Amnistía Internacional y más de treinta organizaciones de mujeres y derechos humanos cuestionaron duramente a la gobernadora María Eugenia Vidal. En una carta enviada ayer, le advirtieron que su decisión de dar marcha atrás en la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación –anunciada unos días atrás– y dejar vigente la vieja resolución “no solo representa un desconocimiento y un revés para los derechos de las mujeres, sino además compromete la responsabilidad constitucional e internacional de la Provincia y el Estado”. El episodio, que puso en evidencia el poder de presión del Opus Dei dentro del gabinete de Vidal, ocurre frente a la inminente rendición de examen del Estado argentino ante el Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), previsto para el lunes en Ginebra, y la inminente visita al país de la Relatora Especial contra la Violencia hacia las Mujeres de la ONU, con los ecos del Miércoles Negro y de la multitudinaria marcha del #NiUnaMenos todavía sonando. En ese marco, “esta iniciativa presentaba una oportunidad de reivindicar un avance en la jurisdicción bonaerense en materia de derechos de las mujeres. Este retroceso es muy preocupante”, señaló a PáginaI12 Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  
“Anteponer concepciones morales o religiosas por sobre el diseño e implementación de políticas públicas constituye un error inadmisible”, agregó Belsky, al ser consultada por este diario. Y concluyó: “la provincia tiene el imperativo de adecuar su protocolo al marco legal existente y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”. La carta de las organizaciones fue enviada a Vidal, a la ministra de Salud, Zulma Ortiz –quien promovió con el aval de la gobernadora la frustrada adhesión– y al secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, quien –según pudo saber este diario– había dictaminado a favor de esa medida. La nota lleva firmas de entidades de un amplio arco ideológico, entre las cuales se encuentran el CELS, la APDH, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Espacio de Genero Frente Popular Darío Santillán, la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el Observatorio Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Red por los derechos de las Personas con discapacidad (REDI) y la RedTraSex.
Las organizaciones precisaron que el Protocolo de ILE de Nación ofrece “claridad y certeza a la comunidad médica respecto del proceder debido frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación; además de evitar obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del aborto en los servicios de salud locales”. Además, subrayaron que “la definición de una política sanitaria por parte del Ministerio resulta de extrema relevancia frente a la repetición de casos en los que los servicios de salud fallaron en asegurar el respeto al derecho a la vida, la salud, la integridad y la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes, que implican la reproducción de situaciones de violencia institucional incompatibles con las obligaciones del Estado argentino”. En ese sentido, advirtieron que “dar marcha atrás” en la adhesión a la guía de Nación “transmite un mensaje de tolerancia frente a aquellos efectores de salud que continúan sumando obstáculos para que las mujeres accedan a sus derechos, empujándolas a situaciones de riesgo para su salud y su vida”.


En la Gobernación buscan una salida hacia adelante, después del papelón que significó dejar sin efecto la medida anunciada. El rechazo del secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, frenó la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 2095/2016 del 12 de octubre del Ministerio de Salud, por la cual se adhería al protocolo de Nación. Una de las alternativas que se estarían barajando es llamar a una consulta a distintos ministerios, para avanzar en la definición de un nuevo protocolo de atención de los abortos legales. Vidal había afirmado públicamente que se respetará el fallo FAL, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


A través de esa sentencia de 2012, el máximo tribunal exhortó a los gobiernos provinciales y a la Nación a implementar reglamentaciones que eliminen los obstáculos arbitrarios e ilegales ante el pedido de un aborto en caso de violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, situaciones contempladas en el Código Penal desde 1921.
El protocolo de Nación fue actualizado en 2015 de acuerdo con los lineamientos fijados por el máximo tribunal. Pero el que rige en la provincia de Buenos Aires desde 2012 tiene aspectos restrictivos:


- Dispone que la atención solo debe brindarse en los hospitales con servicios de tocoginecología. Siguiendo los estándares de la OMS, la guía de Nación establece que la ILE puede realizarse en todos los niveles del sistema de salud, incluido el primer nivel de atención y en forma ambulatoria. Para atender a mujeres que presenten complicaciones o se encuentren en etapas más avanzadas del embarazo recomienda atención en una institución de segundo nivel o más.


- El protocolo vigente dispone que los hospitales deben “integrar equipos interdisciplinarios para el asesoramiento, la atención integral y seguimiento de cada caso”. La guía de Nación, siguiendo con los lineamientos que definió la Corte Suprema, dice que no es necesaria la intervención de más de un médico para la constatación de las causales previstas en el Código Penal.


- Un punto muy delicado tiene que ver con la atención de niñas o adolescentes. El protocolo bonaerense exige el consentimiento del representante legal de chicas menores de 18 años y solo requiere de ellas su conformidad. En cambio, la guía de Nación –en línea con el nuevo Código Civil y Comercial– reconoce que todas las personas de 14 años o más son consideradas por la legislación argentina como plenamente capaces de discernimiento.  


- La guía bonaerense no define sanciones para los profesionales que intervienen, en caso de no garantizar la práctica. La regulación de Nación, en línea con el fallo de la Corte, establece que podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente, si realizan maniobras dilatorias, suministran falsa información o sostienen una negativa injustificada a llevar adelante la interrupción del embarazo.