En Neuquén, los derechos de los chicos están en peligro. El gobernador Jorge Sobisch impulsa una reforma legislativa que cristaliza una política represiva hacia los menores en sintonía con los reclamos de Juan Carlos Blumberg. Entre otras medidas, habilita su detención “cuando sean perseguidos por el clamor público” y autoriza a encerrarlos en clínicas, con atención psiquiátrica, solo a partir de la indicación de un “equipo interdisciplinario” y por el tiempo que estos profesionales lo determinen. Unicef, organizaciones de derechos humanos y de la niñez, agrupaciones de docentes y entidades sociales y políticas de la provincia rechazan el proyecto. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un dictamen que lo cuestiona duramente. No obstante, el oficialista Movimiento Popular Neuquino –con mayoría propia en la Legislatura– prevé aprobarlo dentro de pocos días.
A partir de hoy, la Secretaría de Derechos Humanos, junto a Unicef y el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que preside Estela de Carlotto, se reunirán en la capital neuquina para intentar abrir un canal de diálogo con el gobierno de Sobisch y los legisladores que permita frenar la reforma legislativa.
El proyecto oficial modifica casi por completo la ley 2302 de Protección de la Niñez y Adolescencia, una legislación considerada de avanzada en el país por su adecuación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), que fue sancionada por unanimidad a fines de 1999, con el aval, incluso, del MPN, y que apunta a fortalecer las políticas públicas hacia la infancia. La propuesta introduce cambios a 73 de los 109 artículos de la 2302.
El oficialismo provincial anunció que lo tratará en la Legislatura antes del 31 de octubre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias.
Paradójicamente, esta norma que el gobierno neuquino quiere derogar es la que se ha tomado como modelo en la redacción del proyecto de protección integral de la infancia que por estos días debate el Senado nacional y que cuenta con el apoyo de numerosas ONG que trabajan por los derechos de los chicos y al que en la última semana le dio su respaldo el presidente Néstor Kirchner.
“La propuesta del MPN implica un grave retroceso en el cumplimiento de los derechos de los chicos”, advirtió, en diálogo con Página/12, Gimol Pinto, consultora de Unicef. En el mismo sentido se expidió la Secretaría de Derechos Humanos, en un dictamen firmado por su jefe de Gabinete, Rodolfo Mattarolo.
La reforma tiene, además, un trasfondo económico: la norma que se pretende derogar obliga al Ejecutivo provincial a implementar una serie de programas sociales para la niñez que nunca se pusieron en marcha. “Al mismo tiempo, el proyecto oficial prevé la creación de clínicas y centros de encierro de menores que hoy no existen en Neuquén y cuya construcción debería llevarse adelante. Serán muchos millones de pesos... ”, alertó Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Uno de los aspectos más destacados de la ley 2302 es que eliminó el poder de los jueces de menores para decidir la internación en institutos de los chicos con problemas asistenciales o víctimas de delitos. En cambio, impuso que esos casos sean atendidos por el Poder Ejecutivo a través de sus dependencias de acción social: así se dejó de judicializar a los chicos pobres o a aquellos cuyos derechos son vulnerados. Para los adolescentes que cometen delitos, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, dispuso un sistema de garantías procesales penales y un régimen especial, por el cual se puede recurrir a la privación de su libertad sólo en los casos más graves, como último recurso, y por un plazo no superior a los 30 días. “Como alternativa, la ley estableció un programa de libertad asistida, con distintas posibilidades, como la orden de volver a la escuela, realizar un tratamiento o el compromiso de la familia de contenerlo. En todos los casos, con el seguimiento de operadores”, describió a este diario Edith Galarza, defensora adjunta de los Derechos de Niños y Adolescentes de Neuquén, una figura creada por esa misma ley. Hoy, en la provincia no existen institutos de menores.
El gobierno de Sobisch pretende, precisamente, borrar de un plumazo estos cambios, con la excusa del aumento de los delitos a manos de menores. “Estos chicos no resisten un tratamiento ambulatorio. Por eso proponemos una detención asimilable a un tratamiento”, explicó a este diario Fernando Ghisini, apoderado legal del Ministerio de Seguridad y Trabajo, donde se redactó la iniciativa. Para fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Manuel Gschwind, llegó a afirmar que el gobierno tenía un sondeo en el que el 80 por ciento de la población aprobaba la reforma. Después aclaró, en diálogo con el diario Río Negro, que ese dato surgía, en realidad, de una percepción personal.
Los puntos más cuestionados de la reforma son los siguientes:
- Habilita la aprehensión de niños y adolescentes, en diversas situaciones, por ejemplo, “cuando sean perseguidos por el clamor público”, “ante presunción vehemente de participar en un delito”, “o cuando tuviere objetos o rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en actividad delictiva”.
- Autoriza la privación de la libertad de chicos por indicación de un equipo interdisciplinario integrado por diez profesionales, miembros del Poder Judicial y de los ministerios de Acción Social, Educación, Salud y Seguridad. Este equipo determinará el tiempo de encierro.
- Psiquiatriza la problemática infantil al establecer la creación de Clínicas de Alta Contención, para alojar a los menores.
- Suprime la obligación del Ejecutivo de implementar programas alternativos a la institucionalización.
- Devuelve a los juzgados de menores la competencia para intervenir en todas las circunstancias en que existan menores víctimas de delitos.
- Impone penalizaciones a los padres de adolescentes infractores de la ley penal.
“Tratándose de adultos, ningún equipo interdisciplinario puede decidir una privación de libertad. Debe ser un juez, luego de comprobarse mediante el debido proceso legal que esa persona ha cometido un delito, y que ese delito supone la aplicación de una pena de prisión, previa y legalmente establecida. Ninguna de las garantías judiciales mínimas reconocidas a los adultos se reconoce a los niños, niñas y adolescentes de Neuquén en la reforma a la ley 2302”, sentenció Mattarolo en el dictamen que envió al presidente de la Legislatura unicameral de Neuquén. “De concretarse estas reformas, se produciría un grave retroceso en el sistema de protección de los derechos del niño, se estaría volviendo al sistema tutelar y cristalizando una política represiva hacia los sectores más vulnerables de la sociedad”, agregó el funcionario nacional.
El proyecto fue presentado en la Legislatura en agosto por el ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro. Página/12 intentó entrevistarlo en numerosas ocasiones, pero el funcionario fue inhallable. Alrededor de veinte organizaciones sociales de la provincia han conformado un “Foro en Defensa de la Ley 2302”. Entre otras, lo integran la Sociedad Argentina de Pediatría, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la APDH, la Pastoral Social del Obispado de Neuquén, y la Universidad Nacional del Comahue. Junto con gremios docentes y agrupaciones de alumnos secundarios, ya han realizado dos marchas multitudinarias, con la presencia de centenares de chicos, en contra de la reforma. El reclamo, hasta ahora, ha sido en vano.