Hace tres años, una nena fue violada y asesinada en Olavarría por un hombre que debía estar preso, pero fue beneficiado con una libertad anticipada. Ahora, el padre de la nena inició un juicio por daños y perjuicios por 6 millones de pesos contra los estados provinciales de Chubut, Neuquén y Buenos Aires, a los que considera responsables de su liberación. El juicio se funda –según su abogado– “en la responsabilidad de cada una de las provincias por la mala gestión de algunos de sus poderes” que posibilitaron la libertad del hombre, con antecedentes por violación seguida de muerte.
“No pude cuidar a mi propia hijita que murió en manos de un violador y asesino. Vivo con esa culpa desde hace tres años”, señaló a este diario Miguel Angel Falcón, padre de Jennifer, quien fue asesinada en Olavarría en 2001 por Mario Sayago, quien por ese entonces debía estar preso cumpliendo una sentencia por violación y asesinato de dos mujeres en Chubut. Pero estaba en libertad beneficiado por decretos dictados en esa provincia y por la ley 24.390, del “dos por uno”. Falcón explica ahora que inició la demanda “por la bronca” que le quedó y porque quiere “que las autoridades se fijen a quién conceden la libertad”.
“Yo quería demandar a Carlos Maestro, que era el gobernador de Chubut en aquel tiempo, quien firmó los decretos que motivaron la libertad del asesino. Me gustaría que este señor estuviera aunque sea una noche sin dormir como las noches que he pasado yo después de la muerte de Jennifer”, dijo Falcón, que trabaja como policía. El 20 de febrero de 2001, Mario Sayago violó y mató a Jennifer de tan sólo 7 años.
Según el abogado de Falcón, Carlos María Alem, “se trata de una acción por daños y perjuicios contra la provincia de Chubut por medidas otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma indebida que beneficiaron a Sayago; a Neuquén por la mala gestión de los jueces que intervinieron en cada uno de los casos en que se lo juzgó a Sayago; y al Estado provincial de Buenos Aires por su responsabilidad indirecta, ya que días antes de la muerte de Jennifer la Policía Bonaerense omitió investigar una denuncia telefónica contra Sayago por intento de violación a un menor”.
La demanda se inició en 2002 en Olavarría, pero aún no se resolvió la cuestión de competencia jurídica del caso. “Extraño todo de mi hija, su sonrisa, prepararla para ir a la escuela, tantas cosas. Pero ya no la tengo. No quiero el dinero. Nada me la va a devolver. Yo trabajo para cuidar a gente que no conozco y no pude cuidar a mi propia hija. No tengo consuelo”, describió Falcón, quien se desempeña en la División de Investigaciones Complejas y Narcocriminalísticas del partido de Azul.
El 19 de marzo de 1983, Sayago había secuestrado, violado y asesinado a dos mujeres en Puerto Madryn, Chubut. Por esos delitos, sumados a los de amenazas y destrucción de documentos de identidad, fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión. Esa sentencia debía vencer el 19 de septiembre de 2004. Sayago fue encarcelado en la ciudad rionegrina de General Roca. Sin embargo, casi enseguida se le concedió el beneficio previsto por una ley nacional de 1980, la 23.070, que fijaba un descuento de un tercio de la condena para algunos presos. A Sayago se le redujo la pena un año y un mes.
En 1991 fue beneficiado por el decreto 1923/91 dictado por el entonces gobernador de Chubut Carlos Maestro y se le redujo la condena en 6 meses. En 1992, el decreto 2031/92 le descontó tres meses de condena. Al año siguiente, con el 1719/93 se le redujeron seis meses más. En 1995, el decreto 413/95 le sacó otros seis meses. De esa forma, la fecha de vencimiento de la condena de Sayago quedó fijada para el 19 de noviembre de 2001. Pero el 11 de septiembre de 1998 la Justicia le concedió al detenido el beneficio de la ley 24.390, conocida como “dos por uno”, que computa como doble cada día pasado en prisión por un preso a partir del segundo año sin condena firme. Por eso, Sayago quedó libre.
Sayago se fue a vivir a un barrio humilde de Neuquén, del que huyó rápidamente porque un vecino lo acusó de intentar violar a su hija. Luego, el 8 de febrero de 2000 fue acusado de intentar violar a dos hermanitos. Habría intentado engañarlos ofreciéndoles caramelos. Estuvo preso, pero no se le pudo comprobar nada. Enseguida se lo imputó por la violación y muerte de otra nena, pero no se hallaron pruebas. El 29 de diciembre de 2000 fue absuelto por la Sala II en lo Criminal de Neuquén.
Entonces, Sayago se trasladó a Olavarría, su tierra natal. Allí desató el último de sus crímenes y por el que lo encerrarían para siempre. El 20 de febrero de 2001, Jennifer salió en su bicicleta para hacerle unos mandados a su madre. Nunca volvió. Sayago fue condenado a reclusión perpetua.

Informe: Silvia Marchant.