Jorge Antonio Rocha era uno de los arrepentidos de una de las causas de corrupción más fuertes de la provincia de Buenos Aires. Su declaración testimonial ante la Justicia tuvo un impacto comparable con la de Mario Pontaquarto en la causa de coimas del Senado. En febrero último imputó por una estafa de 12 millones de dólares a funcionarios de la ex gestión radical de Fernando Geronés, que controló la Municipalidad de Quilmes. Allí describió la ruta del dinero, el rol de presuntos testaferros y las maniobras de licitaciones supuestamente fraudulentas de contratación de empresas fantasma. Declaró como testigo de identidad reservada. Hace once días apareció ahorcado en la casa de un familiar, en Berazategui. Dos días antes, en el contestador de uno de sus abogados entró uno de sus últimos mensajes: “Descubrieron mi nombre, ahora quieren matarme”.
La investigación de la muerte de Rocha está en manos del fiscal de Quilmes Pablo Pérez Marcote. La causa comenzó por una denuncia de suicidio, pero en este momento la carátula es “averiguación de causales de muerte”, de acuerdo con lo que le explicó a Página/12 Juan Carlos Feustel, uno de los abogados que impulsa la megacausa contra el ex intendente Geronés.
Rocha llegó a la megacausa después de tres años de investigación, cuando la Fiscalía de Quilmes a cargo de Alfredo Noel Samprón terminaba de reunir las pruebas para elevarla a juicio oral. “No diría testigo clave pero sí muy importante”, le dijo a este diario una fuente judicial. “Su declaración ordenó cosas que ya estaban probadas, pero como él mismo formaba parte de la banda contó la historia desde adentro, como una película.”
Después de varios meses de dudas, Rocha decidió presentarse en la fiscalía, en febrero último, como testigo de identidad reservada. Rubén Vicente es uno de los que siguió de cerca sus pasos durante la presentación. Vicente es concejal por Generación Malvinas, en el partido de Quilmes, pero además fue el autor de la primera denuncia que terminó desmontando el aparato de contrataciones presuntamente irregulares orquestadas desde la comuna. “Rocha era fundamental –dijo ayer el concejal–: estaba adentro de la banda, era el riñón de la elite”.
De acuerdo con la investigación, la banda habría montado desde la Municipalidad un mecanismo pseudo legal para contratar empresas de servicios que no existían o que estaban a nombre de testaferros, de amigos de los funcionarios públicos o, simplemente, de pobres indigentes que nunca lo supieron. Con un mecanismo de compra directa, la Municipalidad les otorgaba los contratos de obras públicas. La investigación pudo determinar que las obras o no se hacían o se hacían con empleados municipales. “Todo eso era posible porque apelaban al sistema de compra directa: los contratos se hacían por montos que siempre estaban al límite de lo que pedía la Carta Orgánica de municipalidades para hacerlos a través de una licitación pública”, le explicó a este diario Feustel.
Rocha conocía al detalle el funcionamiento de la organización. Era apoderado de una de las empresas llamada Insu Ser, pero su rol más importante era el de “correo del dinero”. Estaba al lado de los testaferros, los llevaba al banco, los esperaba cuando cobraban los cheques, les pagaba una comisión de entre 300 y 500 pesos de acuerdo con los roles y, finalmente, según la información de la fiscalía, repartía la plata entre un puñado de funcionarios del staff político del gobierno.
Aunque ese mecanismo se repetía con un sinfín de empresas que aparecían y desaparecían mágicamente de los registros de la Muncipalidad, Alfredo Noel Samprón cerró la primera fase de la investigación con dos de ellas: Sica y Materpad, donde aparecen imputados el ex jefe del gobierno radical de Quilmes, su secretario de Hacienda, el de Obras y Servicios Públicos, la asesora letrada y el jefe de Compras y Suministros. La lista de imputados incluye además a Norma Borda y Celso Corvalán, dos de lossupuestos prestadores de nombres. Geronés estuvo preso sólo un día, en setiembre del año pasado.
El 27 de abril último, Samprón hizo el primer cierre formal de la causa con la elevación a juicio oral. Seis días después murió el testigo capaz de narrar la historia del caso.
Durante el fin de semana previo a la muerte, Rocha o alguien de parte suya llamó al estudio jurídico de Feustel para dar cuenta de la amenaza. “El llamado quedó grabado en el contestador automático”, explica ahora el abogado. “Tuvo que haber entrado el viernes, después de que nos fuimos, o durante el fin de semana del 1 y 2 de mayo.” El lunes, el abogado escuchó el mensaje pero ya no pudo comunicarse con Rocha.
El cuerpo apareció colgado cerca de Quilmes, en el baño de una casa de la calle 13 entre 159 y 160 de Berazategui. Los datos recogidos por Feustel y el concejal Vicente indican que en la casa vivía una de sus hermanastras y parte de sus familiares. Ninguna de las personas de su entorno mencionaron la hipótesis del homicidio. De acuerdo con las fuentes de la investigación, ellos también mantendrían vínculos con la mega-red de las empresas fantasma pero ninguno se presentó como arrepentido. Sólo Rocha había tomado esa decisión: “Decidió hablar porque suponía que podía mejorar su situación legal”, detalló el abogado.
El arrepentido tenía 35 años. Durante el último tiempo estaba contento porque había conseguido trabajo en una telefónica. Las últimas amenazas no fueron las únicas: “Su vida valía 50 pesos, siempre me lo decía”, cuenta Vicente.