La primera consecuencia de las amenazas de muerte contra el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, y el camarista de San Isidro, Fernando Maroto, denunciadas por dos presos de la cárcel de Dolores derivó en la separación del cargo del director del penal, Pedro César Guerrero. Los dos presos denunciantes fueron molidos a palos antes de entrevistarse con Chichizola. El ministro de Justicia bonaerense Eduardo Di Rocco ordenó que Guerrero quedara en disponibilidad. La primera consecuencia del escándalo fue, en realidad, indirecta: Guerrero fue removido porque los dos presos habían sido trasladados desde el penal con dos facas ocultas en la suela de sus ojotas. El apellido del jefe del penal es desconocido públicamente, pero es uno de los más conocidos intramuros: Página/12 tuvo acceso a otra denuncia semejante que lo involucra directamente. Las técnicas de Guerrero no son de su propiedad sino que pertenecen al sistema: por razones semejantes, fue dispuesta la remoción del jefe y del director de seguridad de Batán.
El primer paso de la denuncia tuvo lugar el miércoles 4 de febrero, cuando Chichizola y su adjunto, Fernando Domínguez, visitaron la U6 de Dolores. Allí, un preso pidió hablar con los fiscales, pero no aceptó hacerlo en los pabellones por temor a ser golpeado. Anteriormente había sido muy maltratado por haber logrado, a través de Chichizola, que los penitenciarios le administraran su medicina como asmático. El miércoles 11 fue llevado hasta la fiscalía de San Martín junto a otros dos internos. Allí denunció que el director del penal, el inspector mayor Pedro César Guerrero, le había encomendado asesinar a Maroto. El segundo preso dijo lo mismo, pero el trabajito que le habían encomendado tenía como objetivo al propio Chichizola. Ambos habían recibido una soberana paliza, constatada por los forenses de la Justicia, aunque en la historia clínica del SPB no figuraba que hubieran recibido ningún tipo de golpes.
Durante la noche del jueves, el ministro Di Rocco dispuso la inmediata remoción de Guerrero como jefe del penal. El escándalo anterior, ocurrido en noviembre de 2003, durante la gestión del ex ministro de Justicia Alfredo Meckievi, y que involucró al jefe del penal de Magdalena, Rubén Puente, derivó en una remoción con olor a premio: Puente fue enviado con un cargo jerárquico al área clave de Investigaciones, y según fuentes confiables, fue ascendido a principios de este año. De acuerdo con lo que aseguró a Página/12 el actual ministro, Di Rocco, no sería el caso de Guerrero: “Ordené su pase en disponibilidad”, dijo el funcionario.
Los motivos: el ministro consideró como “falla gravísima de seguridad que dos presos hayan sido subidos a un celular con dos facas ocultas”. Por otro lado, aseguró que se abrió un sumario para investigar la filtración de facas. El hecho es más que habitual: en lo que va del año, sólo en el penal de Batán fueron requisadas 872 facas, lo que demuestra que no aparecen por generación espontánea ni que existen por decisión unilateral de los presos. Tres de ellas fueron requisadas tarde: en ese plazo fueron asesinados otros tantos internos. Fuentes oficiales aseguraron a Página/12 que ya fue firmada la remoción del director del Seguridad y del jefe del penal de Batán.
No son los únicos: este diario ya informó sobre la muerte de 11 presos en lo que va del año, a la escandalosa razón de un preso asesinado cada cuatro días. El secretario de Derechos Humanos bonaerense Remo Carlotto confirmó la cifra. La misma Secretaría, a través del 0800-333-6266 abierto para recibir denuncias de detenidos, “aporta habitualmente a la Justicia infinidad de casos y realiza el seguimiento de los ya abiertos, el seguimiento protectivo de los denunciantes y su traslado a otras dependencias”, señaló el titular de Derechos Humanos. De esos aportes derivaron, el miércoles pasado, los allanamientos de las unidades 23 y 24 de Florencio Varela, y un procedimiento en la 31 de la misma localidad,realizados por el fiscal de Quilmes Luis Armella, acompañado por personal de la Secretaría de Carlotto.
Según una fuente de la misma oficina, a través del 0800 “recibimos en promedio 700 denuncias al mes, de las que una por día se refiere a torturas y maltratos”.
Mientras el fiscal de San Martín Fabio Cardigonde investiga los apremios ilegales contra los dos presos de Dolores, la Justicia avanza sobre la línea de las amenazas contra Chichizola y Maroto. En ambos casos, la definición modificaría la suerte del Guerrero en reposo.
Página/12 tuvo acceso a otra denuncia que podría sumarse a las pruebas administrativas sobre el ex jefe disponible. El preso Roberto Fernando Gálvez Olivos (pidió mención de su nombre) había denunciado que mientras estaba en la U-13, de Junín, un jefe, de apellido Lastra, y el subdirector del penal, de apellido Labanca, le encargaron asesinar a otro preso. Gálvez rechazó el convite y fue trasladado a Dolores. Allí, Gálvez denunció que el ahora conocido Guerrero y otro jefe del penal de Dolores, de apellido Toledo, le encargaron asesinar a Maroto a cambio de salidas transitorias.
Guerrero no aceptó y comenzó a sufrir las largas peripecias del SPB. Se enteró que otro preso había recibido el encargo de asesinarlo, de boca del propio sicario arrepentido. De allí, tras los correspondientes tratamientos curativos, fue enviado a la unidad 24 de Varela (la allanada) y luego a la 30, de General Alvear, de donde fue remitido a la 24 (asegura que allí el jefe del penal de apellido González lo amenazó de muerte) y más tarde a la 23 (la otra allanada). Ahora pasa sus días en la unidad 29 de Melchor Romero, unidad para presos psiquiátricos.