Por Ana María Suppa *

La Legislatura porteña, al reformar el Código de Contravenciones, resolvió de manera perversa el problema de la prostitución. Abrió la puerta a su reglamentación y al establecimiento de zonas rojas. Ambas posibilidades manifiestan una cultura androcéntrica y machista, que mantiene entre los dos sexos una disparidad de poder que es la verdadera fuente de la prostitución.
Alquilar el cuerpo de otra persona es lo que transforma a quienes ejercen la prostitución en objetos sexuales. Y no importa que se trate de mujeres, de travestis que nacieron hombres, o de varones: la prostitución sigue siendo un problema de género. Consumen los que tienen dinero y gastarlo en sexo es uno de los privilegios del varón.
Transformados en objetos, en ausencia de condiciones socioeconómicas que les permitan elegir otras formas de ganarse el sustento, las trabajadoras y los trabajadores sexuales pierden dignidad. Además, ahora son forzados por las nuevas medidas a considerarse a sí mismos fuera de la ley, en el mismo rango furtivo que los ladrones o los infractores de cualquier tipo. Pero no se puede y no se debe culpar a un ser humano, bajo la coerción de las circunstancias y las diferencias de género, por buscar su subsistencia.
Nada de esto borra el problema social que sí existe. A menudo, quienes ejercen la prostitución carecen de la educación necesaria para la convivencia y como propaganda de sus servicios pueden adoptar actitudes agresivas, hostiles o perturbadoras para la tranquilidad del resto de los ciudadanos. Para paliar el problema hubiéramos debido recordar que el bien jurídico protegido es el uso correcto de la vía pública, al que está ligada la tranquilidad del vecino. No hubiéramos debido reprimir la actividad en sí misma sino el escándalo, siempre que éste se produjera de modo objetivo, a la vez que protegíamos a los y las trabajadoras sexuales de las exacciones de la policía.
Donde hay zonas rojas se agravan la marginación y la estigmatización, y proliferan la droga, los crímenes, la corrupción de funcionarios y uniformados, la violencia y la explotación, mientras las enfermedades de transmisión sexual crecen al abrigo de la falsa seguridad que da a los clientes una libreta sanitaria incapaz de detectar el virus del sida en período de ventana. En esa dirección nos están llevando.

* Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires