El gobierno nacional puso en marcha, aunque sin nombrarla, la ley impulsada en 2004 por Juan Carlos Blumberg para crear un registro de celulares. Lo hizo a través de una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y de Comunicaciones en la que instruyó al Ente de Comunicaciones (Enacom) para que en un plazo de 15 días implemente un mecanismo que permita generar un registro que identifique a todos los usuarios de telefonía celular.
La medida que tiene como marco la ley de emergencia de seguridad, dictada en enero pasado, se suma a una resolución anterior del Enacom, del 16 de mayo, en la que se aprobó el “Procedimiento para el Bloqueo de Terminales con reporte de Robo, Hurto o Extravío y la identificación de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, número de serie único que identifica a cada celular) irregulares”.
La resolución 6-E/2016 publicada ayer en el Boletín Oficial lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Oscar Aguad. La norma pretende combatir “el delito complejo y el crimen organizado (...) desde que se advierte en los últimos años que, en forma creciente, la delincuencia en general, y en especial las bandas delictivas, utilizan teléfonos móviles como herramientas indispensables para llevar a cabo sus fines”.
La medida que busca reducir el robo de celulares en el país, alrededor de 5000 por día, y el uso de las líneas para la realización de secuestros express, virtuales y cuentos del tío entre otras modalidades, retoma la que se conoció como ley Blumberg (25.891) sancionada el 28 de abril de 2004, que nunca fue reglamentada.
Los quince días que empezaron a correr desde ayer, tiene como meta que el Enacom defina y difunda las características del nuevo registro de usuarios de comunicaciones móviles. Así mismo, la resolución establece  que “la obligación de nominar las líneas telefónicas estará en cabeza de los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles de todo el país, quienes deberán desarrollar, operar y administrar a su costo los sistemas a implementar”.
También fija que “los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles deberán albergar la información de manera segura, auditada y perdurable, debiendo la misma estar disponible para el eventual requerimiento del Poder Judicial y/o del Ministerio Público”.
La medida adoptada apunta a la identificación de las líneas de los celulares prepagos, que concentran alrededor del setenta por ciento de los usuarios. Los postpagos o con facturación ya están identificados en las bases de datos de cada empresa prestadora del servicio.
Para el monitoreo de la implementación se crea una Comisión Conjunta de Seguimiento, que estará integrada por 6 miembros, de los cuales tres serán propuestos por el ministerio de Comunicaciones y los otros por el de Seguridad.
Según fuentes del organismo regulador, desde mediados de año funcionarios y técnicos de las empresas telefónicas vienen desarrollando una herramienta para validar la identidad de quienes compran un chip prepago. 
Quien adquiera una línea prepaga, con el nuevo mecanismo, en principio solo podrá realizar llamadas de emergencia. Para activarla deberá validar su identidad a través de una serie de preguntas como las utilizadas por los bancos para autenticar a sus clientes. Luego, esas respuestas serán comparadas con los registros de personas y bases de datos que tiene el Estado: cuando se comprueben las coincidencias la operadora dará de alta la línea telefónica.
Las empresas estiman que una vez definido el procedimiento por el Enacom, necesitarán unos tres meses al menos para implementar la nueva herramienta de software.
En mayo, Enacom adhirió a la campaña para proteger a los usuarios móviles, que lanzó bajo el lema “nos importa”, la asociación de empresas de telefonía móvil de la región, GSMA. Con la idea de “empoderar al usuario contra el robo de celulares” les advierte la importancia de que cada dueño de celular tenga en cuenta el IMEI del aparato que poseen y en que, en caso de robo, puedan dar este número que es el que identifica al equipo. Con ese número que funciona como un DNI del equipo, las operadoras pueden pasarlo a una “lista negra”, más conocida en el mercado como la “banda negativa” de modo que ninguna de ellas lo active como un nuevo usuario. 
En cuanto al nuevo mecanismo que activará el ente regulador, PáginaI12 consultó a Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones, quien sostuvo que “por ahora solo me surgen preguntas. Hay millones de líneas que no están identificadas, ¿qué pasa con esas líneas?, ¿las cortan si no se registran?, ¿cuáles serán las consecuencias?, porque si no hay una medida contra el no registro, no parece que vaya a ser útil”.