Por Alejandra Dandan

Diego Ezequiel Díaz fue detenido en febrero de este año por una orden de la Comisaría 3ª, de la ciudad de La Rioja, una de las nuevas sucursales del terror. Según denuncia su familia, lo esposaron, le hicieron submarino seco con una bolsa de naylon prendida a la cabeza, lo colgaron a las rejas con las manos atadas y dos horas más tarde lo mataron: recibió cuatro disparos en la espalda cuando estaba escondido bajo un escritorio. Luis Díaz, su padre, denunció a un policía por los presuntos tormentos y la muerte. El jueves pasado estuvo en Buenos Aires. Viajó con un grupo de padres que a la manera de las Madres del Dolor de Santiago del Estero se reunieron con el ministro de Justicia Gustavo Beliz para exigir una investigación sobre la policía riojana, denunciada como otra poderosa máquina de matar. El Ministerio estudiará cada uno de los casos.
Las Madres del Dolor riojanas llevan adelante denuncias contra la policía desde hace cinco años. Los seis casos denunciados el jueves pasado en el Ministerio de Justicia llegaron acompañados de carpetas con recortes de diarios, volantes y expedientes judiciales cuestionados por la ausencia o impericia en las investigaciones.
Los muertos generalmente son jóvenes y parecen responder a un mismo patrón: provienen de los barrios más pobres; los detienen originalmente por averiguación de antecedentes; los someten a apremios ilegales, y los ejecutan en las unidades donde fueron detenidos, con una muerte muchas veces camuflada como suicidio.
“Han pasado cinco años”, le decía a Página/12 Marina Luna, una de las mujeres que llegó desde La Rioja buscando una audiencia en la convulsionada agenda política porteña. “Los chicos de las villas que mueren acribillados por la policía no tienen la misma atención que ha tenido el caso Blumberg: parece que la Justicia no vale lo mismo para todos.”
A su hijo lo mataron el 25 de junio de 1999. Esa es la única certeza de Marina cinco años más tarde. Aldo Francisco Luna tenía 21 años. Quedó detenido por averiguación de antecedente a las 14.35. Media hora después, de acuerdo con el informe oficial, aparecía “colgado con su camisa desde el cuello, atado a uno de los hierros del ventiluz a casi dos metros de altura”. Era una celda de la Comisaría 7ª. Según la policía, se había ahorcado: “Mienten –dice ahora la mujer–: dicen que tomó la decisión de quitarse la vida pero los peritos dijeron que el estrangulamiento fue post mortem”.
Desde entonces, Marina se las arregló como pudo para alentar la causa, enmarañada, según dice, en una complicada trama de alianzas que vincularían al Poder Judicial y la corporación policial. Entre los documentos que conserva como prueba y que fueron aportados ahora al Ministerio de Justicia, están los nombres del comisario y del juez que llevaron adelante la investigación. La mujer está convencida de que formaron parte de la cadena de encubrimiento que se puso en marcha para tapar la muerte y la investigación por otro caso: el asesinato de Cristian Ruiz, uno de los escándalos que por entonces rozaba al poder político y al corazón de la Jefatura de policía.
Cristian Ruiz había muerto el 29 de marzo de ese mismo año, tres meses antes que su hijo. El primer parte policial indicaba suicidio y muerte por asfixia. Un año después, el juez Alejandro Arce cambió la carátula por “torturas agravadas por el resultado”. Rubén Blanco, el abogado de la familia, poco más tarde detallaba los tormentos a los que había sido sometido Cristian en una de las celdas de la Brigada de Investigaciones de La Rioja: “La gravedad de la tortura que llevó al joven a la muerte en forma paulatina demuestra el tiempo prolongado que lo sometieron”, dice en un escrito. Como con el caso de Luna, el perito forense Carlos Picoli, confirmó que las lesiones provocadas en el cuello eran post mortem. La muerte verdadera se había producido por “obstrucción de las vías aéreas superiores”. Cuando explotó el escándalo en La Rioja, la Justicia hizo foco sobre uno de sus compañeros de celda, Pablo Luna. Pablo declaró por primera vez en la causa el 5 de mayo: su testimonio fue vital para torcer el curso de la investigación, cambiar la carátula y señalar a los policías involucrados en las torturas. Pero su declaración quedó trunca. Pablo se comprometió a volver al juzgado para señalar a los agentes que habían colgado el cuerpo de Cristian de una de las puertas de la seccional para simular el suicidio. Pablo Luna no era Aldo Francisco Luna, el hijo de Marina. Sin embargo “eran parecidos”, dice la mujer. A cinco años del crimen, está convencida de que a su hijo no lo levantaron por averiguación de antecedentes ni lo mataron por eso. “Lo hicieron –le explicó a este diario– porque lo confundieron con Pablo Luna”, el testigo del caso Ruiz. La muerte de Cristian Ruiz se convirtió en un escándalo social y político en La Rioja. Las primeras versiones lo vinculaban con los sectores de la corriente interna del PJ liderada por el entonces diputado nacional Ricardo Quinquela, quien le disputaba la candidatura del PJ a la Gobernación al menemista Angel Maza. Cristian había pegado carteles en la campaña pero lo detuvieron por el supuesto robo de una moto. Nadie creyó en esa versión. Su madre ahora forma parte de las Madres del Dolor, la semana pasada estuvo con la delegación que se acercó a Buenos Aires: “Cristian no trabajaba para ningún partido –explicó–, hacía pegatinas de afiches para todos”.