Francisco Castorina se convirtió en un caso testigo –y de los más graves– de la nueva política migratoria que están aplicando los países centrales. Francisco es un joven de veinte años que fue detenido en Barcelona en una razzia antes de una de las marchas antiglobalización del 15 de marzo. La detención se produjo en un contexto de irregularidades jurídicas que fueron denunciadas por organismos de derechos humanos de todo el mundo y apeladas judicialmente. Sin embargo, eso no bastó: horas más tarde, en la comisaría descubrieron que la visa de Francisco había vencido hacía siete días. Con ese argumento, España comenzó un proceso que terminó con una sanción insólita: la expulsión, una medida que sólo se aplica cuando la visa lleva tres meses de vencida. Es la primera vez que España decide la expulsión de un argentino en estos términos. El joven pasó 21 días detenido y consiguió la libertad cautelar hace dos días. Ahora la expulsión fue recusada pero Francisco deberá dar batalla nuevamente el próximo martes: ese día enfrentará un juicio penal sumarísimo por manifestación ilícita que podría recibir una pena de un año de prisión.
El Estado argentino no tiene antecedentes sobre este tipo de expulsiones ordenadas por España. Fuentes calificadas de la Cancillería, en diálogo con este diario, especulan con una hipótesis: “No se trata sólo de una visa vencida, el caso está agravado por el proceso penal que le imputaron al joven, si no hubiese quedado involucrado –admitió la misma fuente– esto se hubiese resuelto de otro modo”. Sólo así se comprende la lógica de esta historia.
La expulsión es una medida administrativa aplicada por el Estado español y corre por una vía distinta al proceso penal contra Francisco que se definirá el martes. Sin embargo, ambos procesos se dieron en un contexto político que conjuga dos variables. Por un lado, las marchas antiglobalizadoras que se reproducen en toda Europa y, por otro, el tono restrictivo de la nueva política migratoria que rige en España desde enero. En ese contexto, apareció el caso de este estudiante de Historia, hijo de dos reconocidos intelectuales argentinos.
El viaje de Francisco empezó el 14 de diciembre con un programa puramente turístico. Después de España recorrió varias ciudades europeas pero cuando volvía preparándose para la partida, lo detuvieron: “Pancho estaba en una peatonal del barrio de Grazia comiendo un sandwich y tomando algo con los amigos cuando apareció la policía haciendo un razzia y lo levantaron”, dice ahora Ana María Fernández, su madre. Lo detuvieron el viernes 15 de marzo, a las 18.30, horas antes de una manifestación que se hacía en el barrio.
“Nunca estuvo en la marcha, y ni siquiera sabía que existía la convocatoria, sin embargo para la policía la versión fue distinta: Pancho participó y aseguran que tenía objetos como piedras y una navaja en sus bolsillos”, indica ahora su abogada Monserrat Salvatore. Para refutar esta versión la defensa presentará el martes el testimonio de varios comerciantes que presenciaron la detención y pedirá un examen dactilar para refutar las pruebas. Todavía nadie sabe si el juez Ramón Bardiz, del juzgado de instrucción número 6, hará lugar a esta medida dado que ya había sido rechazada.
Este mismo juez fue quien ordenó ahora la libertad de Francisco. La detención en el Centro de Internamiento de La Berneda había sido dispuesta como medida preventiva cuando la policía descubrió el tema de la visa. Con la intervención, la Justicia se aseguraba que Francisco saliera de España mientras se tramitaba su expulsión. El jueves mientras el Estado español confirmaba la expulsión, Bardiz dio la primera muestra de ablandamiento del proceso: dejó libre al muchacho. El fallo no puede refutar la decisión del Estado español pero le sirve a la defensa de Francisco para apelarlo. Bardiz consideró la internación como excesiva, porque no halló elementos suficientes para justificarla: los siete días de mora en su visa son “uno de los casos menos graves que tenemos”, dijo el juez.
Estos son los antecedentes del caso que disparó los reclamos de organismos de derechos humanos y de intelectuales de todo el mundo que serán presentados el lunes en una rueda de prensa convocada en Barcelona por Antonio Castorina, el padre del joven. En tanto ahora su madre espera el resultado de una historia “cada vez más kafkiano –dice– donde este tipo de disposiciones están orientadas a incriminar a extranjeros como peligrosos y antiglobales: tienen un objetivo político y no son una mera cuestión formal”.
Si no se consigue la revocación de la expulsión, Francisco no podrá entrar a los países de la Comunidad durante los próximos siete años. En este marco la Cancillería evalúa cuál es la actitud a seguir: “Si hacemos algún tipo de intervención –aseguró una fuente–, será de la forma más discreta y al más alto nivel”.