La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de cinco inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa de Time Warp. Los funcionarios quedaron al borde del juicio oral por “incumplimiento de deberes de funcionario público” durante la noche de la tragedia en la fiesta electrónica, el pasado 15 de abril, en el Centro Costa Salguero. En su momento, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, había sostenido que los inspectores habían realizado los controles correspondientes y que “si había siete mil personas más es una hipótesis del fiscal, el que define acá es el juez”. Definió el juez, y ahora, la Cámara.
La resolución de la sala II del Tribunal de Apelaciones está dirigida a los inspectores Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Pablo Fontanellas, Gustavo Herms y Néstor Cella, al dar por probado que durante la fiesta los inspectores tenían un “efectivo conocimiento” de lo que ocurría en el lugar, con la presencia de al menos 20513 personas cuando la capacidad habilitada era de 13000. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, sostuvieron que “esto no pudo pasar desapercibido para quienes estaban allí con el objetivo de controlar periódicamente también este aspecto de la organización”. 
El tribunal confirmó la decisión del juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso, pero redujo la gravedad de las acusaciones, como también los embargos, que descendieron de 10 a 1 millón de pesos para cada uno. Casanello había procesado a los inspectores por delitos como “partícipes necesarios del delito de comercialización de estupefacientes agravado en concurso formal con el de abandono de personas, abandono de personas seguido de grave daño en la salud y abandono de personas seguido de muerte en concurso ideal con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sin embargo, Irurzun y Farah los dejaron acusados únicamente por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, un delito más leve, al entender que “por el momento no hay evidencia concreta de cohechos ni prueba de otro tipo de connivencia entre los referidos funcionarios y los organizadores”.
Los camaristas advirtieron que por el momento “no resulta posible colocarlos en posición de cómplices de la facilitación del lugar para la venta y el consumo de estupefacientes atribuida a los responsables del evento”, aunque ordenaron profundizar la investigación sobre “el eventual involucramiento de los funcionarios en los delitos que derivaron” en la muerte de los cinco jóvenes a raíz del consumo de drogas sintéticas durante la fiesta. 
El pasado 4 de noviembre, la misma cámara confirmó el procesamiento de Walter Santángelo, gerente de la empresa Energy Group, y de Facundo González, presidente de Multiticket, ambos por los delitos de  homicidio y lesiones culposas, sin prisión preventiva. Santángelo y González habían estado prófugos y se entregaron luego de la excarcelación de los seis empresarios imputados que estaban bajo prisión preventiva. Esto ocurrió el 4 de julio último cuando, al igual que en la resolución de ayer, los camaristas redujeron la gravedad de las acusaciones. En aquel entonces modificaron la calificación de los delitos de “comercio de estupefacientes y abandono de persona seguido de muerte”, por la de “facilitación del lugar para consumo y venta de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas”, que recaía sobre Adrián Conci, presidente de Dell Producciones (empresa organizadora de la fiesta), los apoderados de la firma Carlos Garat y Máximo Ávila, el mediático abogado Víctor Stinfale, el encargado de seguridad de la fiesta, Carlos Penisse, y Martín Gontad, uno de los organizadores. Los seis empresarios quedaron libres a raíz de este fallo. 
Por otro lado, tres presuntos “dealers” fueron acusados en septiembre por el fiscal federal Federico Delgado, bajo la sospecha de comercializar drogas sintéticas durante la noche de la fiesta.
El juez Casanello procesó también, en junio de este año, a 26 integrantes de la Prefectura Naval acusados de haber sido “partícipes necesarios”, al haber estado en Costa Salguero durante la madrugada del 15 de abril. En el mes de mayo, otros dos uniformados de la Prefectura habían sido procesados, uno de los cuales fue además detenido. Se trata de Néstor Alarcón Torres, del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de Prefectura, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el día de la tragedia en Costa Salguero. El otro prefecto procesado fue Alberto Gabriel Pandiani, quien estuvo a cargo del operativo exterior de la Time Warp, es decir, funcionó como “policía adicional” contratada por los empresarios organizadores.