La Cámara de Diputados avanza en el tratamiento de un proyecto de ley de protección integral de la infancia que es contrario a la Convención Internacional de los Derechos del Niño porque mantiene la posibilidad de que los jueces intervengan en causas “asistenciales”, es decir, cuando un chico sufre carencias materiales o sus padres no se pueden hacer cargo de él. Además, prevé que puedan privarlo de la libertad en un instituto, aun cuando el menor no haya cometido un delito. El texto, impulsado por la diputada justicialista Hilda “Chiche” Duhalde, ya tiene dictamen de mayoría de la Comisión de Familia y podría tratarse mañana en el recinto, aunque fue objetado por casi medio centenar de organizaciones de derechos humanos y de defensa de la infancia, entre ellas Unicef, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y la Sociedad Argentina de Pediatría.
“Para hoy está convocado en Diputados un plenario de las comisiones de Familia, Justicia, Legislación General y Presupuesto y Hacienda para aprobar el texto que pretenden llevar al recinto”, confirmó ayer a Página/12 la diputada Laura Mussa (ARI), ferviente opositora al proyecto de Chiche Duhalde.
“Nosotros señalamos que el proyecto no logra una verdadera protección integral de los derechos de los niños. Además, no asegura que los chicos y adolescentes con carencias materiales no sean separados de sus padres por orden de un juez. Se debe reservar la intervención judicial para causas penales, porque si no se va a terminar reproduciendo el sistema actual”, señaló el director de Unicef Argentina, Jorge Rivera, en diálogo con este diario. Rivera expresó las objeciones de Unicef en la Comisión de Familia, al igual que una serie de reconocidas entidades de defensa de los derechos humanos y de la infancia, como la Fundación Sur Argentina, que preside Emilio García Méndez, consultor de organismos internacionales en la materia, y el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, encabezado por Estela de Carlotto. “El dictamen de mayoría propone, con un discurso y lenguaje propios de la Convención, aquello que la Convención rechaza”, sintetizó García Méndez.
Otro de los cuestionamientos es que no establece la descentralización de políticas hacia la infancia en las provincias y los municipios y mantiene la vieja estructura centralizada que hoy está bajo la égida del Consejo Nacional de Niñez y Familia, que preside Beatriz Orlowsky, esposa de Eduardo Amadeo, quien hoy ocupa un lugar en el Mercosur junto a Eduardo Duhalde. El Consejo tiene pedido para 2005 un presupuesto de casi 120 millones de pesos.
Se estima que sólo en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 8000 menores de 18 años privados de su libertad. De ese total, el 82 por ciento están encerrados en institutos por motivos “asistenciales”, mientras que el 18 por ciento restante lo está por causas penales. “Cada uno de estos chicos institucionalizados sin tener conflictos con la ley le cuesta al Estado alrededor de 600 pesos. Si ese dinero fuera transferido a sus familias tendrían un mejor destino. Los chicos no pueden estar privados de su libertad por causas asistenciales. En estos casos deben funcionar políticas públicas de los municipios y las provincias y esto no está previsto en el proyecto de Chiche Duhalde”, explicó Mussa.
La aprobación de una ley integral de protección de la infancia es una vieja asignatura pendiente del Congreso. La actual legislación, conocida como Ley de Patronato, tiene casi un siglo de antigüedad y es violatoria de la Convención de Derechos del Niño porque, entre otros aspectos, “judicializa” e “institucionaliza” a los chicos pobres y víctimas de delitos.
Mientras Chiche Duhalde pretende apurar el tratamiento de su proyecto, pese a los numerosos cuestionamientos de las ONG, en el Senado están en discusión –aunque todavía sin un dictamen de mayoría– algunas iniciativas que sí cuentan con el visto bueno de entidades especializadas en derechos de la niñez, como las que motorizan el radical Norberto Massoni, Vilma Ibarra (Frente Grande) y Marita Perceval (PJ).