Se cuenta que hubo un tiempo en que les arrancaban un diente por cada caña de azúcar que los vieran chupando, que les sacaban sus hijas para entregárselas al patrón y que luego las violaban. Los terratenientes compraron miles de hectáreas, con las comunidades aborígenes incluidas. Las historias del ingenio azucarero San Martín del Tabacal, en Salta, forman parte de la memoria de las 150 familias guaraníes, descendientes de aquel pueblo originario, que ahora volvieron a sentir el poder de la empresa más grande de la provincia: golpes, cárcel y hasta simulacros de fusilamientos por intentar recuperar la tierra de sus ancestros. Como respuesta, organizaciones sociales realizarán hoy un escrache en las oficinas de Buenos Aires y, la próxima semana, en la casa central, en Estados Unidos. Además, ya comenzaron un boicot a la compra de azúcar que produce el ingenio, lo que ocasionó la ira de los ejecutivos reflejada en más amenazas hacia los aborígenes.
El colaborador de la comunidad Guido Cazón explicó que “la represión fuerte, despiadada, fue en septiembre, donde no distinguieron entre hombres, mujeres, niños o ancianos. Desde ese momento, como el reclamo siguió en pie, hay continuas amenazas de policías, de la seguridad de la empresa, todo tipo de intimidaciones, acrecentadas ahora a partir del boicot propuesto por los compañeros de Buenos Aires. Están así porque comenzaron a perder dinero”.
Las 150 familias de la Comunidad Estación El Tabacal viven en la localidad de Hipólito Yrigoyen, amontonadas en una hectárea y media. Pero todos los días llegan a lo que fueron sus tierras, en una zona llamada La Loma, que queda a pocas cuadras de sus actuales casas. Ahí están sus plantaciones de maíz y zapallo, la leña, sus yerbas medicinales y sus ancestros. En septiembre último decidieron volver a esa tierra, unas 5000 hectáreas que la empresa no utiliza. Estuvieron siete días hasta que, por orden del juez Oscar Blanco, gendarmes, policías y personal de seguridad de la compañía irrumpieron de noche en el asentamiento. Según denunciaron, inundaron el lugar de golpes y, emulando tiempos de la dictadura, ejecutaron simulacros de fusilamientos. Hubo unos cincuenta detenidos, hasta Haidée Cuñanpida, una abuela de 88 años.
Una decena de organizaciones harán hoy a la tarde un escrache en las oficinas comerciales de Buenos Aires: el punto de encuentro será a las 15 en la Torre de los Ingleses, en Retiro, y de ahí marcharán hasta Alem 986. La noticia de la represión cruzó la frontera y militantes de Estados Unidos se solidarizarán con la lucha, harán una medida similar en la sede central de la compañía, en Boston, el próximo 20.
Luego del violento desalojo de septiembre, la comunidad decidió marchar 226 kilómetros caminando hasta la capital salteña para entrevistarse con el gobernador, el menemista Juan Carlos Romero. Tardaron siete días y estuvieron otros treinta esperando audiencia frente a la casa de gobierno provincial, pero Romero no los recibió. Optaron por marchar hacia Buenos Aires, a entrevistarse con el Presidente. Vieron a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al entonces titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Julio Sosa. Según representantes de la comunidad, les prometieron que para febrero iba a estar listo un proyecto de expropiación de las tierras. Sin embargo, en diálogo con Página/12, el actual titular del INAI, Jorge Rodríguez, dijo que el único compromiso del organismo es financiar mediante un subsidio a un abogado que represente un posible litigio judicial. En todo momento desmintió la posibilidad de una expropiación de tierras.
La represión originó la solidaridad de las organizaciones sociales, que empapelaron el pueblo denunciando el autoritarismo de la empresa. Además, impulsan una campaña contra el principal producto de la firma, el azúcar marca Chango. Por correo electrónico y en los medios periodísticos alternativos se repite el mensaje de no comprar el producto. Desde que se largó la campaña se incrementó el hostigamiento y la persecución a los miembros de la comunidad guaraní. Página/12 se comunicó con las oficinasde la empresa, pero sus directivos prefirieron no opinar sobre el conflicto.
El Tabacal está ubicado en el departamento de Orán, a 266 kilómetros de la capital salteña y pertenece a la empresa norteamericana Seaboard Corporation, una firma dedicada a la agroindustria y el transporte marítimo. Su historia comenzó en la década del 20, cuando terratenientes se apropiaron de miles de hectáreas y luego las vendieron –con las comunidades adentro– a Robustiano Patrón Costas, que utilizó a los guaraníes como mano de obra esclava. En la actualidad, ocupa un millón de hectáreas, casi el 70 por ciento del departamento de Orán, emplea a un millar de personas y es una de las empresas líderes del sector. Desde que fue adquirida por la multinacional, industrializó su producción, por lo que las máquinas suplantaron a centenares de obreros. Sin embargo, la mayor parte de los habitantes de Hipólito Yrigoyen depende de la compañía. “Ante nuestro reclamo la empresa amenazó con despidos y cuando nosotros insistimos, dijo que se iba a ir a otro lado. Esto hizo que el pueblo elija ponerse del lado del ingenio”, explicó la presidenta de la comunidad guaraní, Mónica Romero.
Documentos del Obispado de Orán prueban que la comunidad guaraní vivía en ese lugar en 1804, cien años antes de la instalación de la fábrica. Pero los propietarios exhiben una cédula parcelaria, un escrito que acredita propiedad ante cualquier pedido judicial. Para los pueblos originarios la prueba irrefutable de su posesión son los tres cementerios aborígenes que hay en El Tabacal.

Informe: Darío Aranda.