Febriles reuniones se prevén para hoy entre legisladores y el Ejecutivo porteño, en busca de acercar posiciones para la sesión de mañana, en la Legislatura, cuando se tratará la reforma del Código de Convivencia Urbana. Los principales temas irresueltos son la prostitución callejera y la baja de la edad de imputabilidad. Para el primero, el dictamen de comisión –auspiciado por un acuerdo entre parte del bloque macrista y algunos legisladores del oficialismo– se aproxima al del Ejecutivo porteño en la idea de no prohibir la oferta de sexo pero impedirla en las cercanías de viviendas y colegios. Pero no hay acuerdo sobre qué distancia es “cercanía”. En cuanto a la edad de imputabilidad, el despacho de comisión propone bajarla a 16 años, el proyecto del Ejecutivo la mantiene en 18 y la titular del Consejo del Menor y la Familia de la Ciudad se pronunció fuertemente en favor de no disminuirla. Por otra parte, entidades como el CELS y parte de los legisladores insistieron en que los proyectos de comisión y del Ejecutivo “reproducen la lógica de la Justicia penal, centrada en el arresto: habría que pensar los problemas de convivencia como conflictos entre vecinos, lo cual vale para la oferta de sexo como para la venta ambulante y los ruidos molestos”.
“Para la oferta ostensible de sexo en la vía pública, coincidimos con el Ejecutivo en establecer una ‘zona de exclusión’, en las proximidades de viviendas, templos y establecimientos educativos, pero precisando las distancias y los horarios –sostuvo Helio Rebot, peronista alineado con Macri, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que produjo un despacho por mayoría–; una norma imprecisa permitiría a la policía aplicar criterios propios para las detenciones.” Esta línea tendría apoyo de unos 10 diputados macristas (otros 13 preferirían prohibir la prostitución callejera), de los seis ex bullrichistas y de un número indeterminado de legisladores vinculados con Ibarra, como Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad). Francisco Talento, kirchnerista, preferiría una “zona roja, con criterios urbanísticos de sanidad y seguridad”.
Sin embargo, la diputada Ana María Suppa –ex directora de la Dirección de la Mujer– sostuvo que toda zonificación conducirá a “unos pocos lugares donde la actividad no esté penada: los lugares más abandonados, con vigilancia mínima o inexistente”; propone entonces penar sólo a “quien durante la oferta o demanda de sexo perturbe la tranquilidad pública” y duplicar la sanción si esto sucede “frente a templos, escuelas o casas”.
En cuanto a la edad de imputabilidad, el dictamen de comisión pide bajarla a los 16 años, “pero sin aplicar penas de arresto, sino un régimen especial basado en el trabajo de utilidad pública”, afirmó Rebot.
Talento, en cambio, sostuvo que “contravencionalizar conductas de menores de 18 implicaría violar la Convención de los Derechos del Niño”, lo cual, según observó la diputada ibarrista Laura Moresi, “puede convertir todo el Código en inconstitucional”. El proyecto del Ejecutivo comunal no incluye bajar la edad de imputabilidad.
María Elena Naddeo, titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, afirma que “incorporar a chicos de 16 y 17 años al procedimiento judicial por temas contravencionales es un total error, y ya hay otras instancias: cuando un menor incurre en contravención, el fiscal lo deriva a las defensorías barriales y al propio Consejo, que se ocupa de la responsabilización del joven en el marco de un diagnóstico social”.
En cuanto a la venta callejera, la mayoría de los legisladores acuerda en que “si el contraventor actúa en nombre de otro, se extiende la responsabilidad a éste”, es decir, a las organizaciones clandestinas que están por detrás. Talento pidió “respetar en cambio la venta ambulante como recurso individual de subsistencia en situación de crisis”.
Para la obstrucción de la vía pública, figura que sería aplicable a la acción de los piqueteros, “se mantiene la legislación actual, que obliga a quienes ejercen el derecho de manifestarse en la calle a avisar previamente al Ejecutivo comunal”, afirmó Rebot.
Ni el proyecto de comisión ni el Ejecutivo penaliza el “acecho” o “merodeo”, como lo solicitaba el diputado Jorge Enríquez, y ambos incluyen el aumento de las penas por reincidencia.
Por su parte, Rodrigo Borja, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó la filosofía general de los proyectos del Ejecutivo y de comisión: “La Justicia contravencional, como la plantean, reproduce la lógica de la Justicia penal, de la cual incluso provienen sus funcionarios: su única respuesta es la sanción punitiva, centrada en el arresto. En cambio, hay que pensar los problemas de convivencia como conflictos entre vecinos, algunos de los cuales son afectados por la actividad del otro en el espacio público: esto vale para la oferta de sexo, la venta ambulante, los ruidos molestos. Las contravenciones deben castigarse sólo si son denunciadas por vecinos y hay que propiciar la mediación, la conciliación”. Alberto Binder, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, destacó la necesidad de “establecer tribunales vecinales en los CGP”.
El diputado Ariel Schiffrin comentó que “en un típico problema de convivencia como los ruidos molestos, el vecino no debiera necesitar un abogado: precisa un trámite rápido ante un juez vecinal que pueda mediar, arbitrar o, finalmente, sancionar”.
Hoy, varios diputados se reunirán con Juan Carlos López –secretario de Justicia y Seguridad porteño– para tratar de acercar posiciones. Hasta ahora lo más probable es que, en la sesión de mañana, se apruebe el nuevo Código en general, pero que el tratamiento de cada artículo en particular quede postergado por falta de los votos necesarios para la aprobación.