El abogado Pablo García, secuestrado junto a otras cuatro personas el lunes en Capital Federal y llevado a la villa La Tranquila de San Martín, terminó cumpliendo con la obligación de declarar ante la Justicia. Lo hizo en la fiscalía de Jorge Sica, quien ordenó el operativo que culminó con la liberación de los secuestrados y la detención de uno de los secuestradores. García no podía negarse a declarar ni a decir la verdad, so pena de ser imputado por falso testimonio. De todas maneras, no aportó gran cosa a la investigación, ya que Sica cuenta con las pistas que parten del detenido. El caso del secuestro de García y otras cuatro víctimas forma parte de la tendencia más reciente en secuestros: bandas no especializadas, con escasa logística y poco conocimiento del rubro.
García estaba el martes furioso: “Voy a declarar ante la Justicia que no recuerdo absolutamente nada, si bien recuerdo absolutamente todo. Creo que si los jueces no tienen cojones para terminar con todo esto no pueden pretender que un particular, como soy yo, juegue de Superman. Si me preguntan cuántos son los secuestradores, yo puedo decir cinco, pero era toda la villa, porque todos conocían la situación”, exageró el letrado.
“Estoy libre por decisión de los delincuentes, no por un operativo policial”, dijo un día después, aunque se trata de una verdad relativa. Sica ordenó cortar el pago, es decir detener a los dos secuestradores que fueron a cobrar el rescate. En esa instancia, se produjo un tiroteo en el cual uno de los secuestradores resultó herido y el otro logró huir. En ese momento la banda actuó como suelen actuar las bandas de secuestradores: dejan libres a sus víctimas porque prefieren huir y planear otro secuestro a corto plazo. De manera que la liberación de García se produjo como un efecto del operativo de la Bonaerense.
El letrado terminó concurriendo a la fiscalía a declarar. Sica, de todos modos, ya tenía precisiones. Del detenido y del lugar en el que tenían a los secuestrados, Villa La Tranquila, cerca del cementerio de San Martín, sacó los datos que necesita para determinar quiénes son los otros integrantes de la banda. Ahora todo está orientado a encontrarlos. De todas maneras, el falso testimonio acarrea una pena de entre un mes y cuatro años.
El caso de San Martín exhibe algunas de las aristas que se ven en la última oleada de secuestros:
u No se trata de grandes bandas con antecedentes en robos de blindados o asalto a bancos, sino de ladrones a mano armada que se han pasado al delito de moda que es el secuestro. Creen que es más fácil y más rentable que asaltar a alguien o robar un negocio. Suponen que una buena parte de las víctimas está dispuesta a pagar, de inmediato, cifras que van de los dos mil a los diez mil pesos, mucho más de lo que conseguirían en un robo. La incursión en secuestros de gente muy joven e inexperta refleja los coletazos de la crisis socio-económica.
u En los últimos días hubo cuatro casos en que el secuestro se hizo en la Capital Federal y lo protagonizan bandas de escaso nivel que provienen del Gran Buenos Aires. Además del múltiple secuestro que terminó en San Martín, estuvo el miércoles el de la Costanera que terminó en Avellaneda y Banfield (ver aparte), el del basquetbolista Bruno Oprandi y, hace una semana, la joven Roxana Yevara, secuestrada en Once y llevada a Escobar. Esta seguidilla puede tener que ver con dos factores. El primero es que las bandas son poco sofisticadas, en algunos casos de menores. El segundo factor es que parecen haberles perdido el respeto a los controles que solían estar en la General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo.
La táctica de cortar el pago del rescate o de mantener una ofensiva sobre los secuestradores, planteada por el presidente Néstor Kirchner y respaldada por el gobernador Felipe Solá y el ministro León Arslanian,tiende a dar resultados, por cuanto se consiguió la liberación de los secuestrados y algunas detenciones de secuestradores. En algunos casos, los fiscales no han permitido que se actúe de esa manera y se inclinan por una estrategia más cautelosa: permitir el pago y después tratar de detener a la banda. En cualquiera de las variantes, las cosas pueden fallar –como ocurrió con Blumberg–, y el resultado podría ser una muerte. Allí es cuando más se necesitará el apoyo político. Hoy en día, todo es más riesgoso en la medida en que hay mayor cantidad de bandas de improvisados.