Asistencia psicológica, seguimiento de las causas judiciales y trabajo en conjunto con las organizaciones no gubernamentales que tengan como objetivo mejorar el funcionamiento y el acceso a la Justicia. Este es el propósito del Centro de Atención a las Víctimas de la Delincuencia, que comenzó a funcionar formalmente ayer dentro de la órbita del gobierno bonaerense. El centro, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, incluirá además una Comisión de Participación Ciudadana, integrada por familiares de víctimas de asesinato, desaparición, secuestro y violación, entre otros delitos, que tendrá su primera reunión la semana próxima.
“Buscamos formar redes de participación para dar una respuesta conjunta más rápida y, para eso, nos servimos del aporte de la experiencia personal, que es indelegable y potencia las posibilidades de dar una respuesta integral. La comisión está formada por víctimas del accionar de personal de seguridad, del delito o familiares de policías que fueron asesinados”, explicó a Página/12 el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto.
Para poner en marcha la comisión, el gobernador Felipe Solá convocó ayer a los familiares de víctimas de la delincuencia, entre los que se encontraban Silvia Braunde Iglesia, madre de Horacio Iglesia Braun, asesinado junto a su novia María Victoria Chiaradía en Bahía Blanca y Graciela de Agusti, madre de un cabo asesinado en Mar del Plata.
Solá señaló que la comisión también pretende incluir a aquellos que “habiendo tenido solución desde el punto de vista policial y legal en el problema que han tenido consideran que los asesinos de sus parientes pueden salir antes de tiempo por la legislación actual”. Una de las discusiones más vigentes en torno de estos casos es el de los violadores que quedan en libertad antes de cumplir con su condena y reinciden en el delito.
“La protección a las víctimas –dijo Solá– es una combinación de protección legal que siempre necesitan los familiares, más la atención psíquica, física y material que en otros casos requieran.” Su trabajo será “buscar en la provincia otros familiares de víctimas que consideran que su caso no está cerrado o que no se ha hecho justicia o sospechan de impunidad; que tienen quejas por el tratamiento que ese episodio tuvo por parte del Estado”.
Hasta ayer, el Centro ya había recibido más de cien llamados de personas que en la mayoría de los casos sufrieron el homicidio de algún miembro de su familia. La atención en el centro está a cargo de psicólogos y abogados, que realizan el seguimiento de cada caso.
La comisión, que funciona dentro de la órbita del Centro de Atención, también tiene como objetivo “potenciar el trabajo de ONG” que buscan agilizar la Justicia, modificar las penas o la estructura judicial. “La idea es agilizar los reclamos de las organizaciones mediante el Centro, que a su vez coordinará el trabajo con el resto de las áreas del Estado, ya sea el Ministerio de Justicia, el de Seguridad o Desarrollo Social”, sostuvo Carlotto. Además de estas carteras, el centro estará “en contacto permanente” con el Poder Judicial de la provincia “para conocer el estado de las causas”. El funcionario adelantó también que solicitarán a los ministerios de Salud y Justicia el “aporte de profesionales para poder dar una respuesta inmediata a todos los casos, ya que ésta es una provincia muy extensa”.
La Comisión de Participación Ciudadana también está integrada por Nora Torres, madre de Víctor Balza, muerto por la fuerzas de seguridad; María Denegri, madre de Leandro, muerto en un intento de robo de auto; Viviana Zubiaurre, cuyo marido está desaparecido desde hace tres años en el partido de la Costa, y Rosa Inés Romero, esposa de un sargento fallecido en Isidro Casanova. “En todos estos casos, queremos que las víctimas tengan un lugar, una contención y si es posible una solución legal, judicial a su problemática”, sostuvo Solá.