En abril de 2016, cinco jóvenes fallecieron durante la fiesta electrónica “Time Warp”, celebrada en el predio de Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este dramático hecho dejó al desnudo no sólo las groseras falencias en materia de control por parte del poder ejecutivo porteño, sino también la trama oculta de irregularidades que atraviesa el sistema de concesiones de la Ciudad. En efecto, a partir de entonces se supo que la empresa concesionaria de Costa Salguero, Telemetrix, abona al fisco porteño un canon absolutamente irrisorio y, en simultáneo, subconcesiona el predio a más de 20 empresas, recaudando por ello sumas exorbitantes.

Esta verdadera estafa al Estado de la Cuidad de Buenos Aires ha sido posible no sólo porque quienes deben administrar los fondos de los porteños han decidido hacer la vista gorda sobre algunas irregularidades flagrantes, sino también porque han montado un sistema que parece estar a merced de la realización de negocios por parte de un grupo de empresarios. La falta de control y sanción frente a los incumplimientos por parte de los concesionarios, la fijación de cánones ridículamente bajos, y el otorgamiento de predios para explotación comercial en las zonas de la Ciudad con mayor valor del suelo son parte de un cuadro de situación cuya expresión más emblemática es justamente Costa Salguero. En simultáneo, utilizando un artilugio legal, el Gobierno de la Ciudad intenta con frecuencia ir un paso más allá en esta tendencia, ampliar su discrecionalidad, reducir aún más la transparencia de estos procesos y exluir deliberadamente a la Legislatura porteña de estos procedimientos; para ello, en lugar de concesionar predios, otorga “permisos de uso”, lo cual le permite evitar los procesos de licitación y bloquear la participación justamente de la Legislatura.

Como consecuencia de esta situación, los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido muy notablemente durante las administraciones del PRO, y la situación para el año próximo parece que no constituirá una excepción. En efecto, a pesar de que en el mensaje del proyecto de presupuesto 2017 que el oficialismo ha enviado a la Legislatura Porteña se sostiene que "se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos", lo cierto es que la previsión de recaudación para dicho año representa, en términos reales, la mitad de los fondos ingresados en 2008 (primer año de gestión macrista en la Ciudad). La cifra, sin embargo, es superior a la de años anteriores, cuando la recaudación por este concepto fue de apenas un tercio de la de 2008.

El escenario actual no sólo precisa de una férrea voluntad política para revitalizar las herramientas de control con las que el Estado de la Ciudad efectivamente cuenta pero que están en desuso; también habrá que avanzar en la elaboración de un nuevo marco normativo que fortalezca las capacidades regulatorias y evite los artilugios de los que se vale la administración actual para garantizar los negocios espurios de un conjunto de empresas. Esta reconfiguración se torna más acuciante aún en el marco del notable incremento de la disponibilidad de suelo que se producirá en la Ciudad de Buenos Aires a partir de distintas obras de infraestructura que han sido anunciadas, como la construcción en altura de un viaducto para la circulación del Tren San Martín. De ello dependerá que este nuevo suelo sea administrado en beneficio de las mismas empresas que vienen concretando abultados negocios, o del conjunto de los porteños.

(*) Legisladora porteña, FPV.