El fiscal federal Jorge Sica desmintió ayer las declaraciones del Corcho Rodríguez, quien había afirmado a todos los medios que “con los secuestradores (de su padre) nunca hablamos de plata”. Sica aseguró que en las 13 comunicaciones telefónicas con la banda, Rodríguez había entablado negociaciones e incluso había llegado a arreglar una cifra como rescate, aunque dijo que no se había llegado a la instancia “de un pago inminente”. La afirmación del fiscal selló en tono patético lo que ya era una versión insistente: que el secuestro de don Ernesto fue utilizado por su hijo para montar un ariete para golpear al gobernador Felipe Solá. Ayer, Sica elevó los pedidos de prisión preventiva contra Lala López, Daniel Fabra Señorans y Walter Silva, y recomendó liberar por falta de pruebas a los otros tres detenidos. En tanto, don Ernesto fue dado de alta y está en su casa.
“Sí, existía una negociación”, reconoció el fiscal a Radio Mitre. Luego intentó suavizar su afirmación al agregar que “la inminencia del pago no fue tal, creo que existía todavía un lapso temporal importante hasta que eso se produjera”. Pero ese lapso temporal parece acortarse brutalmente y el punto de las negociaciones estaba ya encima del momento de pago, si se tiene en cuenta que el propio Sica reconoció que ya habían sido marcados los billetes “como es de norma hacerlo”.
Aunque Sica no quiso abundar sobre la cifra, todo indica que la cantidad de billetes verdes de alta denominación fue importante. Pero tanto la cifra como las negociaciones fueron terminantemente negadas por el Corcho el mismo día en que liberaron a su padre y los días sucesivos. Y la desmentida del Corcho vino acompañada de una furibunda crítica al gobernador Felipe Solá. Durante la conferencia de prensa, Jorge Rodríguez agradeció a todos menos al gobernador. “No quiero agradecerle especialmente al gobernador Felipe Solá –dijo–. Disentimos en la forma en que propone tratar estos casos, que es negociar, sospechar de las fuerzas policiales y pagar el rescate. De ninguna manera podemos permitir que los delincuentes manejen nuestras vidas.” Al día siguiente afirmó que “yo digo que no hay que pagar porque si no, les das plata para que sigan delinquiendo y te transformás en cómplice”, y agregó que al tomar la decisión de no negociar había dicho que “si a mi papá le pasa algo, me la banco”. El domingo pasado, el Corcho salió a desmentir tajantemente la versión periodística que hablaba de las negociaciones por el rescate. Ayer, Sica desmintió las desmentidas.
El fiscal elevó ayer al juez federal Héctor Echave, de Mercedes, los cinco cuerpos y 45 legajos del expediente anexo solicitando la preventiva de tres de los detenidos: el Lala López, Walter Silva y Daniel Fabra Señorans. A los tres los considera coautores del secuestro extorsivo, aunque aún tiene que definir el rol de participación de cada uno. Sobre los otros tres detenidos, al parecer, solicitó su libertad por falta de pruebas. Se trata del ex prefecto verdulero Juan Carlos Casciaro, su pareja, Carolina Campisci, y su empleado Raimundo Sosa. Casciaro salió de su casa (vecina a la chacra donde estaba don Ernesto) con una Itaka cuando empezaron los tiros. En su vivienda encontraron una pistola 11.25, y medicamentos que Sica mandó periciar para determinar si se correspondían con los que debían administrarse a Rodríguez. No se correspondían. A Campisci y Sosa los llevaron por los mismos motivos.
Entre tanto, el camarista de San Isidro, Fernando Maroto, aclaró la situación legal del Lala previa a los casos de secuestro de que lo acusan (Pablo Belluscio, Mirta Fernández y Ernesto Rodríguez). “Lala López fue procesado en mi sala (Sala I) en junio de 2000, por robo en poblado –dijo Maroto a Página/12–. El fiscal había pedido 3 años y 8 meses de prisión. López, para ese momento, llevaba 2 años y 9 meses detenido. El informe del Registro de Antecedentes que se recibió en la sala no hacía mención a ningún antecedente delictivo previo. Y puedo asegurar que mi sala jamás dio una libertad condicional a un reincidente. Además, Lala cumplió su condena con conducta 10, según el informe del Servicio Penitenciario Bonaerense. Correspondía su libertad.”
Maroto también desmintió que Lala tuviese registrado en su prontuario el antecedente de un homicidio. “Ese es Silva –aseguró el camarista–. Fue tratado en otra sala, la III. Le dieron 11 años que se le computan desde el 4 de mayo del ‘98. Con la ley del 2 por 1, en 2002 cumplió los 8 años, que son las dos terceras partes, y como el Servicio Penitenciario Bonaerense también lo calificó con conducta 10 ejemplar, se le dio la libertad condicional.” Más allá de los jueces, habrá que agregar que, según reveló en diversas notas este diario, en el SPB todo tiene su precio, incluso la conducta ejemplar 10.