Aníbal Ibarra y Mauricio Macri extendieron ayer sus diferencias políticas a un conflicto que tiene como eje la usurpación de tres calles y una parcela de 580 metros cuadrados en el barrio de la Boca, que el jefe de Gobierno porteño pretende recuperar para la ciudad y, por el contrario, el presidente de Boca Juniors aspira a conservar en poder del club. Los problemas comenzaron el domingo pasado con el desalojo parcial de las tres arterias que la institución ocupaba ilegalmente, situación que tomó estado público cuando un grupo de vecinos la denunció, cansado por una serie de compromisos incumplidos que hubieran permitido mejorar las condiciones de vida en ese popular barrio porteño.
“Se trata de espacios públicos de la ciudad y que están en un sector donde se desarrollará la construcción de un polo educativo y urbano. Hasta ahora los tenía incautados Boca como playa de estacionamiento”, explicó Ibarra. “Esta decisión parte al club por la mitad y crea un nivel de inseguridad en la semana, que será mucho peor los días de partido. Mis compañeros de comisión directiva me reclaman que esto pasó por culpa de que me metí en la política”, respondió Macri, en un contrapunto con el jefe de Gobierno que reflejaron varias emisoras radiales.
“Es una cuestión muy grave que se intruse terrenos de dominio público de la ciudad”, le dijo a Página/12 Fernando Verdaguer, asesor de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana que a fines de 2003 tuvo injerencia en el tema. Por su parte, Roberto Naone, integrante de la Asociación Vecinos Terrenos de Casa Amarilla, sugirió que “si el club utilizó las calles como estacionamiento, debería devolverles el dinero que les cobró a los abonados a plateas y palcos. De ese modo, se solucionaría una parte del problema”.
Boca fue intimado el viernes 20 de febrero para que desalojara “en el plazo perentorio de diez días” tramos de las calles Aristóbulo del Valle, Espora y Villafañe, más una parcela ubicada en la intersección de estas dos últimas arterias que es propiedad del Instituto de Vivienda de la ciudad. Los vecinos pretenden que se construya en la zona un paso a nivel sobre las vías del ferrocarril de carga que pasa por allí y que se liberen las calles para una mejor comunicación entre el barrio y Barracas.
Un informe del 27 de noviembre del año pasado, firmado por la arquitecta Margarita Charriere, por entonces subsecretaria de Espacios Públicos y Desarrollo Urbano, especifica que no existe “autorización alguna para la localización de estacionamientos ni ningún otro permiso en el área relevada o identificada”. La denuncia contra Boca prosperó con este tipo de comprobaciones y el modo en cómo se involucraron en el tema el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y su secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín. El primero le envió una breve nota al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el 23 de setiembre del 2003, que acompañó con documentación sobre la ocupación de las calles y terrenos. Dieciséis días después –el 9 de octubre– se abrió el expediente 63.209 por usurpación.
Si el club resistiera la orden de desalojo de la Dirección General de Administración de Bienes de la ciudad que vence el próximo viernes a las 14.45, el paso siguiente sería la confección de un decreto y el pedido de intervención a la fuerza pública para reabrir las calles que todavía están cerradas por cinco portones. Los vecinos creen que detrás de esas estructuras enrejadas y en parcelas aledañas ocupadas por empresas como Irala 2000 SA y Terminal 7 se oculta un negocio de miles de pesos, que creció al compás de los éxitos cosechados por el equipo de Carlos Bianchi: el estacionamiento para autos los días que Boca juega como local, a razón de 15 pesos por vehículo “en una franja de siete cuadras cerradas por alambrados desde Brandsen hasta Py y Margall”, describe con precisión Naone.
Otra de las consecuencias que ha generado esta disputa es la amenaza de cierre definitivo de la pileta olímpica que posee el club. Macri consiguió neutralizar a la oposición en Boca mediante un tercer mandato al que accedió sin elecciones, pero no puede evitar las sospechas de que quiere construir un estacionamiento más para abonados a palcos y plateas en donde se encuentra ubicado el natatorio.
En la raíz del conflicto actual que separa al ingeniero de muchos vecinos de la Boca está la falta de cumplimiento a un convenio firmado en 1995, cuando a la institución se le otorgó la posesión de 4 hectáreas y media de terrenos en el denominado predio de Casa Amarilla. El club debería haberle brindado acceso a sus instalaciones a 14.000 alumnos de nivel primario de escuelas públicas de los barrios de la Boca y Barracas para realizar sus clases de educación física. Sin embargo, según Naone, el primer acto administrativo de Macri como presidente “fue exigir a los 500 jóvenes becados del barrio la cuota societaria”. El dirigente futbolístico y líder de la fuerza política Compromiso para el Cambio afirma que, por el contrario, el club “ayuda al Hospital Argerich, les da de comer a los chicos de la zona y otorga becas a alumnos de escuelas vecinas...”
Sea como fuere, la nueva urbanización vecina al estadio de la Bombonera sólo consiguió avanzar en la pavimentación de una sola cuadra (Pilcomayo), mientras la construcción de las nuevas calles demandará una inversión de 1.190.000 pesos, siempre y cuando prospere el desalojo de las arterias usurpadas por Boca para completar un convenio firmado por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y el gobierno de Aníbal Ibarra.
El expediente 63.209, que puede acabar con la actual disposición de accesos y estacionamientos lindantes a la cancha de Boca, contiene hasta un plano que sería adulterado y que incorpora al dominio del club las calles Wenceslao Villafañe, Aristóbulo del Valle y Espora, más la parcela en conflicto. Ahora resta esperar si avanza el desalojo que cambiaría el mapa de un barrio donde el ingeniero Macri ha tenido, muy a menudo, problemas con los vecinos.