Uno de cada diez argentinos vive en un asentamiento informal. En el 98 por ciento de los casos, se trata de lugares sin cloacas; en el 95, carecen de agua; en el 72,6, no tienen luz. Siete de cada diez de esos asentamientos están instalados a menos de diez metros de un factor de riesgo (vías de tren activas, fuentes, de contaminación y otros peligros inmediatos). En siete de cada diez, además, los vecinos se organizaron para lograr los cambios que mejoraran su entorno, como conseguir iluminación pública en las calles, o desmalezar un terreno para convertirlo en plaza. Los datos son sólo algunos de los que surgen del Relevamiento de Asentamientos Informales de 2016 realizado por la organización social Techo, tras recoger información en villas, asentamientos y barrios populares informales de los territorios donde vive el 67 por ciento de la población total del país. La información, que desde esta tarde quedará a disposición de quien quiera consultarla en www.techo.org.ar, señala los rasgos más evidentes y cotidianos de la desigualdad que, sin embargo, terminan naturalizados y muchas veces son ignorados por ciudadanos, pero también por quienes toman decisiones. La información obtenida es “un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados” y busca “aportar información precisa para la generación de políticas públicas”, señaló la directora del Centro de Investigación Social de Techo, Marina Morgan.
El estudio relevó información georreferenciada de villas y asentamientos en suelos porteños, bonaerenses, cordobeses, neuquinos, del Gran Corrientes, del Alto Valle de Río Negro, parte de Salta, área metropolitana de Rosario, San Miguel de Tucumán, el Gran Resistencia y otras áreas misioneras. En esos territorios, existen al menos 2432 asentamientos en los que viven alrededor de 650.685 familias: el 74,5 por ciento son asentamientos; el 20,3, villas; el 5,2, barrio popular informal (similares a los asentamientos porque tienen trama urbana parecida a la de la ciudad formal, pero “se originaron con intervención del Estado, generalmente a partir de loteos”). La gran mayoría de estos espacios congregan poblaciones pequeñas: el 53,6 por ciento tiene entre 8 y 100 familias; el 35,2, entre 101 y 500; el 8,9, entre 501 y 1500; sólo el 2,3 por ciento reúne a más de 1501 familias.
En la gran mayoría de los casos, no se trata de lugares usurpados ni habitados repentinamente, de la noche a la mañana, sino de espacios poblados desde hace muchos años, y cuya conformación es el resultado de un largo proceso de migraciones y reacomodos urbanos allí donde no hubo políticas de planificación. En promedio, los asentamientos relevados existen desde hace al menos 28 años. Uno de los casos, el barrio Saldías, ubicado a metros del Paseo Alcorta, cerca de la estación homónima del tren Belgrano Norte, existe desde hace un siglo. El 21,7 por ciento de los casos que forman parte del estudio existe desde hace más de 43 años; el 28,5 por ciento está allí desde un período que oscila entre los 43 y los 24 años. “Más de la mitad de los asentamientos (50,2 por ciento) lleva un cuarto de siglo viviendo en situación de informalidad”, señala el informe.
La gran mayoría de los asentamientos relevados se encuentran en la provincia de Buenos Aires (1352, el 55,6 por ciento), seguida por Santa Fe (174, el 7,2 por ciento), Córdoba (170, el 7 por ciento), Chaco (166, el 6,8 por ciento), Misiones (161, el 6,6 por ciento), Salta (122, 5 por ciento), Tucumán (67, el 2,8 por ciento), Neuquén (63, el 2,6 por ciento), Corrientes (61, el 2,5 por ciento), Río Negro (54, el 2,2 por ciento), y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (42, el 1,7 por ciento). El panorama se modifica cuando se trata de la cantidad de familias que habitan esos asentamientos: la mayoría sigue presente en territorio bonaerense (el 61,1 por ciento: 397.705 familias), pero en segundo lugar está el territorio porteño, con el 12,7 de las familias (82.585).
Casi ningún asentamiento informal tiene acceso a la red cloacal: el 98 por ciento de esos hogares “no cuenta con conexión formal (…) a una red construida exclusivamente para la evacuación de aguas residuales”. El 68,7 por ciento tiene un desagüe que evacua solo en un pozo ciego; el 20,4, desagüe a cámara séptica y pozo séptico; el 3,9, a la red cloacal conectada al pluvial; el 2, a la red cloacal pública.
En casi ningún asentamiento los habitantes tienen acceso al agua corriente: 95 por ciento carece de conexión formal, que le permita ser reconocido como cliente por el ente regulador del servicio. El 62,9 de las familias tiene agua gracias a una conexión irregular (que muchas veces puede estar instrumentada mediante soluciones como una manguera, con los riesgos de contaminación que eso implica). El 21,8, saca agua de un pozo; el 5 por ciento tiene agua corriente de red pública; el 4,9 depende de un tanque comunitario y el 1,9 de un camión cisterna.
En el 72,6 por ciento de los asentamientos, los hogares no tienen conexión formal a la red pública de energía eléctrica. El 64,6, accede a la red pública con medidores pero no en su hogar (por lo que no son reconocidos en tanto clientes individuales); el 27,4 por ciento tiene conexión irregular; el 5,8, red pública con medidor comunitario.
