¿Cómo es posible prevenir el uso de armas por parte de los jóvenes? Esta es la pregunta que por estas horas recorre las escuelas del país. Especialistas en educación consultados por Página/12 coinciden en que los directivos y docentes no deben tener una actitud “inquisidora” hacia los jóvenes o apartar del sistema educativo al alumno que porte un arma. En este sentido, el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, sostuvo ayer que “es imposible” prevenir estos hechos con la colocación de detectores de metales en las escuelas (ver aparte). También coincidió el gobernador bonaerense, Felipe Solá, y rechazó además que la forma de evitar estos episodios sea “instalar controles policiales en las escuelas”.
“No creo que tenga que haber grupos policiales en los colegios ni detector de armas en sus puertas. Si descubrimos personalidades que pueden estar sufriendo alguna frustración, hay que ir sobre ella rápidamente desde el punto de vista psicológico y darles asistencia”, enfatizó Solá.
Desde Mendoza, el ex viceministro de Seguridad de esa provincia, Gabriel Conte, consideró que “la escuela debe ser capaz de detectar, afrontar y resolver estos problemas. Para eso no se debe excluir al chico del sistema educativo porque, si se hace eso, probablemente se estaría fabricando un delincuente. En cambio, cada colegio debe generar un marco de convivencia con los alumnos”. Conte lleva adelante desde la organización Espacios el programa “Argentina sin armas”. En el país existen 2.200.000 armas registradas y se estima que hay 900.000 más que no figuran en las actas del Registro Nacional de Armas, detalló Conte. Algunas estimaciones señalan, incluso, que una de cada tres familias en el país tienen un arma en su casa.
En Mendoza, si se detecta un arma de fuego en una escuela, se debe separar al chico del aula –sin excluirlo del sistema educativo– para que reciba temporalmente clases en su domicilio, además de asistencia psicopedagógica, y de trabajadores sociales para su familia. Una vez finalizado el tratamiento psicológico, el joven vuelve a la escuela. Conte manifestó en este sentido que a partir de esta normativa “ha bajado el ingreso de chicos con armas a las escuelas. Es que hay una norma clara respecto de este tema”. Mientras que en 2000 se detectaron 12 casos en esa provincia, este año se registró sólo uno. “Con la implementación del programa, disminuyó en un 24 por ciento la cantidad de gente que registra armas en Mendoza y aumentó al 84 por ciento el número de personas que está en contra de su uso”, destacó Conte.
Héctor Basile, ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil, advirtió que “sería terrible colocar detectores de metales, porque si se hiciese significaría que los chicos no pueden ingresar con armas a la escuela, pero sí podrían matarse en la esquina”. En Estados Unidos se instalaron detectores de metales en las escuelas después de la tragedia de Columbine, donde dos estudiantes mataron a 12 compañeros y un profesor del establecimiento. Sin embargo, esta tragedia no se hubiese evitado con un detector: el primer asesinato tuvo lugar a metros de distancia del edificio escolar.
La intención de colocar este tipo de controles en los colegios no es nueva en Argentina. En 1998, el entonces ministro de Educación de Chubut, Norberto Massoni, propuso instalarlos en los accesos a las escuelas, tras conocerse casos de chicos armados en escuelas de Rawson.
“Lo que reduce la violencia en la escuela es darle la palabra al joven, que se lo escuche”, sostuvo Ana María Suárez Orozco, directora de la escuela 71 de la localidad bonaerense de Llavallol, que fue precursora en la aplicación de un programa –repetido en una decena de colegios de la zona– que busca disminuir la violencia con la realización de debates: “Mediante la técnica del foro público confrontamos dos posturas antagónicas. Se lleva un tema al aula, se busca bibliografía al respecto, se habla y luego se alcanza una conclusión. Esto da lugar a la reflexión y atiende los síntomas que expresan los chicos”, señaló Suárez Orozco. “Tenemos que hacer prevención a nivel de la familia. Y los docentes también necesitan apoyo para refundar la base de la convivencia social”, sostuvo Basile. El defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Gustavo Lesbegueris reveló que en esa dependencia se reciben “muchas denuncias sobre violencia escolar”. Pero para atender estos casos, el funcionario –que además es docente– resaltó que “no se puede tener una mirada inquisidora hacia los jóvenes”, sino que debe haber “una abordaje interdisciplinario que ayude a la prevención de estas situaciones”.

Informe: Maricel Seeger.