Dicen que segundas partes nunca son buenas. La apertura del segundo juicio por el caso de Villa Ramallo ayer estuvo destinado a la extensa y tediosa lectura de la acusación, de la elevación a juicio, de tecnicismos y demás. Para colmo, cuatro de los ocho policías sentados en el banquillo se negaron a declarar. Son los cuatro que enfrentan condenas más leves ya sea porque sus disparos no provocaron la muerte o porque no se pudo determinar su trayectoria. Pero hoy, todo lo que tuvo de tedioso la audiencia inicial puede borrarse de un plumazo: tendrán su oportunidad de declarar los restantes cuatro del banquillo: el comisario Rubén Isaías, responsable del escandaloso agujero negro de la recolección de pruebas; y los tres policías cuyos disparos, según los peritos, impactaron en los ocupantes del fatídico Polo. Se trata de Carlos Aravena, Ramón Leiva y Oscar Parodi. De los cuatro, las palabras de Parodi son las que generan más expectativas: no sólo porque es el único que no asume haber disparado; también, porque fue amenazado a través de su familia. “En el juicio, mejor que no hable”, le dijeron. Si es cierto, algo sabrá.
La causa 1080, que investigó las responsabilidades directas de la masacre, es la que se dilucida en esta segunda edición. Tiene, al menos, cuatro niveles de acusados: el suboficial Oscar Parodi, del Comando Patrullas de San Nicolás, y el sargento Ramón Leiva, del GEO ZárateCampana, enfrentan las mayores penas porque los peritos de Gendarmería sostienen que sus proyectiles dieron muerte al gerente del Banco Nación, Carlos Chaves, y al contador Carlos Santillán, respectivamente. Por debajo de ellos, el cabo primero Carlos Aravena, también del GEO, enfrenta la tentativa de homicidio, porque un disparo suyo impactó en Santillán sin provocarle la muerte. Luego, siguen los cuatro policías que ayer se negaron a declarar: dos de ellos son los cabos primeros Martín Héctor San Miguel y Sergio Guillermo Susperregui, del Grupo Halcón, que dispararon sus fusiles HK 5.56 desde la terraza de una vivienda ubicada en la esquina de Sarmiento y San Martín, en diagonal al banco. Los otros dos son el cabo primero Ramón Darío Sánchez y el sargento Sergio Daniel Garea, ambos del ex GEO ZárateCampana, que dispararon desde un garage en desnivel sobre Sarmiento, al paso del Polo de Carlos Chaves.
El último nivel vendría a estar ocupado por Isaías, el de mayor jerarquía, acusado de la horrorosa y suspicaz recolección de pruebas posterior a la masacre, que enfrenta un delito de menor relevancia como es el de incumplimiento de funciones. De los ocho, sólo Parodi e Isaías podrían estar en condiciones de profundizar el caso hacia niveles superiores y de decisión política.
Isaías, porque estuvo a cargo de la desastrosa recolección de pruebas. Podría revelar si existieron órdenes para ocultar pruebas, aunque en el hipotético caso de que así fuera, difícilmente hablaría porque enfrenta una condena leve y excarcelable. De Parodi, en cambio, hay otras presunciones. Curiosamente, es el único perteneciente al mismo polémico Comando de Patrullas de San Nicolás, al que pertenecía el ex cabo primero Aldo Cabral, condenado a 17 años por integrar la banda. Estaba ubicado a escasos metros de la puerta del banco, a la derecha, o sea, en el sentido contrario al que salió el Polo. Por qué el auto salió hacia la izquierda, la única salida posible (hacia la derecha la calle estaba vallada) y por qué Parodi estaba a la derecha, es motivo de suspicacias.
El fusil de Parodi es el primero que disparó esa noche. No disparó hacia las ruedas como lo hicieron los halcones que lo rodeaban, según demuestra la trayectoria en las imágenes digitalizadas sino que impactó en la nuca de Santillán. Recién segundos después es que desde el auto responden, desatando el fusilamiento.
¿Por qué el fusil y no Parodi? Según revelaron a Página/12 fuentes de la investigación, apenas fue detenido (en abril de 2000), Parodi declaró que no había disparado su arma. Después, tuvo un curioso, heroico y hastaaltruista cambio y se autoincriminó. Se comprobó que el fusil estaba a su cargo. Lo que no se pudo demostrar es que lo portaran sus hombros. Es más, las mismas fuentes confiaron que los hombros tampoco eran de él sino de un superior. Según las imágenes digitalizadas por el equipo de elite de la Prefectura Naval que colaboró con el juez Carlos Villafuerte Ruzo, los hombros y el perfil que portan el fusil corresponderían, borrosamente, a un hombre muy parecido al comisario Martínez, jefe del comando patrullas. Tan borrosamente que no llegan a comprometer penalmente a Martínez. Martínez reconoció haber estado esa noche en el sitio al banco, pero negó haber portado un fusil. La falta de evidencias lo dejó fuera. Parodi no sólo terminó cargando el fusil sino todo el peso de sus consecuencias. Y no queda demasiado claro que esté dispuesto a aceptarlo. Enfrenta una perpetua. En noviembre pasado denunció que lo habían amenazado para que no hablara.