El Estado deberá indemnizar a los padres de un joven atropellado por presuntos delincuentes que huían de una persecución policial. Según los jueces, la acción de los policías fue “lícita” pero implicó un “riesgo social” al provocar “la huida a toda velocidad”, y así “lo justo es que sea toda la sociedad” quien pague el resarcimiento, de 190.000 pesos.
Un día de junio de 1996, un patrullero de la comisaría 38ª perseguía a tres hombres en un Fiat Uno robado. En Varela y Bilbao, el Fiat atropelló a Adalberto Blumtin, de 28 años, quien falleció tres días después. Los ocupantes del auto fueron detenidos y condenados en primera instancia.
Los padres de la víctima demandaron al Estado por daños y perjuicios, sosteniendo que la Policía Federal había tenido responsabilidad. El juez Roberto Torti hizo lugar y su fallo fue confirmado por los magistrados Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal, de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Los camaristas admitieron la “licitud” de la persecución, pero estimaron que implicó un “riesgo social” al generar “la huida a toda velocidad de los ladrones y el accidente”. Por lo tanto “lo justo es que sea toda la sociedad” quien afronte el resarcimiento a los familiares. El Estado pagará 40 mil pesos por “daño patrimonial” y 150 mil por “daño moral”.