Un fallo del juez Claudio Bonadío desató ayer una polémica con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Bonadío se opuso al traslado compulsivo de 60 familias que ocupaban un terreno fiscal en uno de los barrios de Villa Lugano. El juez consideró la expulsión como una forma de “criminalizar a los ciudadanos desventajados y faltos de recursos”. E intimó al gobierno nacional y al jefe de la Ciudad de Buenos Aires a que en un plazo de 30 días otorguen soluciones. Rápidamente, Ibarra le respondió: “El Estado no puede solucionar los problemas sociales desde la ilegalidad”, dijo en declaraciones públicas en las que consideró que el fallo puede “estimular la usurpación” de bienes. Bajo la polémica, gravita en este momento un fantasma: la crisis de los “sin techo”, uno de los escenarios calientes con los que lidia el Gobierno de la Ciudad.
El fallo del juzgado federal de Bonadío paralizó la expulsión de un barrio asentado en terrenos fiscales de Lugano. El reclamo había sido promovido por el Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe), un área dependiente del Ministerio de Economía que posee la titularidad de las tierras ubicadas sobre el Pasaje Bermejo, en el límite con las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Bonadío analizó el pedido de expulsión cuestionando el paradigma de la “criminalización de la pobreza”. Insólitamente, consideró que el destierro de los ciudadanos “en desventaja” y “faltos de recursos” estaría contrapuesto a las políticas sociales que lleva adelante el gobierno nacional sobre los sectores excluidos. En sus palabras, “el Gobierno ha demostrado –explicó– tolerancia y ánimo de conciliación en problemáticas socioeconómicas planteadas por movimientos y asociaciones político-sociales, constituyendo una política de Estado la solución pacífica de las controversias de índole social”.
En ese marco, aclaró, el Onabe estaría judicializando una problemática social. Por eso dispuso frenar el pedido de desalojo compulsivo. Y en cambio intimó al Ministerio de Economía y de Desarrollo Social de la Nación y al jefe de Gobierno porteño a que “dispongan lo necesario para llevar adelante la desocupación de las personas” en un plazo de 30 días. La desocupación deberá garantizar además un programa de sustitución de viviendas.
Este último reclamo fue el que irritó al jefe de Gobierno porteño. Con cierta cautela aclaró durante el día que “reconocemos el problema de la falta de viviendas pero no se puede propiciar la usurpación”. Y enseguida profundizó: “Una cosa es que haya que darle vivienda definitiva a un asentamiento que tiene 20 años, lo que me parece razonable, y otra cosa es una usurpación que construyeron en dos días donde el Estado reacciona y le dicen: ‘No, usted no lo saca hasta que le dé una solución definitiva’”.
Los habitantes de lo que se conoce como Villa Bermejo en realidad no están hace dos días en el barrio. Buena parte de ellos llevan años alojados en tierras privadas que no pertenecen ni al gobierno porteño ni al gobierno nacional. Sólo una porción del barrio –las 60 familias en cuestión– durante los últimos años extendieron la ocupación a los terrenos del Onabe.
Por esas características el gobierno porteño no lo incluyó en el programa de regularización obligatorio de villas de emergencia, le explicó a este diario Ernesto Selzer, presidente de la Comisión Municipal de la Vivienda. “Para hacerlo necesitamos que nos trasfieran las tierras y estudiar la posibilidad de una urbanización en el mismo terreno: una jurisdicción que nos habilite a construir y ver si la tierra es apta para hacerlo”.
De momento, la ciudad no tiene injerencia sobre el barrio. “La única forma de hacerlo es que los propietarios –la Nación y los dueños privados– acuerden una venta a las personas o al Gobierno de la Ciudad”. Si eso no se hace, analizó el funcionario, será el ámbito de Desarrollo Social el que debe trabajar para resolver una eventual situación de callemomentánea, mientras se analizan alternativas de construcción en algún otro barrio.