Desde Santiago del Estero

Carlos Juárez cumple 87 años. Justo hoy, a un año del crimen de La Dársena, y cuando finalmente parece que comienza lo que técnicamente sería el fin del régimen que construyó durante los últimos cincuenta años. Fuentes del gobierno nacional consultadas por este diario lo definen así: “A partir de ahora empieza la transición democrática en Santiago del Estero”. La transición sería un acuerdo político entre el duhaldismo provincial y nacional para preparar la sucesión del gobierno, en este momento en manos de Mercedes Aragonés, “La Nina”, su esposa. El acuerdo incluye plazos para ella, para el período de transición e incluso para un llamado a elecciones, calculado dentro de seis meses con Ley de Lemas. Aquí Página/12 adelanta el programa, las alternativas políticas y judiciales que se barajan sobre la salida de La Nina, las nuevas alianzas y las negociaciones sobre el funcionario que debería timonear la nave en medio del naufragio.
Hasta hace unos meses se hablaba de Santiago del Estero como un escenario de crisis orgánica del juarismo, la corriente peronista que al fin y al cabo seguía manejando el benemérito Carlos Juárez. En este momento, ya no habría “crisis orgánica” del juarismo sino un caudillo profundamente solo y cada vez más aislado de la estructura que lo sostuvo en el poder. Una sola imagen retrata el escenario. Sucedió ayer. Nada menos que en la sede de la CGT local. Allí se habían autoconvocado los representantes de la central obrera y las 62 Organizaciones, leales hasta ahora al gobierno de los Juárez. La excusa: una audiencia armada a última hora con el enviado de Nación, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde. Durante el encuentro sucedieron tres cosas prácticamente inéditas en la historia reciente del peronismo provincial: se sacaron fotos en público con Duhalde, le anunciaron la creación de una Comisión de Derechos Humanos sindical y le entregaron un documento con las palabras “Nunca Más”.
El documento al que accedió Página/12 no tiene fecha pero el contenido indica que ha sido escrito en estos últimos días. Lleva el membrete de la CGT, menciona los crímenes de Leila Bshier y Patricia Villalba, y lleva las firmas de los pesos pesado de la pesada peronista: el secretario general Esteban Sequeira y el delegado regional Carlos Corbalán, entre otras once rúbricas de puño y letra. Después de varios párrafos donde se fundamenta la constitución de la nueva Comisión de Derechos Humanos, se desliza el resultado del nuevo alineamiento político: “Por eso decimos Nunca Más a los atropellos, a los abusos, a la violencia y a la muerte. De ahora en adelante debemos mirar el presente sin olvidar el pasado, exigiendo justicia y nada más que justicia”.
Para los entendidos en las intrigas de Santiago, la posición de la CGT, el documento y las fotos con los emisarios de Nación no fueron sólo un símbolo sino la marca del reposicionamiento político. Esa misma CGT era la que hasta ahora firmaba cada una de las solicitadas publicadas por el gobierno de La Nina o en apoyo a su gobierno, cada vez que aparecían denuncias de corrupción, o cuando desde algún sector se agitaba el fantasma de la intervención federal. La nueva actitud va en dirección opuesta. Sería prácticamente un divorcio, aunque Duhalde optó por una palabra más delicada: autonomía. “Yo no diría ruptura –le dijo a este diario–, hemos hablado de la autonomía de la estructura sindical en el tramo de las decisiones actuales.”
Ese mismo tipo de reposicionamiento o decisiones de autonomía se advierte ahora en otros campos: “Es un cambio sustancial”, evaluaba ante Página/12 una fuente cercana a la Comisión de Justicia, que durante los últimos dos días estuvo de gira en Santiago del Estero para inaugurar una delegación operativa de Nación en Santiago (ver aparte). “Por primera vez –continuaba la fuente–, empresarios, sindicalistas y políticos se peleaban para mostrarse al lado nuestro.” Esta nueva alianza es la que apuesta a la transición y a la convocatoria a elecciones en seis meses. De acuerdo a los datos recogidos por este diario, sobre ese tablero se juegan quienes apuntalan al vicegobernador Joaquín Votta para reemplazar a la gobernadora apenas abandone el gobierno. Votta en este momento está enfrentado políticamente a La Nina. Debería, de acuerdo con ese programa, hacerse cargo de la sede de gobierno de Santiago hasta las nuevas elecciones. El plan ya da por descontado que los tiempos de la gobernadora vencerían en un mes. Entre las causas que dispararían el fin se encuentra la vía de la Justicia federal: el ámbito donde se han colado dos causas contra la gobernadora en las últimas dos semanas.
El juez Angel de Jesús Toledo, el único juez federal de Santiago, tiene sobre su escritorio los expedientes de las causas calientes: una denuncia del diputado menemista José Figueroa por intento de homicidio y otra por defraudaciones al Estado impulsada por la Anses nacional. Hace unos días, un policía retirado declaró como testigo en la primera causa y la denunció como autora del plan de homicidio y destrozos a la casa de Figueroa. En estos días, uno de los diputados más leales al gobierno e imputado en la causa, Carlos “Pololo” Anauate, será convocado a declarar. Esa indagatoria es clave. Según fuentes con relación directa a la causa, consultadas por Página/12, su testimonio desencadenaría un llamado a interrogatorio para La Nina y a continuación, si las pruebas son suficientes, un pedido de desafuero al Congreso provincial. En tanto, sobre fines de la semana próxima será la causa Anses la portadora de sorpresas. El organismo la denunció por defraudación al Estado por una suma de 505.717,99 pesos cobrados desde el ’94 en adelante.
Ese es el asunto que más lo preocupa a Carlos Juárez. Por eso viajó la semana pasada a Buenos Aires. Entre otras cosas, buscaba una entrevista con el ministro del Interior Aníbal Fernández. Consultado por Página/12, Fernández confirmó que la reunión efectivamente se hizo. Que Juárez fue hasta la Casa Rosada a entregarle la copia de un decreto que deslindaría responsabilidades de la gobernadora en el entuerto. Fernández hizo su parte, lo despidió y les entregó el documento a los funcionarios de la Anses. Allí supuestamente se habría terminado el encuentro, pero fuentes del ministerio admitieron que hubo más. Que Juárez, “vencido”, imploró con alguna delicadeza por la situación de su mujer. En el Gobierno le dijeron lo mismo que hace unos meses, cuando comenzaban las primeras críticas contra el archidenunciado ex comisario Musa Azar: “Si la denuncia tiene fundamentos y la gobernadora tiene responsabilidades nadie se interpondrá en el camino de la Justicia”.
A partir de ahora habrá que esperar. Angel de Jesús Toledo, el juez federal, parece que tiene en sus manos el destino inmediato del matrimonio de Santiago.