En Nogoyá, a 110 kilómetros de Paraná, en Entre Ríos, los padres de dos chicos acusados de cometer delitos en forma reiterada fueron condenados a diez días de prisión por descuidar la educación y el control sobre sus hijos. La extraña modalidad de sanción no es producto de la ocurrencia de un juez sino de una experiencia piloto en esa ciudad entrerriana, ante el incremento de delitos provocados por adolescentes: aplicando la Ley de Patronato de Menores, de 1919, propone sancionar con arresto a los padres de los chicos acusados de robo, como una forma de que los padres “recuperen la autoridad sobre sus hijos”, según explicó el defensor general de Entre Ríos, Arsenio Mendoza. Desde el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), el plan fue considerado “inconstitucional”, porque vulnera los derechos del niño.
Según Mendoza, jefe de los defensores oficiales de Entre Ríos, en Nogoyá, donde viven 40 mil habitantes, el programa tiene éxito, el delito bajó y los vínculos familiares mejoraron. “Hay que tener en cuenta la realidad del pueblo para entender esto. Allí no hay institutos de menores, tampoco hay profesionales para contener a los chicos y no hay jueces de menores”, explicó el funcionario.
La experiencia piloto no recibió las mismas alabanzas por parte de especialistas en los derechos del niño. “Es un disparate. No se puede culpar a los padres. Me parece un error jurídico grave de los jueces provinciales. Tendrían que analizar qué se puede hacer desde el gobierno local, darles contención a los chicos, apoyo, saber si van a la escuela, qué tipo de delitos cometen y por qué lo hicieron. Si se trata de un tema relacionado con la pobreza o con qué está vinculado. Con estas decisiones se penaliza a los chicos y también a los padres”, enfatizó la directora ejecutiva del Comité, Nora Schulman.
¿En qué consiste el programa que se aplica en Nogoyá? Cualquier chico, cuya edad oscila entre 10 y 16 años que comete en reiteradas ocasiones un delito es citado por el juez de instrucción local a una audiencia de la que participa toda la familia del niño. Allí, el juez anoticia y advierte al niño sobre su situación: si no cumple con una penitencia por un determinado período o vuelve a delinquir, su padre irá preso. Luego deja al grupo familiar a solas, para que reflexione sobre el hecho.
En general se trata de delitos menores, pequeños hurtos, cuya reiteración es constatada por la policía local, contó Mendoza. En la audiencia, los padres firman un acta donde prometen que su hijo cumplirá la penitencia. No ir a bailar o no jugar al fútbol son, entre otras, las medidas que deberá cumplir el chico durante un mes o quince días. Si no se cumple la medida o el chico comete nuevamente un delito, el padre irá a parar al calabozo.
La sanción se extenderá, como máximo, a 30 días y se cumplirá en la comisaría local. En ese lapso, el padre puede salir a trabajar. Pero no puede ir a su casa. Y si su familia lo quiere ver tiene que visitarlo en el destacamento policial. “La pena es una sanción a la negligencia y el descuido de los padres en la educación de sus hijos”, resaltó Mendoza. Además del mes encerrado por un delito que cometió su hijo, el padre podrá ser sancionado con una multa de hasta 10 mil pesos, aunque aún no se aplicaron sanciones de este tipo.
“La sanción persigue recuperar la armonía familiar –insistió Mendoza–. Recuerdo que uno de los primeros padres que cumplió la condena volvió al juzgado y le dijo al juez que en un principio había maldecido a su hijo. Pero después le dio las gracias porque el arresto le devolvió la autoridad de padre que no tenía.”
La veracidad de los resultados del plan es discutida. “La Convención (Internacional de los Derechos del Niño) dice que el Estado tiene que dar a los niños un tratamiento y una recuperación adecuados. La Ley de Patronato de Menores fue reemplazada por la Convención, cuando fue incorporada en la Constitución Nacional en la reforma de 1994, dado que setrata de un tratado internacional que está por encima de las leyes nacionales”, advirtió Schulman.
De 200 chicos a los que se les aplicó la nueva normativa, en Nogoyá, ocho no cumplieron con la penitencia o volvieron a delinquir. Y sus padres tuvieron que pasar varias noches en la seccional. Ayer, el destacamento policial de Nogoyá recibió a los padres de dos niños que no cumplieron con su penitencia. Según fuentes del juzgado la intención es que los padres “tomen conciencia de la responsabilidad que les cabe por los actos de sus hijos menores de edad y que los chicos perciban que existen consecuencias por sus actos ilícitos y que esas consecuencias las noten en el seno de sus propias familias”.

Informe: Silvia Marchant.