“Es como si usted sintiera que mi práctica profesional de algún modo lo está perjudicando”, interpretó el psicoterapeuta, y tenía razón porque el paciente le había hecho juicio por mala praxis. La inquietud ante estas demandas crece en los últimos tiempos entre los profesionales “psi”, y, a partir del revuelo mediático en torno de los profesionales que habían atendido a Juan Castro y del caso de la psicóloga acusada de haber tenido relaciones con un paciente menor de edad, algunas compañías de seguros lanzaron sus líneas al revuelto río de los curadores de almas. Los que parecen más angustiados son los psiquiatras: “¡Para nosotros se ha invertido la carga de la prueba y tenemos que demostrar que no somos culpables!”. Los psicólogos, con la prudencia que aprendieron al curar a pacientes fóbicos, han optado por formar un fondo conjunto de resguardo por si llega la citación judicial. Y la respuesta que llega desde la Asociación Psicoanalítica tiene un sano matiz depresivo: “Esto se vincula con nuestra pérdida de prestigio y posición social”.
“Creo que éste es el momento en que los psicoanalistas, psicólogos y psiquiatras tienen que poner las barbas en remojo y asegurarse, ya que el tema tomó fuerza a partir de los cuestionamientos al psiquiatra de Juan Castro, luego de su suicidio”: quien así procura proteger las freudianas pilosidades faciales es León Berestovoy, psicólogo él mismo y vendedor de seguros de mala praxis para profesionales de la salud mental. En las últimas semanas “empecé a ver la veta de estos profesionales, y ya tengo más de cien clientes”, asegura. Según él, “la mayor parte de estos juicios son fabricados por abogados inescrupulosos, que (ellos también) vieron la veta”.
Sin embargo, Silvia Di Biasi, secretaria de asuntos profesionales de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), advirtió que “en nuestra experiencia, las aseguradoras cobran mucho y, cuando tienen que responder, sucede que no se hacen cargo. Por eso, la Federación de Psicólogos de la Argentina (Fepra) resolvió establecer un fondo de resguardo para hacer frente a estas situaciones, que se constituye en nuestro propio seguro”.
La psicóloga señaló que “de todos modos, la mayor parte de los juicios por mala praxis no son contra nosotros sino contra psiquiatras” y comentó que “lo que últimamente se han producido son varios juicios por plagio, donde un psicólogo acusa a otro de copiar textos publicados”.
La vicepresidenta de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Delma Pereira, confesó que “estamos preocupados porque somos sometidos a juicios por mala praxis, muchas veces de manera muy injusta: se nos presupone culpables y debemos demostrar que somos inocentes aportando todos los elementos”.
Casi como en el poema de Brecht, la psiquiatra observó que “empezaron con los cirujanos, los ginecólogos, los anestesistas... ahora los juicios por mala praxis han llegado a los psiquiatras”. En la mayoría de los casos, según Pereira, el juicio se plantea “por haber instituido medicación incorrecta”. Otras veces, “cuando un psiquiatra internó a un paciente y la familia o los amigos de éste no están de acuerdo, el profesional es acusado de privación ilegítima de la libertad”. Según la vicepresidenta de APSA, “no existe un seguro que realmente cubra todos los aspectos de la mala praxis”.
Desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, Jacobo Gutman –coordinador de la comisión de responsabilidad profesional de esa entidad– aclaró que “en general, si un psicoanalista va a juicio es en su condición de médico o de psicólogo” y destacó “la distinción entre la mala praxis y las fallas éticas. Por ejemplo, mantener relaciones sexuales con un paciente es una falla ética gruesa, y no dejaría de serlo porque eventualmente no fuese punible, tratándose de una relación consentida entre personas mayores de edad”.
En esta perspectiva, Gutman advirtió sobre “el mal manejo del poder que otorga la denominada transferencia: en un abuso de este poder, un analista podría tratar de llevar al paciente a actos o conductas que, en relación con el entorno o la familia, correspondieran al deseo del analista antes que al del paciente; el caso extremo sería una especie de adoctrinamiento ideológico. Todas éstas son fallas éticas graves aunque puedan no tener sanción penal”.
Gutman admitió que “en los últimos años ha habido más reclamos de pacientes ante los tribunales”, y vinculó esto con “una especie de democratización, en el orden de que se reconozcan y promuevan los derechos de los consumidores de productos, los usuarios de servicios y también los pacientes”. Y sucede, además, que “el prestigio, el poder y la posición social de los profesionales han ido menguando en los últimos tiempos”.