Llega con los laureles de ser la primera mujer que alcanza el cargo como procuradora general de la Suprema Corte bonaerense. Apenas lleva un mes desde su designación, pero ya inició sus proyectos para “agilizar y mejorar las investigaciones, y lograr que la justicia llegue donde la gente la necesita”. Amplió a doble turno los horarios de recepción de causas e investigaciones en los tribunales; impulsa un proyecto para que las defensorías públicas sean asistidas por abogados privados; decidió la informatización y descentralización de las fiscalías; está convencida de que las investigaciones deben ser conducidas por los fiscales y un equipo de expertos civiles y no por la policía. Es duhaldista a rajatabla. Llegó con la etiqueta de haber promovido la reforma al Código Procesal Penal bonaerense, que colocó a los fiscales a la cabeza de las investigaciones, desatando las críticas de buena parte de los jueces. Pero públicamente, a María del Carmen Falbo –de ella se trata–, se la conoce por las críticas que hizo Blumberg por su designación. “No voy a entrar en ninguna polémica con Blumberg ni con nadie”, dijo a Página/12.
“Creo que el problema principal es de gerenciamiento de los recursos humanos y materiales”, empieza diciendo Falbo con términos de modernidad.
Como ejemplo de la dispersión de esfuerzos y desajustes básicos, la procuradora cita un dato que no debería pasar desapercibido por lo gráfico y lo absurdo: “Hay que llevar una verdadera agenda para los juicios orales, coordinada entre el fiscal, el defensor y los jueces, para evitar desperdicios de tiempo”.
–¿A qué se refiere, a una agenda de las fechas de cada juicio?
–Sí. Hay algunos que la llevan y otros que no. Entonces, de pronto se fija una audiencia que no se puede llevar a cabo porque el fiscal está acusando en otro juicio oral. También está decidida la plena informatización en red del Ministerio Público de la provincia. Firmamos un convenio con la Nación para crear un registro nacional único de detenidos. Para poder cumplir con ese convenio hay que informatizar todo, tanto las fiscalías como las defensorías.
–¿Con qué presupuesto cuenta para crear la red?
–Ya tenemos el crédito acordado, es de alrededor de cuatro millones de pesos para la instalación de la red, de las computadoras, de los servidores y de los programas. Conectados hacia fuera y hacia dentro. No es para tener los datos del detenido solamente, sino para entrecruzar datos con otros programas para descubrir bandas mediante la coincidencia de datos.
La reforma
En el ‘98 se puso en marcha la reforma procesal. Por entonces, Falbo era secretaria de Justicia, cuando León Arslanian era el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. En aquel momento, la reforma de la Bonaerense tenía su gemela imprescindible en la reforma procesal, por la que, a grandes rasgos, la instrucción pasaba a manos de los fiscales mientras que los jueces pasaban a ocupar el lugar de garantes de los derechos y del debido proceso (por eso, jueces de Garantía). Ambas reformas desataron un sinnúmero de críticas y ambas quedaron truncas por falta de decisión política. Hoy, no es un dato menor que Arslanian sea el ministro de Seguridad y Falbo la procuradora.
–Usted, como secretaria de Justicia, impulsó y trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Los cambios...
–Algunos de esos cambios tendrían que haberse hecho hace mucho tiempo -dice Falbo, como adivinando el objetivo de la pregunta.
–¿...se refiere a que no se completó la cantidad necesaria de fiscales?
–Fue por falta de recursos. En estos momentos estamos conversando con Economía para hacer un plan progresivo. En tres años alcanzar el número necesario de quienes estén al frente de las fiscalías. Además, hay un proyecto del Ejecutivo para descentralizarlas, inclusive con defensorías que acompañen a esas fiscalías. Por eso, también es necesaria la informatización. En red, si bien hay una inversión, después se economizan recursos. Un móvil en lugar de estar haciendo de correo podría estar patrullando las calles.
–¿Qué cantidad de fiscales faltan?
–No, todavía no tengo ese número. Estamos haciendo un replanteo. Lo que sí vamos a tener es el número más o menos aproximado para reforzar las plantas de las fiscalías existentes. Las nuevas ya vienen con un número básico. Además, hay que determinar en qué lugar se las ubica. Se va a tener en cuenta el mapa del delito, la población y la distancia.
–Otra de las deudas de la reforma es la Policía Judicial. Hasta ahora sólo existe la Policía en Función Judicial.
–Sí. Son las famosas DDI. Pero no son lo que contempla la reforma, que habla de la Policía Judicial y que son investigadores civiles. La Policía Judicial es la pata fundamental que falta, porque yo puedo llenar de recursos materiales a las fiscalías, pero si no tengo brazos que investiguen de acuerdo a la línea que dice el fiscal, que den las órdenes a la policía para saber lo que hay que hacer, entonces estoy delegando facultades de la fiscalía a la policía. El fiscal no debe delegar la investigación en la policía. La policía es un complemento, hay tareas que son de la policía pero hay otras que son del Ministerio Público. La idea nuestra es una Policía Judicial en cada departamento judicial, y que dentro de esa Policía Judicial haya un grupo de Policía Científica. En lugar de delegar, hay que judicializar todo lo posible. Y que la policía se dedique a muchas tareas que no puede cumplir porque se pierde en otras cosas.
–Que no se pusiera en marcha la Policía Judicial civil fue clave para frenar la reforma.
–Se dijo que no había recursos suficientes.
–Y hoy, ¿hay recursos suficientes?
–Mire, si no hay, van a tener que estar. Por supuesto, nada es para mañana.
–¿Depende de usted que se ponga en marcha?
–Sí.
–¿Tiene el proyecto de hacer defensorías mixtas porque las públicas están colapsadas?
–No es colapso, creo que hay una recarga de trabajo. Estamos evaluando con el Colegio de Abogados la manera de instalar la defensa mixta penal, un grupo de defensores oficiales y un grupo de abogados privados, porque el 80 a 82 por ciento de los procesados recurre a defensores oficiales y el caudal es cada vez mayor.
–¿No existen intereses enfrentados entre la función pública y la privada?
–No, existe en muchísimos países, por supuesto tiene que funcionar bajo la responsabilidad del Estado, con un seguimiento del defensor oficial general y también del Colegio de Abogados.
–¿Tiene en mente algún objetivo respecto de la tarea de las fiscalías en las cárceles?
–¿Se refiere a denuncias por torturas?
–Torturas, corrupción...
–Voy a tratar de que todos los temas de tortura, de corrupción, tengan una atención muy acabada. Yo creo que los fiscales están imbuidos de esto, si alguno no lo hiciera tendríamos que aplicar el mecanismo normal, que es la sanción o lo que fuera.
–Lo pregunto porque las cárceles parecen un mundo al que los fiscales no pueden penetrar.
–Creo que no se puede generalizar. Hay que investigar. Si hay dificultades habrá que buscar los mecanismos para poder hacerlo.
–Algunos de sus proyectos parecen respuestas a los reclamos de Blumberg.
–Ah no, esa pregunta no se la contesto. Para mí no tiene nada que ver. Acá yo cumplo un papel institucional. Blumberg es un ciudadano más, que tiene derecho a opinar lo que quiera, pero yo no entro en ninguna polémica, ni con Blumberg, ni con nadie. Trabajo de acuerdo a mi posición y a mis planteos.