Carlos Menem pasó con su campaña electoral, en 1989, por la cuenca de Río Turbio y prometió que desde ese lugar nacería la revolución productiva de la Argentina. Tres años después, en 1992, el mismo Menem, ya presidente, ordenó el comienzo de los retiros voluntarios. Y en 1994 otorgó la concesión a un grupo empresario cuya cabeza era Sergio Taselli, el mismo que controla la muy cuestionada empresa de trenes Metropolitano. Era la continuación de la agonía de la empresa, que había comenzado con la dictadura militar, que dejó de invertir en la mina y ayudó a su desmoronamiento. De contar con 5000 trabajadores, pasó a tener 1000. De ser un polo productivo de importancia nacional creado en la década del 40, estuvo al borde de convertirse en un pueblo fantasma con el menemato. A pesar de contar con un subsidio millonario y gran parte de la producción con la venta asegurada, la empresa sufrió vaciamiento y desinversión, período de decadencia que finalizó con la vuelta a manos del Estado en junio de 2002.
Viento, frío y trabajo duro. Tres características de las localidades Río Turbio y 28 de Noviembre, que proveen trabajadores a la mina desde 1942, cuando fue inaugurada. La zona, y la mina –hoy llamada Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT)–, tuvieron su mejor época desde la década del 50 hasta mediados de los ‘70, cuando producía 1,2 millón de toneladas de carbón anuales.
Con la dictadura militar, el modelo productivo que podía implicar una mina de carbón fue dejado de lado, y con esa decisión comenzó la caída de un monstruo que sólo conocería épocas peores: los poco más de diez mil habitantes del lugar, a 280 kilómetros al oeste de Río Gallegos y 20 kilómetros de la frontera con Chile, correrían la misma suerte de decenas de pueblos del país: desocupación, pobreza, migración. “No queremos ser otra Hipasam”, denunciaban los trabajadores mineros en referencia a la mina de hierro estatal cuyo cierre, también durante el menemismo, convirtió a la localidad rionegrina de Sierra Grande en un pueblo fantasma.
En 1994 la mina de carbón había sido otorgada al grupo integrado por las empresas IATE, Eleprint, Dyopsa y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf). Las condiciones eran inmejorables: recibían un subsidio anual de 22,5 millones de dólares –que cubría el pago de los salarios– y tenía un convenio de venta de la producción de carbón anual a la central térmica de San Nicolás. Pero el grupo, que no realizó las inversiones comprometidas, encontró un buena excusa para dejar la mina cuando en plena crisis post De la Rúa el gobierno dejó de subsidiar a YCRT.
En junio último los obreros recibieron al presidente Néstor Kirchner, que prometió reactivar la mina y, con ello, también al pueblo.