Como un gol sobre la hora que sella el triunfo del equipo chico frente a Boca o River, de visitante. Así se festejó la sentencia que condenó a reclusión perpetua al subinspector de la Policía Federal Gastón Somohano, por el delito de “tortura seguida de muerte” contra el joven Ezequiel Demonty, obligado a arrojarse a las aguas del Riachuelo en septiembre de 2002. Otros dos policías, el inspector Gabriel Barrionuevo y el cabo primero Alfredo Fornasari, recibieron una pena levemente menor: prisión perpetua. De tanta alegría, los familiares de Demonty aceptaron con quejas moderadas que los otros seis acusados, todos policías, recibieran condenas de entre tres y cinco años de prisión, aunque también para ellos habían pedido la máxima pena que contempla el Código Penal. El presidente del Tribunal Oral 8, Rodolfo Madariaga, hizo desalojar parcialmente la tribuna que celebró con gritos la derrota de Somohano, pero después no pudo acallar los cánticos que siguieron hasta la calle, por los pasillos internos del Palacio de Tribunales. “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, fue el mensaje de retirada. Después, en plaza Lavalle, hubo encontronazos entre familiares de la víctima y de los victimarios.
“No vamos a apelar la sentencia, aunque no estamos del todo conformes por las penas menores que recibieron seis de los policías; apelar sería reaccionar como si esto hubiera sido una derrota, cuando en realidad fue un triunfo porque conseguimos que se impusiera la carátula que nosotros pedíamos: ‘tortura seguida de muerte’.” José Luis Vera, el abogado de la familia Demonty, estaba eufórico porque se había logrado remontar una figura menor que igual hubiera merecido la perpetua, la de “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte”. En diálogo con Página/12, Vera sostuvo que al establecer una gradualidad en la pena, el fallo “es importante porque rompe el pensamiento corporativo, porque acá se tuvo en cuenta que hubo algunos policías que denunciaron a sus jefes”.
Aunque hay que esperar para la difusión de los argumentos de la sentencia, es obvio que los jueces establecieron diferencias entre el accionar de Somohano y Barrionuevo, los máximos responsables en la toma de decisiones que hizo que Ezequiel Demonty, junto con dos amigos, fueran llevados en la madrugada del 14 de septiembre de 2002 hasta la orilla del Riachuelo, donde los obligaron a tirarse al agua. Ezequiel murió ahogado y su cuerpo fue hallado días después.
La tercera condena a perpetua recayó sobre Fornasari, de muy activa participación en el trágico desenlace, según surgió del juicio que había comenzado el 2 de septiembre pasado. Somohano, al ser condenado a reclusión perpetua, tiene que cumplir 25 años de cárcel, mientras que Barrionuevo y Fornasari tienen una pena máxima efectiva de veinte años. Los policías que recibieron penas menores son los suboficiales Luis Funes y Luis Gutiérrez, condenados a cinco años de cárcel, lo que indica que podrían salir en libertad condicional dentro de seis meses.
Lo mismo ocurrió con los suboficiales Sandro Granados, Maximiliano Pata y José Martínez y con el agente Luis Solís, que recibieron tres años de prisión. Los cuatro están en condiciones de ser liberados en forma inmediata, porque ya cumplieron las dos terceras partes de la pena y están en situación de recibir la condicional. A los seis policías, el tribunal los encontró culpables de los delitos de “omisión de evitar torturas y privación ilegal de la libertad”. Los nueve acusados fueron inhabilitados en forma perpetua para ejercer como funcionario público y portar armas. Todos pertenecían a la dotación de la comisaría 34ª.
El abogado Vera insistió en la importancia del fallo porque “la figura elegida fija un precedente judicial muy importante que podría volver a aplicarse; también sirve para enviar un mensaje muy fuerte a las fuerzas de seguridad, porque este tipo de hechos son más frecuentes de lo que imaginamos”. El juicio oral se realizó en la sala principal de la plantabaja del Palacio de Tribunales, la misma en la que se hizo, en 1985, el juicio contra los ex comandantes de la dictadura militar.
Ayer, el recinto presentaba un lleno total, con un público claramente diferenciado: a la derecha del tribunal se ubicaron los familiares de la víctima, representantes de los organismos de derechos humanos, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. A la izquierda de los jueces se instalaron los familiares, amigos y compañeros de armas de los acusados, incluyendo al padre del subinspector Somohano, el ex jefe de la Policía Bonaerense Osvaldo Somohano, quien tuvo algunos altercados verbales con los familiares de otras víctimas del gatillo fácil policial.
Al mediodía, en su alegato final ante los jueces, el subinspector Somohano consideró que ya había sido condenado públicamente por “la prensa amarilla enemiga de la policía” y hasta dijo lamentarse porque “en democracia, donde debe estar garantizado el estado de derecho, nos declaró culpables la opinión pública mucho antes de este juicio”. Somohano aseguró que tiene “la conciencia muy tranquila”. “No soy ningún torturador ni asesino”, aseguró en el cierre de su intervención.
También hizo su descargo el suboficial Funes, quien en la etapa de instrucción fue el primero en admitir que ellos habían llevado a Demonty y sus amigos hasta el Riachuelo. El policía dijo acompañar “en el dolor” a la madre de Ezequiel y dijo estar “en paz” consigo mismo. Luego de la sentencia, ya en la plaza Lavalle, hubo corridas, insultos y algunos golpes entre familiares de la víctima y de los victimarios.