Por Rosa Townsend
Desde Miami

Ayer comenzó en Estados Unidos el mayor juicio contra la industria del tabaco. A diferencia de las anteriores demandas –entabladas por individuos o por estados norteamericanos–, ésta es una acusación del gobierno federal a las tabacaleras por “confabularse para defraudar a la población ocultando los dañinos y adictivos efectos” de su producto, durante más de medio siglo. Washington solicita una restitución de 280.000 millones de dólares, cantidad que supera el valor conjunto de las empresas y, por tanto, podría arruinarlas.
El gobierno de Estados Unidos se ha servido del mismo instrumento legal con el que procesó a la mafia para poner a las tabacaleras en el banquillo, la ley conocida como RICO (Racketeer-Influenced & Corrupt Organizations Act). Y al igual que en los juicios a las familias de la mafia, el argumento central se basa en una reunión en la que los jefes de las compañías acordaron una “fraudulenta y engañosa estrategia” del negocio de cara al futuro.
La supuesta conspiración ocurrió en el hotel Plaza de Nueva York en 1953. De ese encuentro salieron las glamorosas campañas publicitarias que extendieron la moda de fumar a la población femenina y a los jóvenes. Este último sector era clave para el negocio del tabaco; el propósito, según los alegatos, era crear una generación de adictos que asegurara el futuro. El gobierno federal sostiene que desde entonces todas las ganancias las han obtenido de forma fraudulenta. Piden por ello la suma de 280.000 millones en concepto de restitución, y no de indemnización, como es el caso de otras demandas de individuos o colectivos, que siguen pendientes de resolución en los tribunales americanos.
El Departamento de Justicia ha ido acumulando pruebas desde hace cinco años, en parte derivadas del pleito que les ganaron a las tabacaleras más de medio millón de fumadores enfermos del estado de Florida hace dos años, y que aún está en proceso de apelaciones. El voluminoso caso judicial que hoy se inicia ha generado ya 120 millones de documentos y unas 650 órdenes judiciales.
Fuentes de la defensa señalan que una de las pruebas principales será la manipulación de los niveles de nicotina y de sus efectos sobre la salud. Las tabacaleras negaron durante años el poder adictivo de la nicotina, a sabiendas de que lo era, e incluso promovieron los cigarrillos light como un sucedáneo menos dañino, igualmente a sabiendas de que era tan peligroso como el tabaco normal.
Y siguen negando responsabilidades. En esta ocasión niegan haberse confabulado, tal y como mantiene el gobierno federal, y en cambio acusan al gobierno de distorsionar la historia para llevarlas a la bancarrota. Como defensa, aducen que en los últimos años han corregido los errores del pasado y han cumplido las órdenes impuestas por el juicio que perdieron en 1998 con 46 estados, como parte del cual se comprometieron a ser “más transparentes” y a pagar 250.000 millones de dólares a plazos, a lo largo de 25 años.
William Ohlemeyer, abogado principal de Philip Morris, afirmaba esta semana, en una rueda de prensa, que desde el acuerdo extrajudicial al que llegaron con los estados han sido tan estrechamente vigilados que hubiera resultado imposible cometer fraude. Ohlemeyer subrayó además que el haber dicho en el pasado que el “fumar no causa enfermedades” lo único que implica es que “pudimos haber estado equivocados, lo cual no es prueba de que cometiéramos fraude”.
Las tabacaleras acusadas son: Philip Morris USA y su empresa matriz Altria Group, R.J. Reynolds Tobacco Company, Brown & Williamson Tobacco Corporation, Lorillard Tobacco Company, British American Tobacco, y el grupo Liggett.
El gobierno federal presentó originalmente la demanda en 1999, pero la jueza del caso, Gladys Kessler, desestimó la parte en la que solicitaban compensación por los gastos sanitarios derivados del tabaquismo (argumento con el que sí habían tenido éxito los 46 estados que van a recobrar 250.000 millones). La demanda prosiguió sólo con la parte referida a la restitución de las ganancias supuestamente fraudulentas.
La industria esperaba que la administración de George W. Bush iba a ser más benevolente e incluso llegó a alardear de que retiraría la acusación. Se equivocó. El Departamento de Justicia ha destinado 135 millones de dólares a investigar el caso. En total, se presentarán unos 300 testigos de las dos partes. Cada una tendrá tres meses para argüir sus casos. El caso, ya complejo de por sí, se complica aún más por una apelación paralela de la que dependerá la resolución. El recurso presentado por las tabacaleras solicita la anulación de la restitución de los 280.000 millones. Si fallan a su favor, el juicio que acaba de comenzar se suspendería y los pleitos cruzados se dirimirían en el Tribunal Supremo.