Con una huelga general a la que adhirieron unos 20 millones de personas y otros dos millones de manifestantes en las principales ciudades de Italia, los italianos rechazaron ayer las medidas de flexilibización laboral que el gobierno de Silvio Berlusconi pretende implementar. “Este es un día extraordinario”, se alegró el líder del primer sindicato, Sergio Cofferati, tras una jornada en que el país funcionó “como si fuera domingo”. Quedó evidenciado entonces el primer gran obstáculo para el gobierno del magnate tras su aplastante triunfo electoral de mayo pasado. A pesar de la amplitud de la protesta, Berlusconi no dio marcha atrás: “La voluntad del gobierno es el diálogo, pero las reformas son necesarias”.
El paro comenzó oficialmente el lunes, con periodistas y tipógrafos de prensa que iniciaron una huelga de 24 horas para asegurar que los periódicos no salieran ayer. Con el correr de las horas, la huelga fue especialmente notoria en las escuelas, universidades, oficinas públicas, fábricas, inclusive en el servicio hospitalario y los medios de comunicación. Además, numerosos vuelos y trayectos fueron cancelados y se detuvieron las cadenas de producción de muchas de las principales compañías italianas. Así se vivió la primera huelga de semejante magnitud en los últimos veinte años, convocada por los tres principales sindicatos del país: el CGIL, el CISL y la UIL. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales aseguraban: “Hay una respuesta masiva a la huelga de todos los trabajadores en general, cerrando un gran número de empresas en todo el país”.
Además, los italianos se concentraron en manifestaciones. Las más importantes fueron en Roma, Milán, Turín, Bolonia y Nápoles, mientras que la más numerosa tuvo lugar en Florencia, con entre 300.000 y 400.000 personas. Así, los ciudadanos expresaron su rechazo al intento del gobierno de Berlusconi de reformar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que obliga a la readmisión de un trabajador despedido de forma improcedente. “Los derechos no se despojan, se amplían”, decía una pancarta en la marcha de Roma al tiempo que los trabajadores gritaban: “Berlusconi: estás despedido!”.
La imagen del país parado y de las calles repletas de manifestantes trajo a la memoria del premier el recuerdo de su fracasado primer gobierno, en 1994, cuando los sindicatos le impidieron una reforma del sistema de pensiones. Entonces, la coalición de gobierno no estaba tan consolidada como ayer, ni disponía de una mayoría parlamentaria tan amplia, con lo que el experimento de Berlusconi duró apenas unos meses. Sin embargo, el actual gobierno es mucho más sólido y cuenta con el apoyo de la pequeña y la gran empresa. Aún así, Berlusconi reaccionó con preocupación, casi con nerviosismo, al desafío de los sindicatos, a los que acusó de haberse lanzado a una “guerra de religión” en defensa del artículo 18, ya que la ley que pretende limitar sus garantías, “no afectará a la mayoría de los trabajadores italianos”.
Berlusconi negó que la disputa por el artículo 18 sea la razón de la huelga general. Su gobierno sospecha que se trata de una maniobra política por “el poder de veto de los sindicatos”, como explica Renato Brunetta, profesor de Economía del Trabajo y uno de los autores del programa económico de Forza Italia, el partido fundado por Berlusconi. Si esto es cierto, lo es también el razonamiento inverso. Es decir, también para el gobierno la defensa a ultranza de la reforma propuesta constituye un desafío político a los sindicatos, “el desafío de gobernar el país”, dice Brunetta.
En la pulseada establecida entre ambos poderes han quedado atrapados dos confederaciones sindicales moderadas y de menor envergadura, CSIL y UIL, pero también la centroizquierda y buena parte del empresariado italiano. Los grandes grupos industriales, Fiat, Telecom o Pirelli, ven con horror “la ruptura de la paz social”, y esperan que el gobierno sea capaz de llevar a la mesa negociadora al menos a alguno de los sindicatos moderados. Pero el desafío lanzado por Cofferati, que ha declarado suintención “de forzar al gobierno a modificar parte de su política económica y social” ha sido acogido de forma entusiasta por millones de italianos, y ha obligado a CSIL y a UIL a secundar la línea dura de “el Chino”.
En la batalla interna por la hegemonía sindical ha vencido claramente Cofferati, como ha vencido a los líderes de la izquierda italiana, obligados a seguirlo en todas y cada una de sus iniciativas de lucha contra la política de Berlusconi. Los votantes de izquierda, que se sentían huérfanos de líder, lo han encontrado, pero, lamentablemente para ellos, la estrella política del líder de la CGIL será fugaz ya que, como él mismo ha confesado, no piensa lanzarse a la arena política cuando concluya su mandato al frente de la confederación sindical, en junio próximo.
Lo verdaderamente difícil tanto para los sindicatos como para el Gobierno viene ahora, después de contar los millones de trabajadores que han secundado la huelga. Porque los sindicatos tendrán que responder coherentemente a la fuerte apuesta que han hecho, lo que implica mantener la negativa al diálogo si no se retira la modificación parcial del artículo 18. Los sindicatos abandonaron la mesa negociadora poco después del asesinato del asesor del Ministerio de Trabajo, Marco Biagi, el 19 de marzo pasado. La intención del Ejecutivo, tras la huelga general es convocar a todas las partes a la mesa negociadora pero la pulseada se mantiene en torno al artículo 18. El riesgo de enfrentamiento social existe, y si se produjera, el equilibrio interno del gobierno se resentiría inmediatamente. Mientras tanto, ayer Cofferati celebraba el masivo apoyo de los trabajadores: “El gobierno y los empresarios se darán cuenta de que no nos detendremos hasta que alcancemos nuestros objetivos”, concluyó.