Un tribunal oral de San Martín juzga desde ayer a cinco ex policías y un ex miembro de la SIDE sospechados de haber torturado en setiembre de 2000 a un joven que estaba preso en una comisaría de Tres de Febrero. Lo curioso del caso es que de los seis acusados, cinco de ellos estaban también detenidos en la seccional. Y al parecer, habrían recibido el encargo de hacer el trabajo sucio. En el mismo proceso, los acusados serán juzgados por los delitos anteriores y recibirán condenas unificadas.
El 8 de setiembre de 2000, Ariel Simonini, de 25 años, fue detenido por efectivos de la comisaría 10 de Tres de Febrero. El joven, acusado de “encubrimiento, portación y uso de arma civil”, denunció haber sido llevado hasta la cocina de la dependencia donde comenzaron a torturarlo para que confesara dónde habría robado el arma que portaba. Luego, fue alojado en un calabozo, donde también había presos comunes y policías detenidos por distintos delitos.
Fue en ese momento cuando los ex agentes Carlos Porto, Antonio Mucha, Albino Aranda y Oscar Ortega y el ex miembro de la Secretaría de Inteligencia Héctor Blanco Pinto le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon con patadas y trompadas en las piernas, la cabeza, el estómago y las costillas, de acuerdo a la denuncia de la víctima. Como en las peores épocas de la dictadura, los acusados aumentaron el volumen de la radio para evitar que se escucharan los gritos del joven, según contó ayer un testigo. También está involucrada en el hecho la ex policía Silvia Moyano, que era oficial de servicio de la comisaría.
“En la denuncia queda clara la impunidad con la que se manejaron los agresores del preso. Y creemos que subieron la música para tapar lo que hacían”, explicó una fuente judicial. Los policías que ya estaban presos tenían un prontuario de importancia. Porto estaba acusado por homicidio simple. Mucha por robo calificado con arma de fuego; Aranda por violación de domicilio, rapto y violación agravada; Ortega por robo calificado y portación ilegal de armas; y Blanco Pinto por portación ilegal de armas y tentativa de robo calificado en concurso real con uso de documento público falso. Ortega, además, se había fugado en octubre de 2000 de la seccional de Palomar Finca, adonde había sido trasladado luego del episodio de las torturas. Por todos estos delitos, también serán juzgados en esta oportunidad. La condena máxima por torturas es de 25 años de prisión.
El informe sobre el estado de Simonini fue elocuente: escoriaciones en la zona abdominal y el hombro derecho, un hematoma frontal y “equimosis en las muñecas compatibles con haber sido atado con cables eléctricos”. El joven había sido liberado al día siguiente de su detención por orden del fiscal Hernán Córdoba, quien consideró que no había elementos suficientes como para mantenerlo en prisión, además de que se trataba de un delito excarcelable.