Son casi mil personas que mantienen las tradiciones, la cultura, el idioma y la forma de vida de sus ancestros. Pertenecen al pueblo originario Sarayacu, de la zona amazónica ecuatoriana, pero corren peligro de perder todo frente a un emprendimiento multinacional que busca petróleo en sus tierras ancestrales. Organizaciones sociales advirtieron que se está violando la Constitución ecuatoriana, denunciaron que el gobierno de Lucio Gutiérrez desoye las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, ante la seguridad de que la comunidad resistirá la irrupción de las empresas, advirtieron la posibilidad de graves violaciones a los derechos humanos. En el conflicto está involucrada una compañía de empresarios argentinos: el Grupo Soldati. Por ese motivo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la organización ambientalista Greenpeace reclamaron la intervención de la Cancillería argentina.
“Exigimos la intervención de la Cancillería para evitar que una empresa argentina amenace los derechos humanos y la libre determinación de esta comunidad aborigen de la Amazonia ecuatoriana”, subrayó Pérez Esquivel, titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y remarcó que “debe respetarse la decisión del pueblo de Sarayacu”.
La comunidad Sarayacu está ubicada en la región amazónica ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, y resiste desde mediados de 2003 la instalación de empresas petroleras en su territorio ancestral. Debido a su oposición, las firmas aún no pudieron comenzar la búsqueda de petróleo, pero cuentan con el permiso del gobierno local para hacerlo. Entidades internacionales de derechos humanos estiman que las empresas intentarán comenzar su trabajo la próxima semana y, por ese motivo, lanzaron un llamamiento internacional para garantizar presencias en el lugar. La carta a la Cancillería argentina responde a ese llamado.
La empresa involucrada es la Compañía General de Combustibles (CGC), propiedad del fondo de inversión Southern Cross y, en forma minoritaria, de Santiago Soldati. La intención del escrito enviado por Pérez Esquivel y Greenpeace es advertir al canciller Rafael Bielsa lo que puede suceder si la compañía sigue adelante con su decisión de explorar el territorio. “La comunidad aborigen está dispuesta a resistir hasta las últimas consecuencias, así que nuestra intención es que Cancillería esté atenta sobre posibles violaciones a los derechos humanos en un conflicto donde está presente una compañía nacional”, explicó el director de Campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga. “La preocupación es grande porque la explotación de petróleo en Ecuador siempre estuvo signada por la violencia”, agregó.
En la carta se destaca que “la comunidad Sarayacu ha sido testigo de los graves daños ambientales y culturales producidos por las empresas y por este motivo están convencidos de que esas actividades amenazan su existencia como comunidad, y se oponen al ingreso de las empresas en su territorio”. En el comunicado de ambas organizaciones se destaca que la Constitución del Ecuador señala que ante emprendimientos de este tipo debe consultarse a las comunidades aborígenes.
Informe: Darío Aranda