Durante más de un mes, a partir del 1º de septiembre, se realizará el juicio oral y público por el crimen de Ezequiel Demonty, el joven que murió ahogado luego de que un grupo de policías lo obligara a arrojarse a las aguas del Riachuelo, en el barrio de Pompeya. En el caso hay nueve policías detenidos, entre ellos el subinspector Gastón Somohano, hijo del ex jefe de la Policía Bonaerense comisario Osvaldo Somohano. Todos podrían ser condenados a la pena de reclusión o prisión perpetua, la máxima que fija el Código Penal, porque están acusados de privación ilegal de la libertad seguida de muerte. Aunque en nada modificaría el monto de la pena, el abogado José Luis Vera, que representa a la familia Demonty, confirmó que en el juicio intentarán “que se vuelva a la calificación anterior, que era tortura seguida de muerte, porque es importante que el caso se encuadre dentro de las normas que marca la Convención Internacional Sobre la Tortura, de la cual la Argentina es firmante”.
“Antes de que lo obligaran a tirarse al Riachuelo, a Ezequiel y a sus dos amigos (que salvaron la vida aunque también tuvieron que tirarse al agua) los hicieron pasar por un simulacro de fusilamiento, los golpearon con las armas y con los pies y además los privaron ilegalmente de su libertad; todo lo que pasaron se encuadra dentro de los delitos que contempla la Convención Internacional Sobre la Tortura”, insistió Vera en diálogo con Página/12. El representante legal de la familia plantea como dato básico que el caso tuvo “una innegable gravedad institucional”, motivo por el cual “el encuadramiento legal es importante porque fija un precedente”.
El letrado de los Demonty sostuvo que “es un grave error el cometido por los miembros de la Sala Quinta” de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, que modificó la carátula original de “tortura seguida de muerte”, que habían avalado la jueza de primera instancia María Cristina Bértola y el fiscal de instrucción Marcelo Romá. “El delito de privación ilegal de la libertad, en caso de no haber ocurrido la muerte de Ezequiel, es muy difícil de probar cuando los acusados son policías, ya que pueden argumentar que actuaron dentro de la legalidad, que los llevaron cerca del Riachuelo por alguna razón operativa y que los chicos se tiraron al agua por propia decisión; de no haber muerto Ezequiel, hoy Somohano y su troupe estarían en funciones y nada hubiera pasado con ellos.”
El Tribunal Oral número 8 de la Capital Federal, integrado por Rodolfo Madariaga, Alejandro Sañudo y Hugo Rocha Degreef, anunció ayer que el juicio se realizará entre el 1º de septiembre y el 9 de octubre. Hasta el momento se sabe que van a declarar 40 testigos, pero hay otros 30 propuestos que podrían ser incorporados a la lista original. Los nueve detenidos, que se encuentran alojados en el penal de Marcos Paz, son el nombrado Somohano, el inspector Gabriel Barrionuevo, los sargentos Luis Antonio Gutiérrez y José Luis Martínez, el cabo primero Luis Emilio Funes, el cabo Sandro Granado, y los agentes Jorge Ramón Solís, Maximiliano Gastón Pata y Alfredo Ricardo Pornasari.
Vera insistió sobre “la gravedad del error cometido por la Sala Quinta” dado que, en su opinión, “si los jueces hablan por sus fallos, el mensaje que dirigieron a la policía es el siguiente: ‘Mientras no se les muera (el detenido), ustedes hagan lo que quieran y eso está desconociendo lo que dice la Convención Sobre la Tortura’”. La muerte de Ezequiel Demonty se produjo en la madrugada del 14 de septiembre de 2002, es decir que el segundo aniversario se cumplirá en pleno debate.
Los nueve policías involucrados pertenecían a la comisaría 34ª. Demonty fue detenido junto con tres amigos, dos varones y una chica, aunque sólo los tres hombres fueron llevados y obligados a arrojarse al Riachuelo. La joven, que declaró en la causa bajo identidad reservada, fue obligada a bajarse del patrullero, aunque ella insistió en acompañar a su amigo Ezequiel. Los tres chicos tuvieron que tirarse al agua y Demonty no pudo llegar a la otra orilla. Su cuerpo fue rescatado varios días después.
El llamado a juicio oral estaba demorado, lo que provocó algunas denuncias por parte de Dolores Demonty, madre de la víctima. “La causa se viene postergando porque uno de los imputados tiene mucho dinero y presenta una apelación tras otra.” La mujer aludió al imputado Somohano, quien habría tenido un rol preponderante en el crimen, de acuerdo con lo que relataron los dos sobrevivientes. Cuando regresó a la sede de la 34ª, Somohano le dijo a uno de sus compañeros que el caso se había “solucionado” porque los chicos “aprendieron a nadar”. Demonty fue obligado a tirarse por los policías, uno de los cuales –sería Somohano–, le puso la pistola en la cabeza.