Desde Santiago del Estero

Ella entró. El edecán buscó su nombre en el libro de audiencias. Observó sus pies, su pollera larga. Cerró el libro. Caminaron unos metros por la casa de gobierno. Su padrino la esperaba en un despacho. Sara Alicia Ponce no tuvo más noticias de él hasta días más tarde: el 11 de junio de 1975 en una sala de la Secretaría de Informaciones. Cuando comenzaba la tortura, el edecán le dió un mensaje: “Te traigo un mensaje de tu padrino: cantá”. Carlos Arturo Juárez, el padrino, el gobernador de la provincia, le avisaba que si reconocía que formaba parte del ERP, “la dejaría en libertad”.
El testimonio de Sara Ponce integra el expediente de la causa federal donde se investigan las desapariciones de 103 santiagueños desde antes y durante la última dictadura militar. Permiten entender el puente de conexión entre pasado y presente político de la provincia. Mencionan nombres, métodos de control y una política de terrorismo de Estado que sigue activa desde la época de José López Rega. En el medio, aparece el nombre de Juárez. El mismo ex gobernador que semblantea su imagen política de acuerdo a los tiempos y que hace dos días frente a las cámaras de televisión levantó las banderas de los derechos humanos: una política esquizoide de alineamiento al gobierno nacional.
Sara Ponce vive en Estados Unidos y es abogada. El 17 de febrero de 2004 volvió a Santiago del Estero para presentar su testimonio en la fiscalía federal. En 1975, tres miembros de la Side se la llevaron de la Universidad Nacional de Santiago donde estudiaba abogacía. La trasladaron escondida en un auto hasta la Side. Fue sometida durante cinco días a torturas físicas y psíquicas en las que volvió a encontrarse al edecán de la casa de gobierno: “Un día me llevaron a una pieza donde estaba Marino. Lo había conocido el día que fue a visitar a mi padrino, Dr. Carlos Juárez, en ese momento gobernador de la provincia. Marino actuaba como secretario personal o privado de Juárez”. En la pieza de la Side, continúa la declaración, “Marino le dijo: “Traigo la propuesta de tu padrino: si dices que sos del ERP, te dejará en libertad”.
José Marino es porteño, uno de los hombres del lopezrreguismo que había formado parte de la División de Inteligencia de la Policía Federal en los Ferrocarriles Argentinos. En 1975 era uno de los cinco personajes que integraban el aparato represor del gobierno de Juárez, según otra de las revelaciones que aparece en una declaración a la que accedió este diario. En este caso se trata del testimonio de Juan José Velasco, jefe del Departamento de Coordinación y Enlace de Catamarca durante la dictadura. Su testimonio fue clave en 1984 en la búsqueda de datos sobre Roberto Horacio Bugatti, un ingeniero desaparecido durante la represión, y ahora podría ser clave en la revisión de la historia de Santiago.
El textual de Velasco sobre Marino y Juárez dice: “Que entonces Marino viene (a Buenos Aires) y se encuentran en el Hotel Ancasti y hacen un intercambio de información, ya que Marino junto con otro compañero, Oscar Nis, eran los hombres de inteligencia del ex y actual gobernador de Santiago del Estero, Dr. Juárez”. En ese momento, Santiago del Estero era la única provincia del país, según los referentes locales de los organismos de derechos humanos, que no tenía parapoliciales al estilo de la Triple A. “Tenía escuadrones de la muerte formados por policías y empleados públicos de la provincia”, dicen.
La declaración de Velasco da cuenta de cómo funcionaba ese aparato, con los detalles que en su momento le explicó Marino: “Es que cuando Marino se hizo cargo de sus funciones en Santiago del Estero, se produjo una división en las actividades represivas cumplidas por las fuerzas legales y el marco de la legalidad. Por una parte el gobernador Juárez, el ministro de Gobierno, la esposa del gobernador, Marino, Nis y funcionarios de jerarquía de la policía de la provincia, reprimían la actividad subversiva motivados por el cumplimiento de la ley y fundamentalmente porque al ser justicialistas se oponían a cualquier otra ideología”. Y continúa para instalar, ahora, en el escenario al ex comisario Musa Azar: “Y otro escalón de represión de las actividades subversivas lo constituían la guarnición militar de Santiago del Estero y el comisario general Musa Azar, jefe de una oficina denominada Side, donde la situación ideológica no tenía peso y su desempeño estaba regido por un concepto de profesionalidad”.
Velasco declaró ante Jorge Horacio Ahumada, del Juzgado Federal de Catamarca, el 27 de abril de 1984, en plena apertura democrática. Una deuda pendiente en Santiago del Estero. Sara Ponce prestó su declaración hace poco más de diez días en el marco de una investigación impulsada el año pasado en el juzgado federal por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El testimonio cuenta con datos que no fueron recogidos por la Conadep, simplemente porque muchos santiagueños no hablaron. Por miedo. Pero además porque los hombres de aquel entonces continuaron manejando las estructuras de poder de la provincia.
Entre ellos, El Padrino. Aquel nombre que Sara Ponce volvió a escuchar después de un nuevo traslado, esta vez entre los agentes de la Policía Federal. Ese fragmento de la declaración recoge además un dato sobre la Universidad Católica de Santiago: “Mientras estaba detenida en el penal de mujeres –dijo–, se le concede permiso de ir a rendir Derecho Internacional Privado a la UCSE”. El jefe y el subjefe de la Policía Federal “la trasladan y se la presentan a los profesores y le dicen que si alguien intenta rescatarla, la mataban inmediatamente”. Horas más tarde, esos hombres de la Federal nombraron a Juárez: “Le dijeron que traían un mensaje de su padrino Juárez –relató–: que si delataba a las compañeras que vivían con la deponente en la cárcel le otorgarían inmediatamente la libertad”. Ella se negó. “Ante la respuesta le dijeron que nunca saldría y fue llevada nuevamente al penal.”
Entre sus compañeras de cautiverio estaban, por ejemplo, Cristina Torres, ahora delegada en Santiago de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. En el invierno de 1976, las dos estaban en un pabellón vacío, con camas, una mesa, una Biblia y cuatro sillas. Comían una vez por día “agua que le llamaban sopa que tenía unas verduras como acelgas flotando y unos huesos con poca carne pegada”, contó Ponce. Por el penal pasó Musa Azar, el juez federal Santiago Grand y el capellán Marozzi, que le preguntó “si había tenido relaciones sexuales con su novio” antes de pedirle que “dijera a los militares todo lo que había hecho, implicando que confiese”.
La responsabilidad de Juárez en esta parte de la historia de Santiago del Estero aún no fue revisada. Hay un entramado de variables políticas, jurídicas y de procesos sociales que, tal vez, logren explicar las demoras de una acusación que pesa sobre su cabeza desde hace cuatro meses, a partir de una denuncia presentada en la Justicia federal por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia que nuclea a víctimas y familiares de la represión. El juez Angel de Jesús Toledo se mostró dispuesto a imputarlo e indagarlo hace una semana, después de las revelaciones del acorralado ex comisario Musa Azar (ver aparte). La indagatoria aún está pendiente.