Como era previsible, la ola de violencia que el viernes provocó la muerte de cuatro policías generó una reacción inmediata de la dirigencia política. El presidente Eduardo Duhalde propició otra vez la solución por vía del endurecimiento de las penas para quien mate a un agente. Y en ese marco fueron fustigados los jueces, sobre todo Juan Makintach, quien había dispuesto las salidas transitorias de uno de los autores del asalto en el que murió el custodio personal del canciller Carlos Ruckauf. “Peleen contra los jueces, peleen contra los jueces”, aconsejó el canciller a la gente que lo hostigó ayer pidiendo “mano dura” cuando se retiraba, visiblemente acongojado, del sepelio de su colaborador. Para completar el cuadro, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, propició realizar “allanamientos masivos, no buscar a Fulano o a Mengano, sino allanar una zona”, aunque admitió que esos métodos fueron dejados de lado “por el mal recuerdo de la dictadura”. En el Gran Buenos Aires ya se produjeron algunos operativos (ver aparte).
La única voz disidente fue la del camarista de San Isidro, Fernando Maroto, quien consultado por Página/12 defendió a su par Makintach, a quien consideró “uno de los mejores jueces”. Sobre las salidas laborales otorgadas a Luis Enrique Bonelli, el delincuente que murió en el tiroteo con el custodio de Ruckauf, el principal Adrián Faldutto, recordó que “están previstas en la ley” y que “ningún juez es un verdugo ni puede predecir si una persona va a volver a delinquir”. Sobre la violencia misma, opinó que está generada “por los políticos que creen que la solución pasa por recomendar como salida la mano dura y meter bala, cuando está demostrado que eso sólo sirve para exacerbar más los ánimos”. Su respuesta estuvo dirigida a la política de Ruckauf cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En la causa por el crimen del custodio del ahora canciller, en la madrugada de ayer fueron detenidos dos hombres, padre e hijo, quienes serían los dos que acompañaban a Bonelli durante el intento de robo al bar de la esquina de Salguero y Juncal, frente al edificio donde vive Ruckauf. Un alto jefe policial dijo a la agencia Télam que el autor de la muerte de Faldutto sería el joven de 18 años detenido ayer junto con su padre, César Migliorini, de 43 años. Los procedimientos se realizaron en Munro y en la zona de Zárate, cerca del cementerio local.
Fuentes de la Bonaerense dijeron que el joven fue denunciado por vecinos y la prueba que se tendría en su contra es que “está herido de bala en una pierna”, lo que se presume que le ocurrió a uno de los prófugos del ataque a Faldutto. Una fuente de la Federal sostuvo, sin dar precisión en el dato, que el muchacho señalado ahora como presunto autor del crimen “intervino en el asalto a un supermercado, pero un juez lo dejó en libertad porque era menor y lo entregó al padre”, lo que sumó al cuestionamiento de los jueces. Los dos detenidos están en la comisaría 53 y mañana serían indagados por la jueza María Fontbona de Pombo.
El jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, también salió con los tapones de punta. Sostuvo que los que provocan esta situación de inseguridad son “los abanderados de las diatribas, esas minucias humanas, buscando destruir los pilares básicos de las instituciones”. En sus expresiones, que hicieron recordar a las de la década del setenta, Giacomino le apuntó a los que “traban el trabajo de la fuerza” anulando los edictos o liberando a los delincuentes, es decir legisladores y jueces. De todos modos, el jefe de la Federal dijo que piensa quedarse en el cargo “a luchar, pero siempre y cuando tenga resultados. Estamos todos peleando lo mismo. Está toda la sociedad con nosotros”.
En su programa radial, que sale al aire por Radio Nacional, el presidente Eduardo Duhalde anunció que se había comunicado con algunos legisladores nacionales para pedir que el próximo miércoles, en la sesión especial del Congreso de la Nación, se analice la posibilidad de endurecer las penas para quienes maten a policías. “Hay que agravar las penas paraque no pueda salir nunca más la persona que mata a un servidor público”, dijo en lo que, de concretarse en esos términos, sería acabar con la posibilidad de la libertad condicional, una medida que aparece como muy improbable. Duhalde no dio ninguna otra precisión sobre el proyecto, que sería presentado ese día por la bancada justicialista.
El camarista Fernando Maroto, al cuestionar por “totalmente ineficaz” la política de “mano dura”, también cuestionó la reforma del Código Procesal bonaerense por el gobierno del hoy presidente Duhalde: “Es ineficaz, no sirve para investigar porque los jueces no intervienen y los fiscales carecen de experiencia. Hoy se ha llegado a una total ineficacia del sistema judicial y es eso lo que hay que modificar para que se pueda aplicar la ley, desechando para siempre la mano dura, que sólo incrementa la violencia de los delincuentes que salen a robar y saben que están ante una situación de vida o muerte”.
La caja de resonancia de la polémica fue el Panteón Policial del cementerio de la Chacarita, en el que Ruckauf estuvo presente en el sepelio de su ex colaborador, junto con el gobernador Solá y el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Tanto Ruckauf como Ibarra pasaron un mal momento al ser rodeados por familiares y amigos de la víctima, que les reclamaron más dureza en las leyes. “Ponéte el uniforme, defendé a la policía, ladrón, primero la seguridad, que el FMI no va a traer nada”, les gritó una persona del público.
El canciller, algo sorprendido, llegó a coincidir con lo que le pedían y cuestionó a los jueces: “No protejan más a estos jueces, no protejan más a estos fiscales. Ahora protegen a los asesinos y no a la gente decente”. No obstante, lo siguieron hostigando. “¿A usted le parece que este asesino (por Bonelli) salió en libertad para trabajar la misma mañana? ¿De qué trabajaba? ¿De matar gente?”. La frase fue dirigida a una mujer que lo perseguía y que cejó en su actitud recién cuando el canciller subió a un Peugeot 406 blanco y se alejó velozmente.
A Ibarra le gritaron “dá la cara, corrupto, sinvergüenza, sacá de circulación la ley de convivencia urbana”. El jefe de gobierno optó por seguir la marcha sin hacer ningún comentario. Ayer también fueron sepultados el sargento ayudante Julio Alvarez, de 56 años, y el oficial inspector Carlos Ignacio Gaganian, de 31. Los dos fueron asesinados en un intento de robo ocurrido el viernes en Lomas del Mirador, en una sucursal del Correo Argentino. Para completar el cuadro de violencia, ayer murió un suboficial retirado de la Federal, Daniel Casanovas, durante un asalto del que fue víctima en la localidad bonaerense de Villa Caraza.