Tras seis años de idas y vueltas en la Justicia, la Cámara Civil de la ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno porteño que pague unos 300.000 pesos a los familiares de un joven de 18 años que en 1998 murió ahogado, tras ser literalmente succionado por una boca de tormenta en el cruce de la avenida Libertador y Austria en medio de un feroz temporal. La Justicia determinó que el desagüe no tenía la tapa correspondiente “para que las personas puedan transitar sin peligro”. “De haberse efectuado las obras necesarias se colige que el accidente no habría ocurrido”, concluyó un informe de la causa.
La sala E de la Cámara Civil ratificó el fallo en primera instancia de la jueza María Eugenia Giraudy, dictado el 26 de abril de 2004. Ahora, el Gobierno de la ciudad deberá pagar 222.700 pesos más intereses –lo que eleva la suma a unos 300.000 pesos– por la muerte de César Di Spalatro. El joven desapareció en la madrugada del 13 de diciembre de 1998. Eran las 5.30 cuando volvía de bailar junto a un grupo de amigos en un auto Ford Sierra. Se había desatado una intensa tormenta que inundó las calles, al punto que la esquina donde ocurrió el hecho tenía un metro y medio de agua. Debido a un desperfecto en el auto como producto del temporal, César se bajó del auto junto con un amigo, para tratar de empujarlo. Pero una vez fuera, el agua comenzó a arrastrarlos con una fuerza brutal hacia una boca de tormenta que no tenía su tapa colocada. Su amigo se tomó del paragolpes trasero del vehículo y se salvó, pero César fue “chupado” por el desagüe.
El cuerpo sin vida de Di Spalatro apareció dos días después, flotando en el Río de la Plata, a 80 metros de la desembocadura de un desagüe pluvial, a la altura de la avenida Salguero. La familia realizó primero una denuncia penal, pero la Justicia determinó que el episodio no había constituido un homicidio culposo. El juicio siguió luego por la vía civil, aunque demoró cerca de seis años en ser resuelto. “Es que hubo pericias psiquiátricas realizadas a los padres y a la hermana; duraron dos años porque el hospital donde había que hacerlas dio un turno para un año más tarde”, explicó a Página/12 el abogado de la familia, José María Subizar.
Los jueces Juan Carlos Dupuis, Osvaldo Mirás y Mario Calatayud, de la sala E de la Cámara Civil, consideraron que “pesa sobre el Gobierno de la Ciudad el deber de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar sin peligro, pues el Estado no puede desentenderse de la salud, salubridad y seguridad de sus habitantes”. La Cámara no modificó el monto del fallo en primera instancia, pero sí la tasa de interés, ya que la redujo del 10 al 6 por ciento. De todas formas, Subizar sostuvo que “la vida de una persona vale mucho más que lo que determinó la justicia”. “La familia quedó muy afectada después esta tragedia. Incluso, las pericias psiquiátricas determinaron que la madre tuvo como consecuencia un 100 por ciento de discapacidad con un período de curación de dos años”, añadió.
La procuradora porteña, Alejandra Tadei, manifestó que “no se apelará la medida” y aunque consideró que la defensa realizada por la entonces administración de Fernando de la Rúa “es buena porque se redujo la cifra reclamada” de 1.970.000 pesos a 300.000, reconoció que “tiene frases poco felices”. “La pericia que determinó que la tapa del desagüe no era la correcta fue fundamental porque una lluvia torrencial es un hecho fortuito, pero eso no quiere decir que los elementos que están en la calle no tengan que prever este tipo de episodios”, señaló. La tapa del episodio no contaba con la traba de seguridad que impide que se salga.
Los jueces rechazaron la defensa del gobierno porteño, que adujo que la lluvia torrencial caída en la ciudad el día del fallecimiento de Di Spalatro constituyó un caso inédito, por lo que no le es imputable responsabilidad alguna en el hecho. Incluso, el Gobierno de la Ciudad había culpado a los vecinos de sacar la basura los sábados. “Se produce una obstrucción en los sumideros y los desagües no funcionan”, había lanzado el entonces vicejefe de gobierno, Enrique Olivera.

Informe: Maricel Seeger.