Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Más de cien policías de Córdoba presentarán el martes un recurso de amparo para no realizarse el examen de ADN que exigió el gobernador De la Sota, obsesionado con el escurridizo fantasma del violador serial. Los policías sostienen que es violatorio a la ley provincial, que sólo un juez puede solicitarlo, y que es una medida individual, aplicable a personas sobre quien pesen elementos probatorios de que puedan haber cometido un delito. Alejandro Zeverín, profesor de Metodología de Investigación Criminal en la Escuela de Policía de la Provincia y Master en Criminología de la Universidad de Barcelona, dijo a Página/12 que la decisión del gobierno es “una barbaridad” y que el examen sería una prueba nula, tomada sin contralor de parte.
Aunque en la investigación que lleva adelante la Justicia no existen elementos que indiquen que el violador serial pueda ser un policía, el gobernador De la Sota obligó a todos los efectivos a realizarse un estudio de ADN, con la amenaza de que aquel que se negara sería expulsado de la fuerza.
Esta decisión, polémica, mediática si se quiere, causó un profundo malestar entre los agentes policiales y profundizó la psicosis y la paranoia colectiva que se vive en la ciudad. “El Ejecutivo está violando la ley provincial 8953, que prohíbe en el ámbito oficial y privado la realización, utilización, consulta y difusión de estudios genéticos de las personas”, sostuvo Hugo Luna, abogado de los policías y quien el martes presentará ante la Justicia más de cien recursos de amparo de policías que se niegan a hacerse el examen de ADN que el gobierno exige a la totalidad de la fuerza, unos 13 mil agentes contando los del Servicio Penitenciario. “Es una medida de no innovar, con el fin de detener los exámenes compulsivos que el gobernador y su ministro de Seguridad pretenden que hagan los agentes policiales –sostuvo Luna–. Nadie puede ser obligado a realizarse el estudio, porque es competencia de un juez pedirlo, y para casos particulares, no masivos.” Además, el letrado señaló que “un magistrado puede solicitar el estudio genético a una persona cuando existen pruebas de que pudo haber cometido un delito, si no tampoco lo puede hacer”.
Por su parte, Zeverín advirtió que si el violador es un policía el examen de ADN sería una prueba tomada sin contralor de parte. “Desde el punto de vista jurídico no sería más que un informe y no tendría carácter de pericia. El violador podría pedir la nulidad y negarse a una nueva extracción, porque son hechos irrepetibles.”
Para el especialista en criminología, el gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer en este tipo de hechos, que en Córdoba es del 80 por ciento de cifra negativa, es decir, que hay un altísimo porcentaje de violaciones que no se denuncian. “No es el Ejecutivo ni la policía quienes tienen que comandar la investigación, sino el Ministerio Público, es decir los fiscales y la policía judicial. Hasta el momento, la policía y el ministro de Seguridad, que de seguridad no sabe absolutamente nada, no han hecho otra cosa que entorpecer la tarea de la Justicia”.
Para Zeverín, “es la primera vez que el cazador le avisa a su presa lo que va a hacer. En lugar de llenar de policías con uniforme una de las zonas donde el violador actuó con frecuencia, habría que trabajar con los vecinos, los serenos y con mujeres policía vestidas de civil, para no llamar la atención y que este psicópata caiga en la trampa”. Además, resaltó que nadie sabe todavía si el violador es una persona o son varios, aunque los estudios de semen confirman que 20 de las 36 mujeres fueron violadas por una misma persona. Rubén Simoneta, genetista, opinó que la creación de un banco genético debe realizarse bajo estrictas medidas de seguridad. “Si las cosas se hacen bajo la normativa ya aprobada por la comunidad científica mundial, si se respeta el anonimato, el banco genético puede ofrecer resultados positivos y no existen razones para tener miedo.”