Por Concepción Monserrat
Desde Zaragoza

El valle del río Bergantes prometía más que Mar del Plata. Luis Fernández cruzó hace año y medio un océano con la esperanza garantizada por escrito: trabajo, vivienda y educación para sus dos hijos a cambio de mudarse con ellos y su esposa, Liliana Lemonci, durante cinco años a Aguaviva, un pequeño pueblo de la comarca turolense del Bajo Aragón amenazado de muerte por la despoblación. Ahora Fernández está de nuevo desocupado, hace meses se trasladó a la vecina Calanda y el próximo 13 de mayo tendrá que enfrentarse a un juicio por incumplimiento de contrato en el que el Ayuntamiento de Aguaviva le reclama los 2520 euros (1800 dólares) que adelantó para costear el pasaje desde Argentina.
La sangría de la emigración había dejado a Aguaviva con 640 habitantes cuando en los años 30 llegó a tener 1800. Así que el alcalde, Luis Bricio, del PP, pensó que en el propio problema estaba la solución y se lanzó a captar emigrantes españoles en Argentina.
Viajó a Buenos Aires, lanzó una campaña y miles de familias afectadas por la grave crisis económica se interesaron por la oferta. Se seleccionaron ocho, que conservaban la nacionalidad española. Llegaron en septiembre de 2000 y detrás de ellos, ya sin ese contrato, chilenos, uruguayos, rumanos... Así hasta 23 familias que, según Bricio, han elevado la población de ese pueblo agrícola hasta los 720 vecinos.
Año y medio después, el alcalde reconoce que tiene problemas con seis de esas ocho familias y ya ha demandado a dos, la de Luis Fernández y la de Javier Molina. Una novena se fue sin llegar a firmar el compromiso. Salvador Bermo, que sigue en Aguaviva con sus ocho hijos, también muestra su malestar. Bricio explica apesadumbrado que ha pagado el pato de “montar una experiencia pionera que ha dado mal resultado con los primeros argentinos que llegaron”.
Según Fernández, el alcalde “no cumplió”. “Tengo papeles que lo demuestran. Vino a buscarnos, nos prometió una vivienda digna, y no se cumplió; en el trabajo no había seguridad y además me ha difamado y ha dicho sobre mí cosas terribles. ¿Qué van a pensar de mí en otros pueblos?”, se duele. Lo contrataron como conductor en una gravera, pero asegura que al camión le fallaban los frenos. “El alcalde no se preocupó de informarse de qué tenía que hacer para que yo convalidase el permiso de conducir. Yo no tengo los euros que cuesta eso y no puedo trabajar de camionero”, prosigue.
“Había cosas imposibles. Ahora lo sé. Con el problema que hay de vivienda en España, nos prometió un adosado, nos enseñó los planos, que pagaríamos con el mismo dinero que nos cobraban por el alquiler de la casa, 133 dólares. ¡Eso es imposible!”
“No es que no les diésemos vivienda digna –replica el alcalde– es que hay que conservarlas. En los pueblos no hay calefacción central, vivieron en una casa en la que yo estuve 13 años. Salieron goteras, como en tantas casas, pero sólo eso.”
Pese al mal resultado que su plan ha dado hasta el momento con estos hispanoargentinos el regidor defiende el programa al que están acogidos 90 pueblos de España que luchan contra la despoblación. “El programa es bueno, tenemos 23 familias [inmigrantes] en el pueblo; se han amoldado, la escuela ha duplicado el número de alumnos: hemos pasado de 40 a más de 80 niños”, dice. Fernández coincide con él en que “el programa es fabuloso”. “No queremos perjudicarlo porque puede ayudar a las dos partes, pero hay que cumplir lo pactado.” Justamente lo que opina el alcalde: “Les logré la ayuda al retornado, con eso podían pagar la deuda. ¡Si sólo les pedimos que aguanten los cinco años estipulados en el contrato y que luego se marchen! Pero si se van antes...”. Bricio replica a su vez que también los aguavivanos se sienten engañados porque su dinero se invirtió en “quienes no han respondido”. Los vecinos tienen otros reproches: que los recién llegados tienen facilidades que no se les dan a otros, que se les han pagado facturas del dentista... Incluso se quejan de que compran coches.
“Yo ya vi algo raro –afirma Fernández– por eso no quise hablar nunca cuando saltó la campaña internacional de prensa sobre el proyecto. Tengo razón. Ahora ya no hay que llamar a nadie, los otros inmigrantes llegan por sí solos. Pero si no tienen condiciones no se van a quedar, se irán como hacen muchos vecinos de los pueblos.”
Eso es irrefutable. La emigración en Aragón, y en Teruel en particular, es sangrante y todo tiene la misma causa: buscar un futuro mejor que la mayoría ubica en las ciudades. Pero Luis Bricio no retrocede: “La idea es buena, les dimos facilidades, no han cumplido y deben pagar lo que deben”.
Fernández reconoce que se equivocó. Ahora él y su familia cobran el seguro de desempleo, viven en una casa que deberán dejar y a pesar de todo cree que fue una buena idea regresar a España. “Pero el alcalde nos utilizó, publicitó su programa y logró lo que quería”.
El alcalde lamenta lo ocurrido, pero él no reconoce ningún error. “Siempre hay un riesgo en el origen, y ahora sólo les reclamo que devuelvan lo que deben”. Será difícil. Son insolventes y no pueden pagar ni un abogado. El que tienen es de oficio.

El País, especial para Página/12.