Por C. R.

En un polémico fallo, el Tribunal Oral 13 de la Capital Federal condenó a tres años de prisión “en suspenso” –sin cumplimiento efectivo– a un guardiacárcel que mató por la espalda al detenido Miguel Angel Arribas, quien intentó escapar a pie cuando era trasladado a un juzgado ubicado en pleno centro. El fiscal y la querella habían pedido que el caso fuera calificado como “homicidio simple”, dado el escaso peligro que representaba el prófugo y la presencia de varios efectivos de las fuerzas de seguridad, armados, que lo perseguían a pocos metros. Los jueces consideraron que fue un “homicidio preterintencional”, sin intención de matar. La bala mortal, lejos de ingresar por las piernas del detenido, hacia las que presuntamente disparó el guardiacárcel Jesús Pablo Giménez, lo hirió por encima de la cadera y luego murió desangrado, porque en lugar de llamar de inmediato a una ambulancia lo llevaron en esas condiciones, sin atención médica, y lo encerraron en una celda.
“Giménez sabía disparar muy bien, como él mismo lo admitió en el juicio, y en este caso tomó posición de tiro ‘estilo americano’, tomando el arma con las dos manos y con las piernas flexionadas, de manera que apuntó a matar”, fue el argumento que utilizaron las abogadas de la familia Arribas, María del Carmen Verdú y María Fernanda Doldán. En un duro alegato, el fiscal Julio César Castro recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles “serán sanas y limpias, pero no lo son ni sirven para resocializar a los detenidos. ¿Encima vamos a permitir que los maten por la espalda? La fuga, que es la intención natural de todo detenido, no puede permitir un fusilamiento.”
El fiscal había pedido 12 años de cárcel y la querella 16. Ambas partes solicitaron la inhabilitación de Giménez para seguir ejerciendo su cargo en la División Traslados del Servicio Penitenciario Federal. El tribunal conformado por Oscar Rawson Paz, Hugo Cataldi y Cecilio Pagano desechó también ese pedido y Giménez seguirá en funciones. Desde que ocurrió el hecho, el 20 de abril de 1999, la carrera del guardiacárcel continuó sin sobresaltos. Hasta obtuvo ascensos que lo llevaron del grado de ayudante de cuarta a ayudante de primera. En su alegato final, Giménez dijo en su favor que no era “ningún corrupto”. Para corroborar que vive de su sueldo mostró a los miembros del tribunal una “libreta de almacén”. Lo hizo para demostrar que compra mercaderías “al fiado”.
El caso de Arribas tuvo gran difusión en su momento, porque su muerte fue asociada a la causa donde se investiga la salida de presos para robar, con ayuda del personal del SPF. Arribas murió, igual que otros presos que eran testigos claves y fueron asesinados en prisión. El fiscal aseguró que “ni los cowboys del oeste mataban por la espalda por considerarlo un acto de cobardía”. Mariano Maciel, defensor de Giménez, exigió “un poquito más de respeto para las fuerzas del orden” y dijo que su representado, cuando mató al detenido Arribas, sólo causó “el mal menor”.