No cualquier ley; ni siquiera la Constitución: el contrato social, la base misma de todo vínculo comunitario entre los hombres está resquebrajada en la Argentina, según el diagnóstico formulado por el “Proyecto Mariano Moreno para la Formulación de un Nuevo Contrato Social”, que se lanzó ayer en la Facultad de Derecho. El proyecto –cuyo sentido y orientación son compatibles con los del Plan Fénix, de un equipo de economistas– fue presentado por Atilio Alterini, decano de esa casa, con la presencia del rector de la UBA. Sus primeras definiciones, sustentadas en la teoría de un “liberalismo igualitario”, apoyan medidas como las retenciones a las exportaciones del agro –en pro de una redistribución igualitaria–, solicitan la revisión de la legitimidad de la deuda externa y sostienen –en pro de la libertad de los individuos– el derecho al consumo personal de drogas y al ejercicio de la prostitución.
“Mariano Moreno” se llama el proyecto, “como homenaje al abogado prócer que tradujo y prologó El contrato social de Jean-Jacques Rousseau e ilustró así el pensamiento de la Revolución de Mayo”. Atilio Alterini, decano de la Facultad de Derecho de la UBA y director del proyecto, advirtió que “la Argentina padece una grave distorsión del contrato social”, y distinguió entre “la Constitución Nacional, que consagra los derechos sociales y humanos, y la que podría llamarse Constitución real, bajo la cual la mitad de la sociedad argentina está excluida y toda la sociedad está minada por el descreimiento, mientras algunos sectores sacan ventajas de ello”.
Entre los principales factores que desvirtuarían el contrato social, Alterini señaló “el peso de la deuda externa imposible de asumir”, y destacó que el Consejo Interuniversitario ha adherido al documento del Plan Fénix, nacido en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que condiciona el pago de la deuda a la preservación del desarrollo social. El decano de Derecho insistió también en la propuesta de “llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la discusión de la legitimidad de cada dólar de la deuda externa”.
La reparación del contrato social exigiría también “buscar criterios para que no se repitan injusticias como las que beneficiaron a determinados sectores en oportunidad de la pesificación”, observó Alterini, quien defendió también, en nombre de ese acuerdo social básico, “mecanismos redistributivos como las retenciones agropecuarias”.
Eduardo Barbarosch, profesor de filosofía del derecho en la UBA, sostuvo la vigencia de un “liberalismo igualitario”, opuesto al neoliberalismo. Desde esta perspectiva sostuvo que “la seguridad jurídica de los ciudadanos está siendo vulnerada por el miedo” y puso como ejemplo “las restricciones a las excarcelaciones, impulsadas por Juan Carlos Blumberg, que propician la detención de personas sin condena”.
También por el camino del liberalismo igualitario, Roberto Gargarella, profesor de derecho constitucional en la UBA, manifestó el “rechazo a las visiones que penalizan a personas por el modo de vida que hayan adoptado”, refiriéndose, por ejemplo, “al consumo de estupefacientes y a la prostitución”.
A la presentación asistió el rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim Etcheverry. Los organizadores se proponen coordinar esfuerzos con el Plan Fénix y ampliar su convocatoria “a todos los sectores de la sociedad”.