La Legislatura porteña aprobó ayer la bautizada “ley parche” que permite juzgar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la portación ilegal de armas de uso civil y que el Ejecutivo local había vetado a principios de abril último. Si la nueva norma es promulgada por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, las causas por ese delito podrán tramitarse sin entrar en contradicción con la legislación nacional ni con el Código Procesal porteño.
La iniciativa, sancionada por 42 votos favorables, tuvo entre sus principales gestores a los presidentes de la comisiones de Asuntos Constitucionales, el justicialista Helio Rebot, de Compromiso para el Cambio, y de Justicia, Julio De Giovanni. En los fundamentos se establece que este proyecto se sanciona “para responder a la investigación y juzgamiento de las competencias penales transferidas por la Nación”.
En busca del consenso necesario para alcanzar la mayoría especial, el proyecto aprobado incorporó la ampliación hasta cuatro meses de los plazos que por artículo 56 se fijaban “para la investigación penal preparatoria, transcurridos los cuales, correspondería el archivo de las actuaciones”. Esa parte había sido uno de los principales cuestionamientos esgrimidos por Aníbal Ibarra para avalar su veto, por considerar “exiguo” el plazo original de dos meses. También a propuesta de Ibarra se llevó a cinco días el plazo de 48 horas que fijaba el primer proyecto para dictar la prisión preventiva del imputado.