la secundaria. Es útil reiterar que no se puede considerar a los docentes como simples usuarios de evaluaciones hechas por otros. Evaluar está en su adn como profesional de la educación. No hay promedio de rendimiento que provea mejor información que la que puede tener un buen maestro acerca de sus alumnos. El promedio de rendimiento en una prueba es como una fotografía lavada y en blanco y negro acerca de lo que un alumno sabe, de sus dificultades y progresos en el aprendizaje, etc. El buen docente evalúa sistemáticamente a sus alumnos. Decir que “se le devolverá” a cada uno de ellos el resultado que obtuvieron sus alumnos en la evaluación nacional es minimizar y despreciar el conocimiento que él tiene de los alumnos con quienes convive en forma intensa y cotidiana durante todo un año escolar. En síntesis, las evaluaciones nacionales deberían tener como usuario privilegiado no a los docentes sino a quienes tienen que tomar decisiones de política educativa a nivel nacional y provincial y a todos aquellos que están interesados en conocer cómo se distribuyen los promedios de rendimientos según el territorio, el tipo de establecimiento o las características socioculturales de los alumnos.

Tampoco tiene sentido realizar evaluaciones con una frecuencia anual. Los promedios de rendimiento escolar varían en el tiempo largo y no son como los índices de precios o de inflación que lo hacen en el tiempo corto de una semana o un mes. Es más, hasta sería sospechoso que lo hicieran de un año a otro porque dependen de un conjunto complejo de factores que actúan a lo largo de toda una trayectoria escolar y sobre los cuales se puede actuar si se dispone de un tiempo largo, que se pude medir en períodos de por los menos 3 o 5 años.

Por último, la evaluación del aprendizaje (al igual que la evaluación en general) es un instrumento que puede tener usos virtuosos (conocer los problemas para resolverlos mejor) o perversos, como por ejemplo, institucionalizar jerarquías entre establecimientos, docentes, territorios y formalizar diferencias, etiquetar, controlar, premiar y castigar, fomentar la competencia, etc. Para evitar suspicacias es preciso generar confianza. Nadie se deja tomar la fiebre por alguien en quien no confía o que usa un termómetro inadecuado. Más allá de la creencia en las buenas intenciones de los gobiernos, hubiera sido deseable poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Calidad de la Educación instituido por el artículo 98 de la Ley Nacional de Educación vigente. Cabe recordar que el mismo está conformado por “miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional” (destacado por mí). La experiencia indica que las políticas públicas son más legítimas y por lo tanto más eficaces cuando han sido elaboradas reconociendo y escuchando la diversidad de puntos de vista que existen en las sociedades complejas que deciden recorrer el camino de la democracia social y participativa.

* Consultor de la OEI en la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires.