Los pobladores de San Francisco, ubicada a 200 kilómetros de la capital cordobesa, el lunes pasado tomaron las calles, apedrearon la sede judicial, arrojaron bombas incendiarias a su interior y quemaron uno de los automóviles estacionados en el lugar. Minutos antes, la Justicia había absuelto a una mujer acusada de participar en el crimen de su hija. El juicio fue transmitido en directo por los medios locales y mantuvo en vilo a 60 mil pobladores que ya tenían un veredicto anticipado: culpable. Ese mismo pueblo, hace más de un año, había marchado por las calles apoyando el reclamo de la madre y el padrastro de la niña, que reclamaban por su aparición. Dos meses más tarde, nadie pudo creer cuando el padrastro confesó ante la Justicia que había matado a Viky, tras violarla, y que la había enterrado en un descampado cercano. Allí la encontraron sin vida, desnuda y su cuerpo carcomido por la cal que le habían rociado encima. Tan destruido que fue necesaria una prueba de ADN para corroborar su identidad. Ambos quedaron detenidos. El hombre, luego de confesar, se ahorcó en su celda.
El intendente local, Hugo Madonna, llamó a la calma a la población y dijo que la gente estaba “muy sensibilizada” por el tema. El funcionario afirmó que la situación en la ciudad, luego de la pueblada, “ahora es de total tranquilidad” (aunque durante la noche se realizó una marcha). Madonna recordó que cuando se conoció la desaparición de la niña, hace 2 años, todo el pueblo ya se había movilizado “pacíficamente” para buscarla, hasta que la encontraron enterrada en un descampado.
Según la policía local, los pobladores intentaron ingresar al recinto, aparentemente para linchar a los jueces y a la propia acusada. Incluso, un centenar de policías de la capital cordobesa debió ser enviado a San Francisco para controlar a los manifestantes. Como consecuencia de los disturbios, trece personas resultaron heridas, tres de ellas policías, y se registraron dos detenciones, informó el jefe de la departamental de San Francisco, comisario Edgardo Oggas.
Marcela Juncos, cuya salida de prisión ocasionó el violento rechazo de los pobladores de San Francisco, aseguró al salir de la sede judicial que no asesinó a su hija de 13 años, como suponen muchos de sus vecinos, y consideró que, ahora que está en libertad, no se quedará a vivir en esa localidad. “Soy inocente, siempre dije que soy inocente, no maté a mi hija, amo a mis hijas más que a mi vida”, relató la mujer. El tribunal desestimó el pedido de condena de 16 años y medio de prisión, solicitado por el fiscal de Cámara, Víctor Pezzano, y absolvió a la mujer al otorgarle el beneficio de la duda por considerar que no existían pruebas suficientes en su contra.
La mujer aseguró que no sabe cómo continuará su vida ahora y espera que la jueza de Menores que tiene a cargo a su otra hija le conceda la tenencia de ella. Durante la noche una multitud realizó un escrache ante la casa de la jueza para evitar que devuelva a la chiquita. Por su parte, el abogado de Juncos, Walter Guzmán, ponderó el desempeño de la Justicia que la dejó en libertad. “Eso es lo que yo había solicitado, o sea, yo creo que el Tribunal ha sido objetivo, no ha encontrado ningún elemento de prueba que incrimine a mi defendida”, indicó el letrado.
Sin embargo, según aseguró Pezzano a Página/12, había suficientes pruebas para incriminar a Juncos. “Ella tuvo participación no necesaria, colaboró en el enterramiento del cadáver e hizo una enorme cantidad de maniobras para encubrir el crimen, cuando debió dar la información precisa del hecho”, reseñó el fiscal.
Pezzano elaboró su requisitoria tras tomar declaración a 80 testigos y se basó en la declaración del propio padrastro de la víctima, José Cortez. Según la reconstrucción que elaboró el fiscal, María Victoria Juncos de 13 años discutió la tarde del 18 de enero de 2003 con su madre y su padrastro en el patio de su casa. La chica acusó a Cortez de abusar sexualmente de ella en reiteradas ocasiones y se enojó con su madre. La mujer le dio una violenta cachetada y la chica cayó al suelo, su cabeza golpeó contra una caja de herramientas y quedó inconsciente.
La madre, según el fiscal, entró a la casa en busca de algún elemento que reanimara a la pequeña, pero cuando regresó al patio, Cortez estaba golpeando con una pala de punta el cuerpo de la niña que yacía en el suelo. Luego, Pezzano sostuvo que Cortez la ahorcó, la desnudó, ató sus manos y sus pies y la cargó a un carrito que enganchó detrás de una motocicleta. Se despidió de su mujer y recorrió 8 kilómetros hasta llegar a un descampado. Allí cavó un pozo, quizá con la misma pala que utilizó para matarla, donde arrojó el cuerpo sin vida de la niña. Antes de taparla con tierra, arrojó sobre el cadáver una buena cantidad de cal que haría más difícil identificar el cuerpo.
Ese mismo día, el matrimonio realizó la denuncia ante la policía y con pancartas que decían “Ayúndennos a encontrar a Viky”, salieron a recorrer las calles acompañados por una multitud de pobladores que se conmovió con la desaparición de la niña.
Pero los investigadores dudaron y al poco tiempo la pareja empezó a contradecirse. Así, el 14 de marzo de 2003, el fiscal ordenó la detención de Juncos y de Cortez, quien se quebró y contó todo. Pero Juncos negó toda participación en el hecho. La madrugada del 14 de marzo, mientras la policía desenterraba el cuerpo de la niña, Cortez se suicidaba en la celda de la comisaría donde había quedado detenido.
Luego se conoció que Cortez había cumplido una condena de 9 años de prisión por haber violado a dos mujeres y que, según los vecinos, era un pervertido sexual. De Juncos se conoció que es una mujer violenta. Juncos, ahora libre, pedirá a una juez de Menores la tenencia de la pequeña hija que tuvo con Cortez, que en el momento del crimen de Viky tenía siete meses.

Informe: Silvia Marchant.